El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Participación Institucional de Murcia por vulnerar la Constitución

El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Participación Institucional de Murcia por vulnerar la Constitución
El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Participación Institucional de Murcia por vulnerar la Constitución

CCOO y UGT celebran el recurso y denuncian que la norma, impulsada por PP y VOX, supone un ataque al sindicalismo democrático

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno autonómico, tras las denuncias presentadas por los sindicatos CCOO y UGT.

Ambas organizaciones sindicales consideran que la reforma del artículo 6 de la Ley 5/2017 constituye una vulneración directa de varios artículos de la Constitución Española, concretamente los artículos 7, 9.2, 9.3, 14 y 103, además de suponer una invasión de competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.7.

Según los informes jurídicos de ambas centrales, la modificación de la norma —que elimina las compensaciones económicas a sindicatos y organizaciones empresariales por su participación en órganos consultivos— representa “un vaciamiento material de su papel constitucional, un trato desigual y una desnaturalización de la participación institucional”.

UGT y CCOO denuncian un impulso antisindical

Las secretarias generales de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, y de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, han valorado positivamente la decisión del Ministerio y han reafirmado su compromiso de agotar todas las vías legales para que el Tribunal Constitucional tumbe la reforma.

No se trata solo de un recorte de subvenciones, sino de un ataque frontal al sindicalismo democrático y de clase de este país”, ha declarado Sánchez. “Esta ley obedece a un impulso antisindical de la extrema derecha que el PP murciano ha aceptado sin reparos. Pretenden debilitar a quienes defienden los derechos de los trabajadores y poner fin a décadas de diálogo y concertación social”, ha añadido.

Por su parte, Teresa Fuentes ha recordado que “la solvencia económica de los sindicatos no depende de las subvenciones públicas, sino de las cuotas de afiliación, pero sí vamos a defender con todas las herramientas posibles un derecho constitucional consolidado durante décadas”.

Un ataque al diálogo social

Los sindicatos sostienen que la modificación de la Ley de Participación Institucional rompe el equilibrio del diálogo social al excluir a los agentes sociales de los espacios de concertación entre administraciones, sindicatos y patronal.

Lo que está en juego no es la tesorería de las organizaciones sindicales, sino los derechos laborales y democráticos alcanzados con la consolidación de la democracia en España”, han señalado. “Las derechas quieren tirar por tierra los avances logrados en materia de concertación y participación institucional, devolviendo al país a una etapa de imposición y silencio sindical”.

Recurso del Gobierno y nuevas acciones legales

Aunque el recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT han anunciado que continuarán recabando apoyos en otras instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ya que la interposición de un recurso parlamentario requiere el respaldo de al menos 50 diputados.

Ambas organizaciones también han adelantado que, una vez que la norma comience a aplicarse, interpondrán recursos contencioso-administrativos para frenar los efectos de una reforma que consideran “injusta y contraria al orden constitucional”.

Con este paso, el Ministerio de Trabajo asume los argumentos planteados por los sindicatos y eleva al Tribunal Constitucional la defensa de la participación institucional como pilar del Estado social y democrático de derecho, un principio que —según CCOO y UGT— “las derechas murcianas han intentado debilitar en beneficio de intereses partidistas”.

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