El sindicato denuncia “una persecución con armas y saña” contra los trabajadores magrebíes y alerta de un “Ku Klux Klan a la murciana” alimentado por la extrema derecha
La Federación de CCOO Región de Murcia ha solicitado este domingo a la Fiscalía que abra diligencias contra el vicepresidente del Gobierno regional y líder de Vox, José Ángel Antelo, por un posible delito de odio, tras los episodios de violencia racista ocurridos en Torre Pacheco durante el fin de semana. En un duro comunicado, el sindicato acusa a Antelo de haber alimentado el clima de persecución y miedo con sus declaraciones, y califica lo sucedido como “una cacería con tintes supremacistas que recuerda a los peores episodios del racismo en EE. UU.”.
“Estamos viendo imágenes que recuerdan tristemente a la persecución de la población negra en el sur de Estados Unidos hace décadas. Este patético y muy peligroso Ku Klux Klan a la murciana nos da vergüenza a todos, y a sus víctimas, miedo”, ha afirmado Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO-RM.
“Se persigue a todo un colectivo laboral esencial para la economía de la Región”
El sindicato ha denunciado que las agresiones y disturbios racistas han tenido como objetivo a trabajadores migrantes del sector agrícola y de servicios, especialmente a la población de origen magrebí. “Se está persiguiendo con saña y armas a un colectivo entero que sostiene la economía local”, advierte el texto. En Torre Pacheco, recuerda CCOO, el paro entre extranjeros no comunitarios apenas alcanza el 2,8 %, y la inmensa mayoría trabaja en sectores esenciales como el agroalimentario.
CCOO critica que se esté señalando y criminalizando a personas supuestamente en situación irregular, una categoría que, insiste, no justifica ningún tipo de persecución o violencia. “No existen personas ilegales, solo personas cuyos papeles no están regularizados. Lo que estamos viendo es un movimiento puramente racista que hay que cortar de raíz en aras de la paz social”, denuncian.
Miedo a salir de casa y petición de protección inmediata
El sindicato asegura estar recibiendo testimonios de trabajadores migrantes que tienen miedo a salir de sus casas por si son agredidos por grupos ultraderechistas desplazados desde otras provincias. CCOO ha ofrecido asistencia y acompañamiento a todas las personas migrantes que tengan dificultades para acudir a sus centros de trabajo o sufran intimidación dentro de sus empresas.
Además, exige a las administraciones regional, estatal y local la puesta en marcha de un plan de acción social urgente que garantice la integración y la protección de la población migrante en el municipio, y evite que estos colectivos se conviertan en chivos expiatorios de discursos xenófobos y electoralistas.
Señalan a Antelo por alimentar el odio y exigen responsabilidades políticas y penales
El comunicado de CCOO es especialmente duro con José Ángel Antelo, a quien acusan de alentar la tensión con declaraciones irresponsables que han contribuido a la escalada de odio. “Juzgar a todo un grupo poblacional por los actos de un individuo no solo es injusto, también es un delito recogido en el artículo 510 del Código Penal”, ha recordado Fuentes. El sindicato reclama a la Fiscalía que actúe de oficio para “depurar responsabilidades” y evitar que estos comportamientos queden impunes.
CCOO también ha mostrado su preocupación por los daños materiales causados durante los disturbios en Torre Pacheco y ha exigido saber “quién se hará cargo de ellos”.
Llamamiento a la unidad institucional contra el odio
Para finalizar, la organización sindical ha hecho un llamamiento a todos los partidos democráticos representados en la Asamblea Regional y en los ayuntamientos para que adopten “una posición común e inequívoca” frente al racismo, y refuercen el compromiso con la convivencia, los derechos humanos y la cohesión social.
“Jugar con fuego identitario, desde el poder o desde la calle, es una irresponsabilidad con consecuencias reales”, concluye el texto.
Con esta petición a la Fiscalía, CCOO se suma a otras voces que en los últimos días han exigido medidas judiciales y políticas para frenar la violencia racista y exigir responsabilidades a quienes, desde las instituciones, alimentan el odio con sus discursos. La Región de Murcia, denuncian, no puede convertirse en territorio impune para el racismo ni en campo de ensayo del extremismo ultra.
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