La empresa advierte que no es viable el actual contrato del servicio más allá del 14 de noviembre mientras el Ejecutivo murciano sopesa imponer la prórroga forzosa por falta de licitación
El servicio de atención de emergencias 112 de la Región de Murcia afronta una encrucijada crítica. La empresa concesionaria, Ilunion, ha comunicado por escrito que no desea seguir al frente del servicio más allá del próximo 14 de noviembre de 2025 en las condiciones actuales, fecha en la que expira el contrato adjudicado en 2021. La negativa es rotunda y se apoya en pérdidas económicas, sobrecarga laboral y ruptura del equilibrio financiero del contrato.
Pese a ello, el Gobierno regional no ha iniciado ningún procedimiento de licitación pública para garantizar la continuidad del servicio, y en el Palacio de San Esteban se valora aplicar la cláusula de prórroga forzosa prevista en el contrato inicial, lo que podría derivar en un conflicto jurídico y en nuevas tensiones laborales dentro de un servicio esencial para la seguridad ciudadana.
Ilunion avisa
La advertencia de Ilunion consta de forma inequívoca en las alegaciones presentadas por la empresa durante la tramitación de la segunda modificación del contrato del 112, aprobada el pasado julio. En ese escrito, la compañía reconoce “la importancia del servicio público” y acepta asumir el refuerzo temporal de personal hasta noviembre, pero deja constancia expresa de que no está dispuesta a prolongar la prestación ni un solo día más. Literalmente indican en su escrito que “no se debe proceder, en caso alguno, a la prórroga del contrato al que se está aludiendo”.
La empresa explica que las condiciones económicas actuales resultan insostenibles. Desde su punto de vista, los precios unitarios pactados en 2021 se han quedado obsoletos, y los costes laborales se han disparado por la subida del convenio estatal de telemarketing y el alto nivel de absentismo entre la plantilla. A esto se suma el incremento de la demanda operativa y la obligación de cubrir bajas sin compensación suficiente. Según la propia Ilunion, estas circunstancias provocan una “ruptura del equilibrio financiero” del contrato, que le genera pérdidas sostenidas desde 2023.
Aunque acepta mantener el servicio hasta noviembre “por responsabilidad institucional”, la empresa pide a la Comunidad que licite un nuevo contrato y evite la prórroga que permitiría alargar la concesión hasta noviembre de 2026. De lo contrario la empresa podría verse forzada a ejecutar el contrato en pérdidas o incluso a impugnar la decisión ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
El Gobierno regional no licita nuevo contrato y sopesa ampliar por la fuerza
A poco más de un mes de que expire el contrato actual, no figura en el Portal de Contratación ni en el Perfil del Contratante de la Comunidad Autónoma ningún expediente abierto para licitar el nuevo servicio del 112. La ausencia de actividad administrativa alimenta el temor a que el Ejecutivo regional intente recurrir a la prórroga unilateral, prevista en la cláusula quinta del contrato inicial, que establece que la Administración puede extender un año adicional el contrato si lo comunica al adjudicatario con al menos dos meses de antelación.
Esa posibilidad —aparentemente legal— plantea serios riesgos. En primer lugar, porque Ilunion ha dejado constancia de su negativa, y la imposición de una prórroga sin consenso podría derivar en reclamaciones patrimoniales y costes judiciales para la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, porque el contrato actual no contempla actualización de precios, lo que obligaría a la empresa a sostener un servicio deficitario durante otro año completo, con repercusiones directas en la calidad y en la estabilidad laboral de la plantilla.
Fuentes del sector consultadas por LasNoticiasRM.es apuntan a que, internamente, el Ejecutivo regional no tiene preparado ningún pliego para una nueva adjudicación y que los tiempos legales ya están agotados. Una licitación de este tipo —por importe superior a 9 millones de euros— requiere publicación previa, periodo de ofertas, informes técnicos y fiscalización, un proceso que no puede completarse antes de noviembre. Por tanto, la prórroga forzosa se perfila como la única salida administrativa que el Gobierno considera viable a corto plazo, aunque jurídicamente frágil.
La falta de previsión es difícil de justificar. El contrato inicial, firmado en noviembre de 2021, fijaba claramente su vigencia de cuatro años y su límite máximo de prórroga hasta 2026. La administración ha tenido tiempo más que suficiente para preparar una nueva licitación que corrigiera los problemas estructurales detectados, como la infradotación de coordinadores, los salarios precarios o la alta rotación del personal. Sin embargo, no lo ha hecho. La consecuencia es un escenario de incertidumbre total a escasas semanas de que expire un servicio esencial para los ciudadanos.
Un servicio esencial al borde del vacío legal y laboral
El 112 de la Región de Murcia atiende cada año más de medio millón de llamadas, canaliza emergencias sanitarias, accidentes de tráfico, incendios y rescates, y es la primera línea de respuesta ciudadana ante cualquier catástrofe. La sola posibilidad de que el contrato quede en el aire, o de que una prórroga forzada derive en conflicto con la empresa, supone un riesgo institucional sin precedentes.
El vacío administrativo no solo compromete la planificación del 112, sino también la legalidad de su financiación. Si la Comunidad recurre a una prórroga tácita o forzosa sin justificación suficiente, podría incurrir en nulidad contractual según la Ley de Contratos del Sector Público. Además, la empresa podría reclamar revisión de precios o indemnización por desequilibrio económico, encareciendo aún más el coste para el erario público.
El trasfondo del conflicto refleja un patrón recurrente: improvisación, opacidad y ausencia de planificación en un servicio esencial. Mientras el personal denuncia sobrecarga y falta de recursos, la Administración ha ido parcheando el contrato con modificaciones puntuales en lugar de afrontar una reforma estructural del modelo. La negativa de Ilunion a seguir pone al descubierto el límite de ese sistema: no se puede sostener un servicio de emergencias con empresas que advierten pérdidas, contratos caducados y plantillas exhaustas.
La situación deja al Gobierno regional ante un dilema urgente. O convoca de inmediato un nuevo concurso público —algo ya improbable por tiempos— o fuerza una prórroga que podría acabar en los tribunales. En cualquiera de los dos casos, la Región de Murcia se enfrenta a un nuevo episodio de incertidumbre institucional en la gestión de un servicio crítico.
A pocas semanas de que expire el contrato, no hay plan B visible. La única certeza, por ahora, es la que Ilunion dejó por escrito: “no se debe proceder, en caso alguno, a la prórroga del contrato”. El resto, una mezcla de improvisación política y silencio administrativo que, de prolongarse, podría poner en cuestión la propia capacidad del Gobierno regional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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