El documento clave del nuevo contrato de la televisión autonómica está fechado el 31 de julio, aunque la adjudicación se formalizó el 11 de septiembre
Gobierno regional y KPMG guardan silencio ante preguntas sobre la fecha del informe, el uso del contrato menor y las lagunas legales del plan
El futuro contrato de la televisión autonómica La 7, valorado en 100 millones de euros entre 2027 y 2032, suma un nuevo frente de polémica. Si en el día de ayer LasNoticiasRM adelantaba en exclusiva que el plan de viabilidad económica no detallaba cómo cumplir con las obligaciones legales de accesibilidad, financiación audiovisual y pluralismo, ahora se conoce un dato que cuestiona directamente la transparencia del procedimiento: el informe encargado a KPMG está fechado el 31 de julio de 2025, más de un mes antes de que el contrato fuera adjudicado oficialmente el 11 de septiembre de 2025.
Un informe hecho antes de adjudicar el contrato
El documento de viabilidad, publicado en la web de la Comunidad Autónoma como parte del expediente, aparece firmado el 31 de julio. Sin embargo, la adjudicación a KPMG por 18.029 euros (14.900 € sin impuestos) se formalizó semanas más tarde y se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de septiembre. Según la información oficial, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital utilizó un contrato menor y recibió únicamente una oferta, la de KPMG, lo que facilitó la adjudicación directa.
Además, según la información publicada, el plazo de ejecución del informe es de 4 meses, por lo que tomando por cierto este dato, el encargo se tuvo que realizar por el mes de marzo de este año.
La incongruencia es evidente: el informe ya estaba terminado antes de que el Gobierno regional autorizara y firmara el contrato que lo amparaba. En la práctica, esto significa que el trabajo se habría realizado sin cobertura contractual durante más de un mes, lo que plantea serias dudas sobre si se cumplió el procedimiento legal establecido para este tipo de adjudicaciones.
Qué dice la Ley de Contratos del Sector Público
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) es clara: cualquier prestación debe realizarse una vez perfeccionado el contrato, nunca antes. El artículo 36 de la norma establece que los contratos menores —como es el caso— deben formalizarse de manera previa al inicio de la prestación, aunque no sea necesaria su publicación en el BOE ni su elevación a escritura pública. Además, el artículo 28 obliga a motivar la necesidad del contrato y a justificar la elección del contratista.
La existencia de un informe fechado antes de la adjudicación pone en duda si realmente se cumplió el principio de necesidad y si se respetó el procedimiento legal. Si el trabajo estaba terminado antes de formalizarse, podría interpretarse que la adjudicación no fue más que un trámite para cubrir a posteriori una prestación ya realizada.
Falta de transparencia en un contrato estratégico
Este desfase temporal alimenta la percepción de opacidad en torno al futuro de La 7. Se trata de un contrato estratégico, con un presupuesto que crecerá un 30 % respecto al vigente y que compromete recursos públicos durante cinco años. Que la pieza central de todo el proceso —el estudio de viabilidad— aparezca con una fecha anterior a su adjudicación refuerza las sospechas de que no se está actuando con la transparencia y la seriedad que exige un contrato de esta magnitud.
Los contratos menores ya han sido objeto de críticas reiteradas por parte del Tribunal de Cuentas y de la Junta Consultiva de Contratación por su uso abusivo como vía de adjudicación directa. El caso de La 7 muestra un escenario aún más preocupante: no solo se utiliza un contrato menor para encargar un informe clave que servirá de base para gastar 100 millones de euros, sino que además el informe aparece realizado antes de que la Administración lo haya contratado formalmente.
Las dudas que deja la incongruencia
La principal pregunta es obvia: ¿cómo pudo estar terminado el informe el 31 de julio si el contrato no se adjudicó hasta el 11 de septiembre? Existen dos escenarios posibles, ambos problemáticos:
- Que KPMG elaborara el estudio sin contrato, a riesgo de no tener cobertura legal ni económica.
- Que existiera un acuerdo previo no formalizado, lo que supondría una adjudicación encubierta sin garantías de transparencia ni concurrencia.
En ambos casos, la seguridad jurídica del proceso queda comprometida y se abre la puerta a posibles impugnaciones.
Un plan de viabilidad cada vez más cuestionado
El contenido del informe ya había despertado recelos. El estudio de viabilidad no detalla cómo se cumplirán obligaciones legales básicas como:
- Subtitular el 90 % de los programas y emitir 15 horas semanales en lengua de signos y audiodescripción (art. 102 LGCA).
- Destinar el 6 % de los ingresos a financiar obra audiovisual europea e independiente (art. 118 LGCA).
- Respetar los límites de publicidad de 144 y 72 minutos diarios, ni las restricciones en informativos e infantiles (arts. 135–137 LGCA).
- Garantizar pluralismo informativo y diversidad cultural con indicadores claros (art. 5 LGCA).
Ahora, a estas deficiencias legales se suma una incoherencia formal que debilita todavía más la credibilidad del procedimiento.
Alegaciones y exposición pública
El plan de viabilidad se encuentra en exposición pública durante un mes, lo que permite a particulares y entidades presentar alegaciones. La incongruencia de fechas es un argumento de peso que puede reforzar la impugnación del documento. Si se demuestra que el procedimiento no respetó los plazos y formalidades, el Gobierno regional podría verse obligado a rehacer el informe o incluso a replantear todo el proceso de licitación.
En un contrato que ya genera críticas por su elevado coste y su oportunidad política, la aparición de un informe terminado antes de su adjudicación añade un elemento de opacidad difícil de justificar. Lo que debería ser un ejercicio de transparencia y planificación para garantizar la viabilidad de la televisión pública se convierte, cada día más, en un símbolo de la falta de rigor en la gestión pública de la Región de Murcia.
KPMG y la consejería guardan silencio
En el marco de esta investigación, LasNoticiasRM remitió un extenso cuestionario tanto a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital como a la consultora KPMG Asesores S.L., adjudicataria del contrato menor de 14.900 euros (18.029 € con IVA) para elaborar el plan de viabilidad.
Entre las preguntas dirigidas al Gobierno regional se solicitó aclarar cómo es posible que el informe figure fechado el 31 de julio, más de un mes antes de la adjudicación formal del 11 de septiembre, y si existió algún encargo previo sin cobertura contractual. También se pidió justificar por qué se recurrió a un contrato menor para un documento estratégico que servirá de base a un gasto de 100 millones, y por qué únicamente se recibió una oferta. Asimismo, se solicitó la memoria de necesidad, el informe de insuficiencia de medios y la justificación de la elección del contratista, así como aclaraciones sobre los mecanismos de control de legalidad y de validación del documento antes de su publicación.
En paralelo, se remitió a KPMG un escrito para conocer su posición sobre la datación del informe, la metodología empleada y los motivos por los que el plan no incorpora de manera explícita las obligaciones que fija la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de accesibilidad (art. 102), financiación de obra europea e independiente (art. 118), límites de publicidad (arts. 135–137) y pluralismo informativo (art. 5).
También se les preguntó si elaboraron anexos técnicos con cálculos de ingresos publicitarios, si existió un acta de entrega o control de versiones con fecha acreditada y si estarían dispuestos a subsanar o complementar el documento durante el periodo de exposición pública.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Consejería ni la consultora habían respondido a ninguna de estas cuestiones, lo que refuerza la sensación de opacidad que rodea a todo el proceso.
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