«El Gobierno regional exigió en 2023 una quita millonaria de 3.200 millones y ahora desprecia 3.318, más dinero del solicitado, calificándolo de trampa política contra la Región de Murcia«
Hay contradicciones que rozan el esperpento y esta es una de ellas. En noviembre de 2023, el consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, clamaba por una condonación de 3.200 millones de euros. Lo presentaba como un acto de justicia, como el mínimo que la comunidad necesitaba para respirar y compensar décadas de infrafinanciación. Poco más de un año después, el Gobierno de España pone sobre la mesa no solo esos 3.200 millones, sino 118 millones más, alcanzando una cifra total de 3.318 millones. Lo lógico sería que en San Esteban celebraran la noticia como una victoria. Pero no. La reacción ha sido la de anunciar con indignación lo que antes se pedía con urgencia, porque venía firmado por Pedro Sánchez.
Lo cierto es que la escena no puede ser más ilustrativa de la política regional. Primero, se presenta la deuda murciana como un lastre insostenible, causado en un 80% por la infrafinanciación reconocida incluso por informes técnicos. Después, se reclama una condonación al Estado como única salida para evitar el colapso. Pero cuando la quita llega, en condiciones más generosas de lo solicitado, se convierte en un caramelo envenenado, en unas migajas, en un parche diseñado para favorecer a los independentistas. Lo que antes era justicia se transforma de repente en humillación.
Cuando Marín reclamaba 3.200 millones para salvar a Murcia
En noviembre de 2023, Marín no dudaba en recordar que el bienestar de Murcia estaba en manos de independentistas y prófugos de la justicia, pero aun así exigía que no se olvidara a la comunidad más castigada. Pedía 3.200 millones con tono solemne, convencido de que era lo mínimo. Apenas unos meses después, el cheque llega con 118 millones extra. Y entonces entra en escena la retórica de la desconfianza: López Miras acusa al Gobierno central de utilizar a Murcia para mantenerse en el poder, Ortuño califica la quita de arbitraria y discriminatoria, y Marín se desdice de sí mismo, afirmando que esas mismas cantidades son insuficientes, sospechosas y peligrosas.
La lista de calificativos que se usó para desacreditar la condonación parece sacada de un manual de eufemismos políticos. Se habló de parche, de migajas, de caramelo envenenado y de distracción. Todo servía con tal de justificar lo injustificable: que la Región de Murcia rechazaba lo que había pedido con insistencia poco más de un año antes. Y lo más llamativo es que los argumentos, en el fondo, reconocen la utilidad de la medida. Al advertir que “sin reforma del sistema de financiación la deuda se regenerará en tres o cuatro años”, lo que se admite es que la quita sí tiene un efecto inmediato, aunque no resuelva el problema estructural. Traducido: nos viene bien, pero como no resuelve todo y viene del «peligroso» Pedro Sánchez, preferimos decir que no resuelve nada.
De víctimas a mártires voluntarios
La contradicción tiene un trasfondo político evidente. El Partido Popular ha decidido a nivel nacional que ninguna concesión de Sánchez sería aceptable, mucho menos si mejora la vida de los ciudadanos y está vinculada a pactos con ERC. Y los presidentes autonómicos, López Miras incluido, se alinean con esa consigna aunque significara dispararse en el pie. En palabras de la oposición murciana, el Gobierno regional antepuso los intereses de Feijóo a los de sus ciudadanos. Porque mientras Marín pedía 3.200 millones y el Estado ofrecía 3.318, la respuesta es decir que no, con la paradoja añadida de que López Miras, en privado, llegó a mostrarse favorable a la condonación en conversaciones con Moncloa.
La Región de Murcia sigue siendo la más infrafinanciada de España, recibiendo entre 600 y 700 millones menos cada año que la media según el PP aunque la realidad es que la cuantía real estaría entre los 300 y 350 millones de euros. Esa injusticia es indiscutible. Pero precisamente por eso resulta incomprensible que se rechace un alivio de 3.318 millones, equivalente al 27% de la deuda regional. Cada euro condonado significa menos intereses, más margen presupuestario y más recursos para hospitales, colegios y servicios sociales. En cambio, la decisión política ha sido mantener la deuda intacta, porque políticamente resultaba más rentable seguir denunciando el agravio que empezar a solucionarlo.
El PSOE murciano lo resumió con ironía: lo que se pedía en 2023 se ofrece en 2025 con 118 millones más y se rechaza como si fuera una limosna. Y es que el relato victimista necesita problemas sin resolver. Si la deuda se reduce, si la asfixia financiera se alivia, se desactiva parte del discurso de confrontación con Madrid. Por eso, en esta ecuación absurda, la coherencia se sacrifica y los ciudadanos se convierten en pagadores involuntarios del relato.
La deuda murciana supera los 13.500 millones y cada año consume cientos de millones en intereses. Aceptar la condonación habría supuesto liberar una parte de esa carga y abrir margen para la inversión en servicios públicos. Rechazarla significa prolongar la hipoteca financiera de la Región. Es como estar ahogado y rechazar el salvavidas porque no te gusta el color. Una metáfora que describe con precisión la incoherencia de un Gobierno que, con tal de no reconocer nada positivo al adversario político, renuncia a lo que poco más de un año antes exigía con solemnidad.
La política tiene mucho de teatro, pero este caso roza la tragicomedia. La Región de Murcia pidió 3.200 millones, le ofrecen 3.318 y ahora dice que no. Esa es la secuencia. El resto son excusas. Lo demás son fuegos de artificio para justificar lo injustificable. Y mientras tanto, los murcianos siguen pagando la factura de la incoherencia: más deuda, más intereses y menos recursos para su vida cotidiana.
La conclusión es amarga pero clara: en San Esteban prefieren la contradicción al alivio, el relato al resultado, el titular al bienestar. Y así, entre migajas convertidas en veneno y parches transformados en conspiraciones, Murcia puede perder lo que había pedido, desprecia lo que le ofrecen y se condena a seguir atrapada en el bucle de su propia incoherencia con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la ciudadanía de la Región únicamente por el egoísmo y los intereses electoralistas del Partido Popular.
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