Las empleadas, en su mayoría mujeres con salarios mínimos, acumulan meses sin cobrar mientras el Consistorio sigue pagando a la empresa adjudicataria
Más de 40 trabajadoras del servicio de limpieza de edificios públicos municipales de Alcantarilla llevan meses sin percibir sus nóminas, pese a continuar desempeñando sus funciones con normalidad en colegios, bibliotecas y centros municipales. La situación afecta a la plantilla de TSI Levante S.L., empresa adjudicataria del contrato público, y ha sido calificada como “insostenible y de absoluta desprotección laboral” por parte de responsables políticos que exigen responsabilidades al Ayuntamiento.
Según denuncian, muchas de estas empleadas —en su mayoría mujeres con contratos precarios y cargas familiares— se encuentran en una situación límite, con impagos de alquiler, recargos bancarios y dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros o medicamentos.
El contrato con TSI Levante fue adjudicado en marzo de 2022 por un importe de más de un millón de euros, y, según consta en el expediente, se encuentra formalmente vencido desde marzo de 2024. La nueva licitación (Exp. 18584/2024) está aún en fase de evaluación y sin fecha prevista para su entrada en vigor.
Mientras tanto, la empresa ha dejado de atender aspectos esenciales del servicio: no hay interlocutores operativos, no se gestionan bajas médicas ni vacaciones, y las trabajadoras afirman no saber a quién dirigirse. A pesar de ello, el Ayuntamiento continúa pagando con fondos públicos a una empresa que —según la denuncia— no cumple ni sus obligaciones legales ni éticas.
Desde la oposición, se ha exigido la activación inmediata de medidas sancionadoras contra la empresa, así como la rescisión del contrato por incumplimiento grave. También se ha planteado que el Ayuntamiento habilite asesoramiento jurídico municipal gratuito para que las trabajadoras puedan presentar reclamaciones individuales o colectivas, y que se estudie una modificación presupuestaria extraordinaria que permita garantizar el abono inmediato de los salarios si la empresa no responde.
Entre las propuestas trasladadas también figura la inclusión, en el futuro contrato de adjudicación, de cláusulas sociales vinculantes que impidan contratar a empresas que vulneren los derechos laborales más elementales.
La concejala independiente que ha dado la voz de alarma sobre esta situación ha señalado que no se puede seguir tolerando el “blanqueamiento institucional” de una empresa que deja en la estacada a decenas de trabajadoras. “El Ayuntamiento es responsable por acción o por omisión”, ha advertido, subrayando que la administración no puede seguir mirando hacia otro lado mientras quienes limpian los colegios y edificios públicos sobreviven sin cobrar y sin respuesta.
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