El Instituto Murciano de Acción Social carece de cobertura ante posibles daños o negligencias y no ha presentado ningún plan de acción para corregir su grave desequilibrio económico según la auditoría realizada por la Intervención General
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), organismo dependiente de la Comunidad Autónoma y responsable de la gestión de residencias, centros de día y servicios para personas mayores, dependientes y con discapacidad, ha operado durante el último ejercicio sin ningún tipo de seguro de responsabilidad civil ni de cobertura sobre sus instalaciones. Así lo advierte el informe de auditoría correspondiente a los ejercicios 2021-2023, que además revela un déficit financiero superior a los 12 millones de euros, falta de control interno y más de un millón en pagos sin regularizar.
Sin póliza de seguro ni cobertura institucional
El hallazgo más preocupante del informe es que el IMAS no tuvo contratada ninguna póliza de seguro durante el ejercicio auditado ni hasta la fecha. Esto significa que no existía cobertura frente a daños materiales, accidentes, incendios o posibles reclamaciones derivadas de la atención a usuarios en sus centros públicos y concertados.
Los auditores subrayan que esta situación no se refleja en la memoria de las cuentas anuales, un hecho que califican de grave, ya que supone ocultar información esencial sobre los riesgos de la entidad.
El documento advierte además de que se desconocen las consecuencias futuras que podrían derivarse de esta ausencia de seguro, especialmente teniendo en cuenta que el IMAS gestiona residencias, centros de menores, albergues y centros de atención a la dependencia en toda la Región de Murcia.
La falta de cobertura deja a la administración regional expuesta a responsabilidades patrimoniales y reclamaciones millonarias si se produjeran daños o negligencias en alguno de sus centros.
Déficit financiero superior a 12 millones de euros
El informe revela también que el IMAS presenta un fondo de maniobra negativo de 12.255.579,39 euros en 2022, lo que significa que el organismo tiene más deudas a corto plazo que recursos disponibles para hacerles frente.
La situación, que en 2021 alcanzaba un desequilibrio aún mayor (19,6 millones), no se refleja correctamente en las cuentas anuales, lo que vulnera el principio de imagen fiel de la contabilidad pública.
Los auditores consideran que esta situación refleja un problema estructural de liquidez que compromete la capacidad del IMAS para atender puntualmente sus obligaciones con proveedores, personal y entidades concertadas.
Más de un millón de euros en pagos pendientes de aplicar
El documento pone el foco además en la cuenta “Pagos devueltos”, que mantiene un saldo de 801.021 euros de ejercicios anteriores y que, lejos de reducirse, asciende ya a 1.016.737,46 euros al cierre de 2022.
La auditoría explica que no se han realizado gestiones efectivas para contactar con los beneficiarios de esos pagos —posiblemente ayudas sociales o subvenciones— ni se ha iniciado ningún proceso de regularización.
Esta situación implica una acumulación de saldos sin depurar, lo que impide conocer el destino final de parte de los fondos gestionados por el organismo y evidencia una deficiencia significativa en la gestión de tesorería y control administrativo.
Falta de control interno y procedimientos básicos
El IMAS carece de un manual de control interno que establezca los procedimientos administrativos y de gestión de sus actuaciones, según detalla la auditoría.
Esta carencia impide garantizar la trazabilidad y legalidad de los procesos administrativos, desde la autorización de un gasto hasta su pago o justificación.
Los auditores advierten que esta ausencia de procedimientos formales aumenta el riesgo de errores, irregularidades o actuaciones no sujetas a supervisión, especialmente en un organismo que gestiona un volumen tan elevado de fondos públicos y ayudas sociales.
Además, la entidad no tiene actualizada la vida útil de sus bienes en las fichas de inventario, lo que impide conocer el valor real de su patrimonio ni planificar correctamente las reposiciones o amortizaciones.
Sin medidas correctoras ni plan de acción
El informe concluye que el Instituto Murciano de Acción Social no ha presentado ningún plan de acción para corregir las deficiencias detectadas, pese a la gravedad de las conclusiones.
Los auditores recalcan que esta inacción agrava el riesgo de que los problemas señalados se repitan en ejercicios posteriores y que no existe constancia de iniciativas internas para corregir el déficit financiero o mejorar la gestión.
Ni el IMAS ni la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad han ofrecido hasta el momento explicaciones sobre las conclusiones del informe ni sobre las medidas que se adoptarán.
Riesgo institucional en la gestión de los servicios sociales públicos
El Instituto Murciano de Acción Social es el principal organismo de la Región de Murcia encargado de coordinar las políticas de atención a la dependencia, la gestión de residencias públicas, la financiación de centros concertados y los servicios de protección a menores y personas con discapacidad.
El hecho de que carezca de seguro de responsabilidad civil, presente un déficit financiero estructural y no disponga de mecanismos de control interno coloca en entredicho la seguridad jurídica y financiera del sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma.
Con más de 12 millones de euros de desequilibrio financiero, un millón en pagos no regularizados y sin cobertura ante posibles daños o reclamaciones, el informe del IMAS plantea serias dudas sobre la capacidad de gestión y supervisión de uno de los organismos más sensibles y esenciales del Gobierno regional.
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