Los constructores de la Región de Murcia denuncian que el precio podría estar infravalorado para ahuyentar a competidores
El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado las obras de la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz en El Palmar a la empresa Abala Infraestructuras (Grupo Hozono Global) por 1.139.999,99 euros, importe prácticamente idéntico al presupuesto base de licitación. Este precio, un 30% inferior al valor de mercado, ha sido calificado de “inasumible” por la patronal de constructores de la Región, ACOMUR. La asociación advirtió que sacar el proyecto con un presupuesto tan bajo podría traducirse en problemas de viabilidad y eventuales sobrecostes posteriores, aun siendo técnicamente legal mediante modificados de obra.
Constructores alertan de una licitación “temeraria”
La Asociación de Constructores de Murcia (ACOMUR) presentó un recurso administrativo ante el Ayuntamiento de Murcia impugnando las condiciones de esta licitación, al considerar que los precios unitarios fijados en el proyecto eran artificialmente bajos. En su escrito, la patronal alertó que, de media, las principales partidas de obra estaban en torno a un 30% por debajo del coste de mercado. ACOMUR incluso trasladó previamente a los responsables municipales informes comparativos –con bases de precios oficiales de la Región y ofertas reales de proveedores– para evidenciar la “escasa rentabilidad” de la obra. Sin embargo, ante la falta de rectificaciones en el pliego, optaron por formalizar el recurso para dejar constancia de la protesta.
Los constructores señalan varios riesgos de licitar obras muy por debajo de su precio real:
- Calidad de las obras: Un presupuesto público “fuera de la realidad” puede repercutir en la calidad final de lo ejecutado, al obligar a la constructora a recortar gastos o trabajar con márgenes nulos. En última instancia, esta práctica compromete el resultado y la durabilidad de las infraestructuras entregadas.
- Competitividad y futuro del sector: Si las empresas consideran inviable una obra, muchas deciden no presentarse, lo que reduce la concurrencia en la licitación. Esto tiene un efecto colateral en su clasificación empresarial (el nivel acreditado para optar a concursos públicos), ya que no realizar obras merma el historial necesario para optar a futuros proyectos. En otras palabras, las licitaciones “a la baja” no solo perjudican la obra en cuestión sino que “lastran la rentabilidad de un sector imprescindible para sostener el estado del bienestar”, en palabras del presidente de ACOMUR, José Juan González.
El Ayuntamiento adjudica a Hozono Global sin competencia
Pese a las advertencias del sector, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento (gobernado por el Partido Popular) aprobó a finales de julio la adjudicación del contrato a Abala Infraestructuras, única oferta presentada dentro del plazo de 20 días que estuvo abierto el concurso. La empresa adjudicataria, perteneciente al Grupo Hozono Global, ofreció exactamente el precio base de licitación, rebajando simbólicamente solo 1 céntimo de euro respecto al presupuesto inicial.
En concreto, Abala presentó una oferta de 1.139.999,99 € –frente a los 1.140.000,00 € del pliego– lo que en la práctica supone una reducción del 0,0009%. Esta ausencia de baja económica sugiere que no hubo margen para ajustar más el coste, confirmando la apreciación de ACOMUR sobre la inviabilidad de ejecutar el proyecto con ese presupuesto.
La Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz es un proyecto estrella de la Concejalía de Deportes murciana, destinado a homenajear al joven tenista local y a dotar de nuevas instalaciones deportivas a El Palmar. El complejo previsto incluye la construcción de tres pistas de tenis, dos pistas de pickleball y una pista infantil de minitenis, además de zonas recreativas con sombra, aseos accesibles, mejoras de accesibilidad en el entorno y un aparcamiento ampliado.
Las obras, ya adjudicadas, tendrán un plazo de ejecución de nueve meses una vez comiencen. Durante la presentación del proyecto, el concejal de Deportes Miguel Ángel Noguera afirmó que esta infraestructura “fomentará el deporte base en Murcia, ofreciendo instalaciones modernas y adaptadas”, si bien no hizo mención a la polémica sobre el presupuesto de licitación.
Reacciones del Grupo Municipal Socialista
El PSOE en el Ayuntamiento de Murcia ha mostrado su rechazo tanto a la forma como al fondo de la operación. Desde el grupo municipal destacan que llamar “Ciudad del Tenis” a un proyecto que se limita a tres pistas de tenis resulta “ridículo”, al inflar artificialmente la envergadura de una infraestructura menor.
Además, los socialistas consideran “totalmente cuestionable seguir adelante con una licitación que ya se sabe que no es realizable con ese presupuesto”, puesto que supone reconocer de antemano que podría ser necesario acudir a modificados o sobrecostes.
El PSOE también ha criticado el modelo de gestión planteado, señalando que “no compartimos la fórmula de construir equipamientos deportivos con dinero público para ceder su explotación posteriormente, y menos cuando, como en este caso, el mantenimiento será asumido por el Ayuntamiento”. A juicio de la oposición, esta política supone socializar gastos y privatizar beneficios, en un esquema que no refuerza el interés general ni garantiza el acceso equitativo de la ciudadanía a los servicios.
