100 millones en cinco años para una televisión autonómica que seguirá siendo un altavoz político en manos de los de siempre
Que la televisión pública regional cueste dinero es obvio. Que cueste 100 millones en cinco años y que ese coste se plantee mientras la vida cotidiana de la Región de Murcia sigue teniendo agujeros donde invertir en gasto público, eso ya no es solo una cifra: es una decisión política. Y de las que molestan.
Lo verdaderamente escandaloso no es solo el dinero, sino el modo en que se está gestionando. El plan de viabilidad económica que debería justificar la nueva concesión de La 7 —ese documento que se supone que pone orden y rigor— está plagado de agujeros. Hablamos de un informe que ni detalla cómo se cumplirán las obligaciones de accesibilidad, ni reserva una partida para financiar la obra audiovisual europea e independiente (como exige la ley), ni explica cómo se van a cuadrar los límites de publicidad que marca la normativa, ni concreta cómo se medirá el pluralismo informativo. En resumen: un plan que debería ser el manual de instrucciones de un contrato millonario, pero que se queda en un catálogo de buenas intenciones.
Y como si esto fuera poco, aparece otro dato que apesta a mala praxis o algo peor: el informe está firmado el 31 de julio de 2025, pero el contrato menor que lo encarga a KPMG no se adjudicó hasta el 11 de septiembre de 2025. Más de un mes después. ¿Qué significa esto? Que el informe estaba hecho antes de que oficialmente existiera el contrato para elaborarlo. En cristiano: o se trabajó sin contrato (lo cual es ilegal y temerario), o se adjudicó un contrato para cubrir a posteriori un trabajo ya realizado. En cualquiera de los dos casos, la transparencia se evapora y las alarmas suenan.
El plan que se salta la Ley de Comunicación Audiovisual
La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) no es literatura opcional, es de obligado cumplimiento. Y el estudio parece haber pasado de puntillas sobre ella:
- Accesibilidad (art. 102 LGCA): 90 % de programación subtitulada, 15 horas semanales de lengua de signos, 15 de audiodescripción. El plan no lo detalla, ni lo cuantifica, ni lo presupuesta.
- Financiación de obra europea (art. 118 LGCA): un 6 % de ingresos para producciones europeas, el 70 % para productoras independientes. El plan ni lo menciona. Ni una cifra.
- Publicidad (arts. 135–137 LGCA): máximo 144 minutos al día en horario diurno, 72 en horario nocturno, prohibida en informativos e infantiles. El plan proyecta ingresos sin demostrar que se cumplen estos topes.
- Pluralismo (art. 5 LGCA): garantizar diversidad política, cultural y territorial. El plan dice que sí, pero no explica cómo ni con qué indicadores.
En otras palabras: se han olvidado de los puntos clave que diferencian un documento serio de un simple corta y pega.
Una adjudicación que huele a dedazo
El contrato para redactar el informe se hizo mediante contrato menor, por 14.900 € sin impuestos. Una única oferta, un único adjudicatario: KPMG. Fácil, rápido y sin competencia. Que una pieza central para justificar un gasto de 100 millones se adjudique de este modo es ya de por sí discutible. Que, además, el informe estuviera terminado antes de adjudicarlo, directamente debería hacer saltar las alarmas de cualquier organismo de control.
La Ley de Contratos del Sector Público establece que la prestación no puede empezar antes de formalizarse el contrato. Aquí tenemos un documento terminado más de un mes antes. Blanco y en botella.
Un pasado poco edificante y un futuro en entredicho
Recordemos que el contrato anterior de La 7 ya estuvo marcado por prórrogas y fórmulas excepcionales que alimentaron críticas. Ahora, el nuevo proceso arranca con un plan de viabilidad que ignora obligaciones legales, se oculta en una pestaña discreta de la web institucional y arrastra incoherencias en las fechas de adjudicación. Es difícil pensar en una combinación que genere más desconfianza.
¿Televisión pública o chiringuito blindado?
Lo que se pone en juego no es solo un contrato millonario, sino el modelo de televisión pública que tendrá la Región de Murcia. ¿Será un servicio público plural, accesible y con producción local real, o un altavoz político blindado con dinero público y externalizaciones a medida?
La respuesta está en la letra pequeña del plan de viabilidad. Y lo que hemos visto hasta ahora no apunta precisamente a pluralismo ni transparencia, sino a propaganda cara.
En definitiva: 100 millones, un informe lleno de lagunas legales, una adjudicación con incoherencias de fechas y un proceso tramitado con discreción sospechosa. Eso no es un simple desliz administrativo: es una forma de gobernar. Y tiene un precio. No solo económico, sino democrático.
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