La Intervención General advierte que la empresa pública reconoció como ingresos los anticipos europeos del MRR sin evidencias de aplicación a su finalidad
La empresa pública Región de Murcia Deportes, S.A.U. (RMD), gestora del Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina, afronta un riesgo financiero de gran magnitud tras la publicación del informe de auditoría de las cuentas anuales de 2023, elaborado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma. El documento señala que la sociedad reconoció como ingreso en su balance la totalidad de los anticipos recibidos de una subvención europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por un importe aproximado de 2,9 millones de euros, sin que existan evidencias de que se aplicaran a la finalidad específica del proyecto.
La advertencia no es menor: si se confirma la desviación en el uso de esos fondos, la empresa pública podría verse obligada a reintegrar íntegramente los anticipos recibidos, lo que la dejaría al borde de la suspensión de pagos.
El proyecto Plan Energía 2.0 bajo la lupa
La subvención cuestionada corresponde al proyecto 49644 del MRR, denominado “Plan Energía 2.0. Modernización Energética de las Instalaciones Deportivas del CAR Infanta Cristina”. Según la auditoría, RMD consignó como ingreso la totalidad de la ayuda recibida en forma de anticipo, en lugar de imputarla conforme se ejecutaban las actuaciones vinculadas a la modernización energética.
El informe subraya que no consta evidencia suficiente de que los anticipos se destinaran a los fines del proyecto, lo que, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, podría obligar a la devolución de todo el importe adelantado.
En otras palabras, el problema no es la pérdida automática de la subvención, sino que la gestión contable y el uso de los anticipos incumplen la normativa, situando a la empresa en un escenario de riesgo de reintegro integral.
Un agujero que amenaza la continuidad de la sociedad
El impacto de una devolución de 2,9 millones sería demoledor. La propia auditoría advierte de que Región de Murcia Deportes carece de liquidez suficiente para afrontar tal obligación, lo que tendría un “impacto relevante en su situación financiera y en su capacidad para continuar operando”.
La advertencia se suma a un escenario ya muy deteriorado: en 2023 la sociedad cerró con unas pérdidas de 1.538.152 euros, a las que se añadieron en 2024 otros 1.570.025 euros. El acumulado de pérdidas históricas supera los 9 millones de euros, y el fondo de maniobra negativo pasó de –214.000 € en 2023 a –1,3 millones en 2024.
En términos prácticos, la empresa pública ya estaba en situación de quiebra técnica antes de que se destapara este riesgo vinculado a fondos europeos.
Fran Sánchez, el apoderado que firma los contratos
El Director General de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, figura como apoderado único de la sociedad y es el responsable de firmar contratos, adjudicaciones y convenios en nombre de RMD. Su papel resulta especialmente controvertido, ya que su gestión en la Dirección General de Deportes ha estado marcada por polémicas en materia de contratación menor.
Entre 2019 y 2024, la Consejería adjudicó 223 contratos menores a la misma agencia de viajes (BenyTours) por casi 60.000 euros, todos mediante procedimientos directos sin concurso público. La reiteración de adjudicaciones levantó sospechas de fraccionamiento de contratos para eludir la ley, y el Comisionado de Transparencia llegó a reprochar a la Dirección General su negativa a entregar la documentación completa.
Además, bajo su responsabilidad también se adjudicó más de un millón de euros en proyectos a una única empresa (TK Analytics & Blockchain), negando el acceso a las ofertas técnicas alegando “secreto comercial”.
Que sea precisamente Fran Sánchez quien supervise y rubrique la gestión de una subvención europea ahora cuestionada multiplica las dudas sobre la transparencia y el rigor en el uso de recursos públicos.
Irregularidades en contratación y opacidad reiterada
El informe de la Intervención no se limita a señalar el problema de los anticipos europeos. Entre sus hallazgos figuran otras deficiencias graves:
- Contratos menores sin solicitud de tres presupuestos, incumpliendo la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
- Posibles fraccionamientos de contratos para evitar licitaciones abiertas.
- Ausencia de medidas contra la corrupción y los conflictos de interés en los expedientes.
- Incumplimientos de la Ley de Transparencia regional, al no publicar ni el Código de Buen Gobierno ni la relación de bienes inmuebles de la sociedad.
Todo ello dibuja un patrón de gestión opaca y poco profesional que trasciende un error contable aislado.
El riesgo político y financiero
La advertencia de la Intervención General no se queda en el plano técnico: coloca al Gobierno regional en una posición incómoda. Una devolución de 2,9 millones de euros al MRR no solo pondría en jaque la continuidad de la empresa pública, sino que dañaría la credibilidad de la Región de Murcia ante la Unión Europea en la gestión de fondos comunitarios.
El hecho de que se haya reconocido como ingreso la totalidad de los anticipos, sin acreditar su aplicación, apunta a una falta de controles internos y a una negligencia en la supervisión política. El consejero de Hacienda y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes tienen la responsabilidad última de garantizar que los fondos europeos se gestionen conforme a la normativa.
Un modelo en entredicho
La situación de Región de Murcia Deportes es paradigmática: una sociedad pública que vive de las subvenciones autonómicas y estatales, arrastra pérdidas millonarias y ahora se enfrenta al riesgo de tener que devolver anticipos europeos por una gestión deficiente.
El caso expone con crudeza las consecuencias de un modelo donde la rendición de cuentas es mínima, la transparencia brilla por su ausencia y los recursos públicos se manejan con prácticas que pueden tener un coste muy alto para la ciudadanía.
En conclusión, la auditoría de 2023 pone de manifiesto que Región de Murcia Deportes podría verse obligada a reintegrar 2,9 millones de euros en anticipos europeos del MRR al no existir evidencias de su aplicación a la finalidad concedida. Un riesgo que amenaza con arrastrar a la sociedad pública a la insolvencia y que coloca bajo el foco a Fran Sánchez, apoderado de la empresa y Director General de Deportes, cuya gestión en materia de contratación ya estaba bajo sospecha.
nciera, la dependencia de subvenciones y la opacidad en la gestión del deporte público en la Región de Murcia.
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