Hozono Global (La Generala), un contratista bajo la lupa
Abala Infraestructuras es filial del Grupo Hozono Global, corporación de servicios integrada por varias empresas anteriormente conocida como Grupo La Generala. Este conglomerado, presidido por el empresario murciano Manuel Martínez Ortuño, gestiona numerosos contratos públicos en la Región de Murcia y otras provincias, abarcando sectores como la construcción, mantenimiento urbano, limpieza viaria, gestión de agua, medio ambiente e incluso transporte sanitario. Entre sus marcas destacan Orthem –especializada en emergencias y medio ambiente– y Actúa –encargada de parques y recogida de basura en varios municipios–.
La Generala, hoy Hozono Global, es vieja conocida en los círculos políticos murcianos. Su nombre ha aparecido vinculado a controversias y acusaciones de favoritismo en adjudicaciones públicas durante administraciones del PP. De hecho, sobre la empresa han recaído investigaciones judiciales: en 2014, una denuncia ante la Fiscalía de Murcia señaló a La Generala por posible malversación de fondos públicos y presunta financiación ilegal del Partido Popular ligada a contratos municipales. También se han documentado adjudicaciones anómalas en varios consistorios: en Torrevieja, el exalcalde Pedro Ángel Hernández (PP) fue condenado a tres años de cárcel por prevaricar al otorgar en 2004 el contrato de basuras a Grupo Generala, pese a que otra empresa obtenía mejor puntuación técnica.
En la Región de Murcia, se recuerda que el macrocontrato de ambulancias de 2019 (300 millones €) fue ganado por La Generala sin experiencia previa en el sector, lo que llevó a los competidores a impugnar la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia. Diversos testimonios anónimos de políticos y empresarios recabados por la prensa han descrito un “modus operandi” donde las empresas del grupo Hozono (La Generala) obtienen contratos recurrentes en ayuntamientos del PP, en ocasiones incorporando a nómina a exdirigentes o familiares de cargos públicos, lo que alimenta las sospechas de connivencia.
Ante estos antecedentes, la adjudicación de la Ciudad del Tenis a una empresa del Grupo Hozono ha suscitado críticas en la oposición municipal. Los grupos opositores cuestionan que el proyecto se haya licitado con un presupuesto tan bajo que de facto ahuyentaba a posibles competidores, quedando la obra en manos de la empresa “de confianza”. Recuerdan que otras firmas locales declinaron concurrir al considerar inviable ejecutar las pistas de tenis por 1,14 millones, dado el encarecimiento general de materiales y mano de obra en los últimos años.
Modificaciones de contrato: obras baratas que acaban caras
Uno de los aspectos subyacentes a esta polémica es la posibilidad de modificar el contrato durante la ejecución de la obra, incrementando el coste final. La legislación de contratos públicos permite introducir modificaciones siempre que estén justificadas por razones de interés público (mejoras técnicas, necesidades imprevistas, etc.). En particular, la Ley de Contratos del Sector Público fija un límite máximo del 50% de ampliación del presupuesto inicial de un contrato mediante modificados.
Es decir, sin salir de la legalidad el proyecto de 1,14 millones podría acabar costando hasta alrededor de 1,7 millones de euros si se aprueban trabajos adicionales complementarios. Estos aumentos deben contar con informes técnicos que los avalen y no alterar la naturaleza esencial del contrato, pero no requieren licitación nueva, al estar ya contemplada la figura del modificado en la normativa.
Este margen legal alimenta las sospechas de prácticas irregulares encubiertas. Fuentes del sector señalan que un proyecto presupuestado a la baja puede luego “compensarse” añadiendo partidas extra, conocidas comúnmente como modificados, durante la obra. De este modo, “lo que no se paga en el concurso se paga luego en el desarrollo”, critican. En el caso de la Ciudad del Tenis, la asociación de constructores teme que finalmente se aprueben incrementos de obra para cuadrar los números de la adjudicataria, lo cual estaría dentro de la ley, pero confirmaría que el precio inicial no era realista.
Esta práctica, aunque permitida por la normativa, perjudica la libre competencia –denuncian las empresas del sector– porque una licitación con presupuesto insuficiente disuade a licitadores serios y facilita que solo la empresa “de la casa” (aquella que confía en posteriores modificaciones) concurra y se lleve el contrato.
Por el momento, el Ayuntamiento de Murcia defiende la legalidad del proceso y la utilidad del proyecto deportivo para el municipio. La concejalía responsable no se ha pronunciado directamente sobre la queja de ACOMUR, más allá de afirmar que “todas las empresas podían presentarse en igualdad de condiciones”. No obstante, la patronal confía en que esta situación sirva de toque de atención: “La licitación de obras públicas que no tiene en cuenta la realidad […] y los precios de mercado lastra la rentabilidad de un sector que es imprescindible”, afirmó José Juan González (ACOMUR) tras interponer el recurso.
Los constructores insisten en la necesidad de presupuestar acorde al mercado para garantizar tanto la ejecución de calidad de las infraestructuras como la participación abierta de más empresas, evitando así que se repitan adjudicaciones polémicas como la de esta Ciudad del Tenis.
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