El cortijo de Miras

En la Región de Murcia, Fernando López Miras gobierna como si fuera su cortijo personal, ignorando leyes y sorteando controles sin sufrir consecuencias

Si la Región de Murcia fuese un latifundio, su amo y señor llevaría las siglas del PP y se apellidaría López Miras. El presidente autonómico se comporta como un cacique moderno: hace y deshace a su antojo, cambia las normas cuando le estorban y presume de una impunidad digna de otro siglo. La democracia regional parece su finca privada, donde no rinde cuentas a casi nadie. No lo decimos (solo) quienes observamos boquiabiertos sus maniobras, lo dicen también sus opositores con todas las letras: “el Gobierno de López Miras no tiene ningún respeto por las leyes, se las salta continuamente para su propio beneficio”. En el cortijo de Miras, la ley es sugerencia y el poder, propiedad del patrón.

El primer mandamiento del señorito de Murcia es simple: “Miras siempre gana”. Cuando una norma amenazó con jubilarlo anticipadamente, el presidente movió cielo y tierra para reformarla a su favor. La ley regional limitaba a dos los mandatos consecutivos, pero ¡qué tontería dejar que un detalle legal interrumpa la fiesta en el cortijo! En 2021, López Miras y su partido impulsaron una reforma exprés para eliminar la limitación de mandatos y así poder seguir presentándose indefinidamente. La oposición montó en cólera, calificando la maniobra de “antidemocrática” y tildando a Miras de “sátrapa” por querer “mantenerse en el poder a toda costa”. “Es una maniobra antidemocrática que convierte oficialmente a Miras en un sátrapa”, denunciaba la portavoz de Podemos, acusando al PP de “gobernar la región como una autocracia” en la que “con tan solo un tercio de los votos el Ejecutivo se salta cualquier mecanismo de control democrático y de rendición de cuentas”. Pero los pataleos de la oposición poco importan cuando el señor del cortijo tiene los bueyes bien atados: con sus fieles y algún aliado improvisado, sacó adelante la reforma y se aseguró el trono por tiempo indefinido.

Golpe a la democracia (y aquí no ha pasado nada)

La hazaña más audaz de Miras en su cruzada por aferrarse a la poltrona llegó con la famosa moción de censura de 2021. Aquello prometía ser el fin de su mandato: una coalición inesperada de PSOE y Ciudadanos se unió para desalojarlo. Pero subestimar al amo del cortijo fue un error. Cuando todos esperaban su caída, Miras sacó su as bajo la manga: logró que tres diputados de Ciudadanos traicionaran a su propio partido y votaran en contra de la moción a cambio de acomodo en su Gobierno. La jugada fue tan descarada que incluso la comisión estatal anti-transfuguismo señaló a López Miras como “inductor y beneficiario” de esa trama de tránsfugas. Dicho en plata: el presidente compró voluntades para torpedear la moción. “Lo más grave es que no habrían podido dar este golpe a la democracia sin la compra de voluntades de 7 diputados tránsfugas”, clamaba entonces el portavoz socialista Alfonso Martínez Baños. Y es que el propio PSOE murciano no dudó en calificar lo ocurrido como el “mayor ataque a la democracia en la historia de la Región”, perpetrado por un presidente dispuesto a todo “para seguir en el poder”.

¿Consecuencias penales? Ninguna. En el cortijo de Miras no pasa nada. La oposición bramó, sí, y hasta empleó metáforas mafiosas. Francisco Lucas, por entonces portavoz socialista, llegó a llamar a López Miras “capo de la banda de mafiosos que ha corrompido las instituciones”. Palabras mayores que en cualquier lugar civilizado habrían provocado sonrojo o dimisión; en Murcia solo provocaron que Miras se diera por ofendido y demandara a Lucas por injurias. ¿El resultado? Un varapalo judicial para el presidente. El juez desestimó su demanda al considerar que aquellas palabras tenían un contexto político concreto y podían ampararse en la libertad de expresión. Traducido: llamar “capo mafioso” al señor del cortijo es jurídicamente admisible, dada la cadena de acontecimientos que protagonizó. Lejos de aprender la lección, el entorno de Miras se quejó de la “mala educación” de la oposición, mientras presumía de que el PP hace “una política limpia, de respeto”. ¡Faltaría más. En este feudo, al parecer, la indecencia no está en saltarse la ley o corromper instituciones, sino en las malas palabras de quien osa denunciarlo.

