El Consejo Jurídico tumba la propuesta municipal y reconoce una indemnización de 10.000 euros por daño moral tras dos décadas de inacción institucional
El Ayuntamiento de Murcia ha sido señalado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia por haber mantenido durante más de 20 años una situación de absoluta inactividad administrativa, tras no ejecutar una resolución firme de 2004 que ordenaba la retirada de un vallado ilegal que bloqueaba el acceso de un vecino a su finca en la zona de Barriomar.
En el Dictamen 150/2025, al que ha tenido acceso LasNoticiasRM.es, el órgano consultivo autonómico contradice frontalmente la propuesta del Ayuntamiento, que pretendía rechazar la reclamación de responsabilidad patrimonial del afectado, y reconoce que este sufrió un daño moral indemnizable de 10.000 euros como consecuencia directa de la negligencia municipal.
El caso es paradigmático: durante dos décadas, el propietario de una parcela cultivada de limoneros no pudo acceder a su terreno ni a la vivienda que se encontraba en su interior debido a la instalación de un cerramiento ilegal por parte de un tercero, a pesar de que el Ayuntamiento había dictado un decreto de restitución de la legalidad en 2004. Nunca se ejecutó.
Una cadena de omisiones que culminó con la revocación del decreto… por caducidad
Según relata el propio dictamen, tanto el reclamante como su madre —propietaria en ese momento— remitieron al menos una veintena de escritos entre 2005 y 2020 solicitando la ejecución forzosa del decreto, sin obtener respuesta efectiva. En 2017, el Ayuntamiento acordó finalmente iniciar la ejecución subsidiaria, pero tampoco la llevó a cabo. En 2022, casi dos décadas después del primer decreto, el Consistorio acabó revocando la resolución original por haber caducado, lo que dejó al afectado sin finca utilizable, sin limoneros y sin vivienda practicable.
Para el Consejo Jurídico, esta cadena de omisiones es “absolutamente inadmisible”. El ciudadano, afirma el dictamen, no tenía ningún deber jurídico de soportar el perjuicio, y el Ayuntamiento tenía la obligación legal de ejecutar sus propios actos. El resultado final —la revocación por caducidad tras años de inacción— “constituye un desenlace absolutamente descorazonador” para quien ha confiado en que la Administración haría cumplir la ley.
Sin indemnización por los limoneros ni la vivienda, pero sí por el calvario personal
La reclamación del afectado incluía la pérdida de la producción agrícola (limones), el uso de la vivienda y el coste de mantenimiento durante dos décadas. Sin embargo, el Consejo Jurídico no ha podido acreditar suficientemente estos daños económicos por falta de pruebas. No obstante, sí estima que existe un daño moral claro y objetivable, derivado de la frustración, la impotencia y el deterioro emocional sufrido durante todos estos años.
Por ello, propone una indemnización de 10.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Murcia, con cargo al ejercicio presupuestario correspondiente, como reparación simbólica por la vulneración continuada de los derechos del ciudadano.
Advertencia al Ayuntamiento: puede haber responsabilidades personales
El dictamen también lanza una advertencia poco habitual en estos procedimientos. Dada la gravedad de la omisión prolongada y la reiteración de escritos ignorados, el Consejo Jurídico recuerda al Consistorio que podría exigirse responsabilidad personal a los funcionarios o autoridades que, por dolo, culpa o negligencia grave, hayan contribuido al perjuicio, en aplicación del artículo 36.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esa responsabilidad patrimonial personal solo puede exigirse tras expediente contradictorio, pero el propio dictamen sugiere que el Ayuntamiento debería valorar si procede su incoación, dado el nivel de dejación detectado.
Una imagen devastadora de la gestión municipal: 20 años sin hacer nada
Este caso, además de su singularidad jurídica, ofrece una imagen devastadora de la gestión administrativa del Ayuntamiento de Murcia en materia de urbanismo y disciplina. El vecino de Barriomar ha visto cómo su derecho a usar su propiedad fue vulnerado de forma sostenida desde 2004, sin que ningún responsable municipal asumiera consecuencias ni se activaran mecanismos internos de control o depuración.
El dictamen 150/2025 sirve como retrato de una administración paralizada, incapaz de hacer cumplir sus propios decretos, y como recordatorio de que la inacción también causa daño, incluso cuando se ampara en el paso del tiempo.
El caso podría no ser único. Organizaciones vecinales y colectivos ciudadanos han advertido en repetidas ocasiones de la pasividad del Ayuntamiento de Murcia ante infracciones urbanísticas, especialmente en pedanías, donde la ejecución subsidiaria y la restitución de la legalidad urbanística suelen quedar en papel mojado.
El Ayuntamiento guarda silencio
LasNoticiasRM intentó conseguir la posición del consistorio contactando con el gabinete de alcaldía y las concejalías de Desarrollo Urbano y Planificación Urbanística. Pese a la reiteración de nuestras solicitudes de información, a la fecha de publicación de esta información no se había recibido respuesta alguna.
La pregunta ahora es si el Pleno municipal aprobará la indemnización y, sobre todo, si alguien asumirá alguna responsabilidad por haber dejado pasar —en silencio y sin consecuencias— más de 7.000 días de vulneración continuada de derechos.
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