El Gobierno de López Miras concede subvenciones directas a nueve centros privados mientras persisten impagos, falta de personal y aulas a más de 30 °C
En plena ola de calor, con temperaturas que han obligado a suspender clases y a costear ventiladores con dinero de las familias durante el pasado mes de junio, el Gobierno regional ha decidido destinar 276.810,50 euros exclusivamente a centros privados concertados para contratar profesorado adicional, dejando fuera de esta ayuda directa a toda la red pública. Así lo recoge el Decreto 108/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que aprueba subvenciones nominativas a nueve colegios concertados para financiar actividades del programa de refuerzo de competencias lectoras y matemáticas durante el segundo trimestre del próximo curso.
La medida, tramitada sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva, contrasta frontalmente con el estado actual de la escuela pública murciana: aulas sin climatización, falta de personal docente y de apoyo, impagos a centros y proveedores, y un largo historial de retrasos en obras e infraestructuras esenciales. Mientras el Ejecutivo de López Miras asegura que “refuerza” el sistema educativo, la realidad que denuncian sindicatos, AMPAs y oposición dibuja una red pública empobrecida, abandonada y sin recursos suficientes.
Dinero para los concertados, calor extremo para la pública
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de julio establece ayudas directas a centros concertados de Murcia capital, Sangonera la Verde y Cieza para contratar profesorado entre febrero y junio de 2025. El objetivo: reforzar la competencia matemática y lectora de alumnos con bajo rendimiento. La financiación procede de fondos estatales del programa de cooperación territorial, pero el reparto ha sido ejecutado por la Consejería de Educación, aparentemente, con criterios opacos y sin participación de la comunidad educativa.
Entre los centros beneficiados figuran el Divino Maestro, Parra, Torre Salinas o La Milagrosa, todos con subvenciones que oscilan entre los 11.000 y los 40.000 euros. La administración no exige inversiones en infraestructuras ni mejoras en eficiencia energética, ni establece condicionantes vinculados a condiciones térmicas, accesibilidad o sostenibilidad ambiental.
Mientras tanto, centros públicos de toda la Región han tenido que suspender clases en junio por el calor, alcanzando los 32 °C en el interior de las aulas, según denuncias del PSOE, CCOO y ANPE. En Lorca, el colegio público Andrés García Soler tuvo que reorganizar el horario lectivo por las temperaturas extremas. En Murcia, las AMPAs organizaron una concentración ante la Consejería con lemas como “Queremos aulas, no saunas”, exigiendo un plan urgente de climatización. Los sindicatos recuerdan que la normativa laboral fija 27 °C como límite legal en tareas sedentarias, límite que se supera ampliamente cada final de curso sin que el Gobierno regional actúe.
Sindicatos y familias denuncian abandono de la pública
La situación no se limita al calor. La falta de profesorado afecta especialmente a los institutos de Formación Profesional: en septiembre de 2024, más de un centenar de plazas quedaron vacantes en el inicio de curso, obligando a abrir bolsas extraordinarias de urgencia. Según CCOO, esta carencia responde a la “falta de previsión crónica” de la Consejería, que no anticipa las necesidades ni planifica con tiempo suficiente.
También se acumularon los impagos: los centros públicos estuvieron cinco meses sin recibir transferencias para gastos básicos en 2024, dejando facturas de luz, agua o calefacción sin cubrir. Se han reportado retrasos en el pago a librerías, a profesores de talleres extracurriculares, e incluso a los restaurantes que sirvieron las comidas de los tribunales de oposiciones. Las escuelas infantiles concertadas, que ofrecen plazas públicas, también han sufrido recortes y demoras que pusieron en riesgo su continuidad.
Desde FSIE y ANPE reclaman un plan de climatización integral y financiación real para adecuar las aulas al contexto de cambio climático. CCOO exige un calendario de actuaciones con criterios de urgencia, y la FAPA Juan González denuncia que son las propias familias quienes costean ventiladores, toldos y pequeñas reformas ante la inacción de la Consejería.
La brecha entre pública y concertada se agrava
La aprobación de este nuevo decreto ha reactivado las críticas por el trato desigual entre redes. Entre 2010 y 2022, el gasto por alumno en la concertada ha crecido un 43,3 % en la Región de Murcia, mientras en la pública el incremento ha sido solo del 9,1 %, según datos del Ministerio de Educación. A esto se suma que no se ha construido ni un solo colegio público nuevo desde 2010, más allá de reformas puntuales, mientras las aulas prefabricadas proliferan y la retirada de amianto sigue incompleta.
En octubre de 2024, la Asamblea Regional aprobó una moción instando al Gobierno autonómico a elaborar un plan de climatización en centros públicos, con zonas de sombra, aire acondicionado y fondos específicos. El PP votó en contra. Nueve meses después, la realidad sigue igual o peor, y el único dinero nuevo anunciado por el Ejecutivo se dirige, una vez más, a los colegios concertados.
Desde el PSOE, el diputado Juan Andrés Torres ha vuelto a reclamar que se actúe “antes de septiembre” para evitar nuevas suspensiones de clases. “Cada final de curso es lo mismo: calor, caos y abandono. La educación pública no puede seguir siendo la gran olvidada”, ha advertido. Por su parte, la presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado, resume así el sentimiento de miles de familias: “Mientras nuestros hijos sudan en aulas sin ventilación, el Gobierno regional sigue premiando a la concertada. No es libertad de elección, es desigualdad financiada con dinero público”.
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