El Consejo Jurídico avala la indemnización a una empresa por instalar paneles digitales en centros no incluidos en el contrato oficial
Un nuevo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia destapa una actuación especialmente preocupante del Gobierno autonómico en el ámbito de la contratación pública. Según se desprende del expediente 177/2025, la Comunidad Autónoma deberá abonar 582.897,44 euros a la empresa Bechtle Direct, adjudicataria de un contrato millonario para la instalación de paneles digitales en centros educativos. El motivo: ejecutó parte del suministro en centros no previstos en el contrato original y sin que existiera una modificación legalmente tramitada. Aun así, la administración regional utilizó esos equipos, no los pagó, y acabó reconociendo la deuda tras una reclamación por responsabilidad patrimonial.
Un contrato de casi 5 millones de euros con fondos europeos
El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando la Consejería de Economía adjudicó a Bechtle Direct un contrato dividido en dos lotes —uno financiado con fondos REACT-EU y otro con fondos FEDER— por un valor total cercano a los cinco millones de euros. El objetivo era suministrar e instalar 1.500 paneles digitales interactivos en aulas de la Región de Murcia como parte del Plan de Digitalización del Ecosistema Educativo.
Sin embargo, desde el inicio se detectaron problemas. Durante la ejecución, la empresa informó que muchos de los centros educativos previstos no cumplían con las condiciones técnicas necesarias para la instalación. En concreto, algunos estaban cerrados, en obras o tenían aulas inadecuadas para los requisitos de los equipos.
La administración siguió adelante sin modificar el contrato
Pese a estos obstáculos, el responsable del contrato propuso reubicar los equipos en otros centros alternativos. La empresa aceptó, y se ejecutó el suministro. Lo alarmante es que la administración nunca formalizó la modificación del contrato, lo que dejó sin cobertura legal parte del servicio. Aunque se iniciaron trámites, estos fueron archivados sin resolución formal.
Posteriormente, la Intervención de la Consejería de Educación se negó a dar por recepcionado el suministro, al constatar que los centros reales no coincidían con los incluidos en los pliegos. La administración entonces rechazó las facturas presentadas por la empresa, alegando que no se podían pagar porque los servicios carecían de base contractual.
El Consejo Jurídico confirma que hubo enriquecimiento injusto
La empresa recurrió por la vía de la responsabilidad patrimonial contractual, alegando que sí cumplió con el suministro y que actuó siguiendo indicaciones de la administración. Tras meses de informes internos, intentos fallidos de tramitación por falta de crédito o de documentación, y varias propuestas de resolución devueltas, el Consejo Jurídico avaló finalmente el pago.
En su dictamen, el órgano consultivo subraya que la empresa actuó de buena fe, que cumplió con los requerimientos técnicos del contrato y que no puede ser penalizada por una falta de tramitación imputable únicamente a la administración. Además, recuerda que la prestación se ejecutó con el conocimiento de los responsables del contrato, y que la administración se ha beneficiado del servicio. De ahí que la negativa al pago inicial supusiera un claro caso de enriquecimiento injusto.
Más allá del pago: sombras sobre la gestión contractual del Gobierno regional
Aunque el pago de 582.897,44 euros zanja formalmente la deuda, el dictamen deja abiertas cuestiones de gran calado político y jurídico. El Consejo Jurídico advierte expresamente que este tipo de actuaciones pueden tener implicaciones de orden administrativo e incluso penal. No es habitual que una administración regional ejecute parte de un contrato con fondos europeos fuera de los términos legales y lo reconozca a posteriori como un “error tramitador”.
Además, el episodio refleja una preocupante falta de rigor en la planificación y supervisión de los contratos públicos, especialmente cuando afectan a programas financiados con fondos europeos que exigen el máximo nivel de control y legalidad. La ausencia de visitas previas a los centros, la improvisación en la instalación de los equipos, la informalidad en las decisiones adoptadas y el incumplimiento de las obligaciones legales de modificación contractual apuntan a una gestión negligente que debería ser objeto de fiscalización política y administrativa.
Desde LasNoticiasRM.es se ha intentado recabar la versión oficial de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, sin obtener respuesta hasta el momento.
El expediente, además, podría interesar a los órganos fiscalizadores del uso de fondos europeos y a la Asamblea Regional, dado que el contrato se financió en parte con ayudas europeas destinadas a reducir la brecha digital en el ámbito educativo. Queda por ver si el Gobierno regional dará explicaciones públicas o si se optará por cerrar en silencio este nuevo caso de descontrol en la contratación pública autonómica.
¿Quieres contactar con el autor de esta noticia?
Si has visto algún error en esta noticia o tal vez puedes aportar alguna información extra, puedes contactar directamente con nuestra redacción mandando un email a news@lasnoticiasrm.es o escribiendo un mensaje por Whatsapp en el teléfono 641387053. Estaremos encantados de atenderte.
Esta y otras noticias puedes tenerlas al instante subscribiéndote a nuestro canal de Telegram
Puedes subscribirte a nuestro nuevo canal en Telegram, y disponer de todas las noticias importantes de la web en tiempo real.
Recuerda, pincha en t.me/lasnoticiasrm y dale a subscribir al canal en tu aplicación Telegram.
!!Te esperamos en LasNoticiasRM¡¡
Tabla de Contenidos
Datos del autor
- LasNoticiasRM
- Email: news@lasnoticiasrm.es
- Teléfono y Whatsapp: 641387053