Las leyes son de goma (y el patrón las estira a su gusto)

Gobernar “a toda costa”, como decían sus críticos, implica convertir las leyes en un accesorio moldeable. Cuando alguna normativa entorpece los designios del virrey murciano, se la salta o la deja sin efecto. Un ejemplo escandaloso ha sido el reiterado incumplimiento de la Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional. Esta ley obliga al Gobierno regional a evaluar cada año la eficacia de sus campañas de publicidad oficial y a rendir cuentas de en qué se gasta el dinero público en ese capítulo. Pues bien, el ejecutivo de Miras decidió ignorar la ley sistemáticamente: el Instituto de Turismo (ITREM) no elabora los informes anuales de evaluación de dichas campañas, a pesar de ser “de obligado cumplimiento”. ¿Y qué implica saltarse esa obligación? Que el Gobierno regional puede seguir adjudicando campañas de publicidad “a dedo”, sin datos objetivos, guiándose por “su interés personal” en vez de por la utilidad pública que la ley exige. Dicho en cristiano: Miras reparte la publicidad institucional como quien reparte las aceitunas en su finca, premiando a medios afines y ocultando el rastro.

La oposición en pleno ha puesto el grito en el cielo por este nuevo caso de ley pisoteada. “El Gobierno de López Miras no tiene ningún respeto por las leyes… es para propaganda política. Utiliza recursos públicos para intentar engañar a la ciudadanía”, denunciaron los socialistas. Desde IU-Verdes añadieron que este es solo “un ejemplo más del grado de incumplimiento del gobierno regional de sus propias normativas y leyes, como ocurre con tantas y tantas normativas incumplidas” – citando entre otras el olvidado Plan de Ordenación Territorial de la cuenca del Mar Menor, o el desarrollo pendiente de la ley de vivienda y de servicios sociales. Parece que en el reino de Miras las leyes se aprueban para adornar el boletín oficial, pero su cumplimiento ya tal. Solo así se explica que normas cruciales para el medio ambiente, la vivienda o los servicios sociales duerman el sueño de los justos sin que el Gobierno regional mueva un dedo. El Mar Menor agoniza mientras su plan de ordenación integral sigue en un cajón, pero el señor del cortijo prefiere mirar a otro lado; al fin y al cabo, las prioridades son otras, como veremos.

Propaganda regada con dinero público

¿Y cuáles son esas prioridades? Una salta a la vista: el autobombo. Mantener el cortijo exige tener contentos a los voceros y bien alimentados a los palmeros mediáticos. Nada mejor que untar con publicidad institucional a quienes te ríen las gracias. Mientras los informes legales de eficacia brillan por su ausencia, millones de euros en campañas oficiales riegan ciertos medios año tras año. La oposición ha ido destapando que el Gobierno regional adjudica contratos de publicidad a medios más que dudosos. “Llevamos una semana escuchando publicidad turística de la Región de Murcia en todos los medios regionales con motivo de Fitur. Lo lógico sería que esa publicidad se hiciera fuera, a no ser que la intención de López Miras sea regar con dinero público a los medios de aquí para que lo traten de lujo”, ironizaba el diputado regional de Podemos Víctor Egío. No es solo una sospecha: “hemos denunciado en varias ocasiones la adjudicación de contratos de publicidad a medios ultras como la editora de OkDiario o EDATV. López Miras está financiando a estos sicarios de la información que utilizan el bulo y el odio como armas políticas”. Tal cual. En lugar de respetar la ley y hacer campañas donde corresponden, el patrón murciano riega con dinero de todos a sus fábricas de propaganda favoritas. Por supuesto, no pasa nada: la oposición patalea, Sumar incluso insta a la Fiscalía a investigar si este incumplimiento reiterado pudiera ser delito, pero de momento aquí paz y mañana gloria.

En el cortijo, la publicidad institucional se ha convertido en la hucha personal del Gobierno para premiar lealtades mediáticas. ¿Que un periódico digital te hace la ola cada día? Se lleva su campaña pagada. ¿Que otro medio osa criticar al régimen de Miras? Ya puede esperar sentado los anuncios de la Comunidad. Así de arbitrario y discrecional es el reparto, según denuncian los grupos críticos. Y mientras tanto, opacidad absoluta: sin informes ni evaluaciones, el común de los mortales no puede saber si ese dinero sirve para algo útil o solo para engordar egos y encubrir vergüenzas. Pero esto es un cortijo, señores, y aquí el amo no da explicaciones.

