El sindicato denuncia que López Miras cede ante Vox y convierte a la infancia tutelada en moneda de cambio política
Comisiones Obreras ha denunciado públicamente lo que considera un “atentado contra los derechos de la infancia” por parte del Gobierno regional de Fernando López Miras, tras la renuncia a gestionar 7 millones de euros en fondos públicos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados. El sindicato ha calificado de “vejatorio e inestable” el trato recibido por los niños y niñas tutelados en la Región de Murcia, y ha advertido que no permitirá que se vulneren los principios fundamentales de protección de la infancia por intereses partidistas.
Según el comunicado difundido este 2 de julio, CCOO recuerda al Ejecutivo autonómico que su decisión, tomada por presión de Vox para aprobar los presupuestos regionales, contraviene tanto la legislación estatal como diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
“La Comunidad Autónoma está incumpliendo su propia ley de infancia. La tutela de estos menores es responsabilidad legal y moral de la administración pública, no una concesión negociable”, ha señalado Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región de Murcia.
“Los han dejado a los pies de los caballos”
El sindicato lamenta que el PP haya rechazado la oferta de apoyo presupuestario del PSOE, que incluía un respaldo sin imposiciones a las cuentas autonómicas. En su lugar, el Ejecutivo de López Miras ha optado por plegarse al “enfoque racista y aporofóbico” de la ultraderecha, a costa de desmantelar la red pública de acogida de menores.
“Les han quitado su hogar, sus educadores y ahora la administración que debe protegerles les abandona”, denuncia Fuentes, que advierte de las graves consecuencias psicológicas y sociales de este tipo de decisiones. “Quiero decirles a esos niños y niñas que no están solos. Hay mucha gente buena en esta Región y este sindicato va a luchar para que su infancia no sea una moneda de cambio política”, ha añadido.
Incumplimientos legales reiterados
CCOO detalla que la actuación del Gobierno regional infringe al menos tres artículos clave de la Convención de Derechos del Niño —los artículos 2, 3 y 24— así como varios preceptos de la Ley 3/1995 de Infancia de la Región de Murcia, entre ellos los que regulan el desamparo, la tutela administrativa y el deber de acogida residencial.
En concreto, la organización recuerda que:
- La discriminación por nacionalidad o situación administrativa está expresamente prohibida por la Convención (art. 2).
- El interés superior del menor debe primar sobre cualquier otra consideración política (art. 3).
- La obligación de proporcionar cuidados adecuados recae directamente sobre las autoridades públicas (Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 24).
Además, la Ley regional deja claro que la competencia exclusiva en materia de protección de menores es de la Comunidad Autónoma. “No se puede ceder ni por razones presupuestarias ni por acuerdos de poder. Lo que ha hecho el Gobierno es ilegal y moralmente inadmisible”, subraya el sindicato.
Preocupación por la deriva ideológica y el desmantelamiento del escudo social
Más allá del caso concreto de los menores no acompañados, CCOO advierte de una deriva ideológica peligrosa en el Gobierno murciano, que puede extenderse a otras áreas sensibles de protección social. “Nos preocupa que lo que ha ocurrido con la infancia se reproduzca con otros colectivos vulnerables. El pacto con la ultraderecha no solo condiciona el presente: puede destruir décadas de avance social”, concluyen.
El sindicato exige la restitución inmediata de las políticas públicas de acogida, la reapertura de los recursos cerrados, y el uso íntegro de los fondos destinados a infancia. “Estamos ante un caso flagrante de vulneración de derechos fundamentales. Y no vamos a mirar hacia otro lado”.
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