“Solo obedezco si me obliga un juez”

El espíritu indomable de López Miras ha llegado incluso a plantarle cara al Gobierno central. Cuando Madrid le exigió retirar el polémico “pin parental” (esa censura educativa ideada por Vox para vetar contenidos sobre diversidad), el presidente murciano se enfurruñó como niño con juguete nuevo. “No lo haremos porque nos lo diga un Gobierno”, llegó a soltar con chulería, aclarando que solo quitaría el veto si se lo ordenaban “las instancias judiciales”. Traducido a lenguaje cortijero: “en mi terreno mando yo, y aquí no se cambia nada salvo que venga el Tribunal Superior con la Guardia Civil”. De poco sirvió el requerimiento formal del Ministerio de Educación ni los aires de ilegalidad que rodeaban al pin parental. Miras apuró plazos y forzó al Gobierno central a acudir a los tribunales. Finalmente, fue el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que tumbó aquel engendro censor, dejando claro que vulneraba derechos educativos. Solo entonces, a regañadientes, el Gobierno regional acató. Misión cumplida: había demostrado ante su parroquia que no se doblega ante “Madrid” y que en Murcia él pone las normas… al menos hasta que un juez le lee la cartilla.

Este episodio del pin parental revela la filosofía Miras en todo su esplendor: “Hago lo que me da la gana hasta que me paran los pies”. Y a veces, ni así. Porque pocas consecuencias sufrió el presidente por haber mantenido vigente durante meses una medida que claramente violaba la legalidad educativa. En otro lugar quizá se habría saldado con dimisiones sonadas o bochornos públicos; en el cortijo murciano, se pasó página rápidamente. Aquí no ha pasado nada, recuerden.

Impunidad made in Murcia

Tras más de ocho años en el poder, Fernando López Miras sigue tan campante, acumulando trienios como dueño del cortijo regional. Ni las acusaciones de corrupción y transfuguismo, ni los calificativos de autócrata, déspota o capo mafioso, ni los tirones de orejas judiciales han mellado su confianza. Al contrario, se la ha tomado casi como un elogio involuntario: ¿no es señal de fuerza que nada ni nadie pueda derribarte? En el imaginario del personaje, Murcia es su feudo y él, su protector, ungido por la voluntad divina de las urnas (aunque fuese con un tercio de votos y pactos bajo la mesa). El propio López Miras se ha erigido en adalid de la estabilidad frente al caos, mientras acusa a sus rivales de pactar con “delincuentes” a nivel nacional. Cínica inversión de papeles: habla el que se mantuvo en el poder pactando con tránsfugas y haciendo malabarismos con la legalidad.

La impunidad es el lubricante que hace funcionar este cortijo. Cada vez que Miras se salta una ley, modifica una norma a medida o utiliza las instituciones en beneficio propio y “no pasa nada”, el mensaje se refuerza: él está por encima del bien y del mal. Cual cacique inmune a los jueces de paz del pueblo, nuestro protagonista sigue adelante. Sus fieles aplauden, sus adversarios claman en el desierto y los ciudadanos asisten atónitos, o quizá resignados, a la eternización de un gobierno sin controles efectivos. Como resume María Jesús López, secretaria de Organización del PSOE regional, “el transfuguismo es corrupción” y López Miras “perpetró el mayor ataque a la democracia” en Murcia comprando diputados para seguir mandando. Pero en la práctica, ese ataque a la democracia quedó impune.

Resulta casi cómico –si no fuera trágico– que el presidente murciano alerte con grandilocuencia sobre supuestos peligros para el Estado de derecho, cuando en su casa las alfombras están levantadas y las reglas, llenas de barro. Estamos ante un político que predica respeto a la legalidad ajena mientras pisotea la propia. Un gobernante que exige lealtad institucional al resto pero convierte su región en un cortijo particular. Y, de nuevo, no pasa nada.

Epílogo: Bienvenidos al cortijo

Al final del día, la Región de Murcia sigue adelante con López Miras entronizado, repartiendo juego a su conveniencia. Sus críticos podrán seguir denunciando tropelías, pero el cortijo tiene muros gruesos y guardianes bien pagados. Los aperos del cacique –boletines oficiales a la carta, presupuestos para amigos, leyes de plastilina– continúan en uso. Quizá algún día cambien las tornas y el cortijo vuelva a ser un territorio de ley común. Mientras tanto, Don Fernando seguirá mandando, impertérrito. Porque en “El cortijo de Miras”, como reza la ley no escrita, “lo que diga el señorito, va a misa”, y lo demás son cantares.

Y así, con la ley al capricho del patrón, la oposición afónica y la ciudadanía estupefacta, se escribe la crónica de una impunidad anunciada en Murcia. En este feudo particular, la realidad supera a la sátira día tras día, y López Miras nos lo seguirá demostrando… porque puede.

Bienvenidos al cortijo de Miras.

Pasen y vean, pero no esperen justicia.

PD: Les deseo que pasen un feliz verano, pese al cortijo y sus inquilinos. ¡Nos leemos en septiembre!

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