Libertad robada

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«La Región de Murcia no respeta el derecho al aborto público, y muchas mujeres pagan con dolor y desplazamientos ese vacío«

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En la Región de Murcia, el derecho al aborto se ha convertido en una mentira con membrete institucional. Se proclama en leyes, se cita en discursos, se incluye en estadísticas, pero no se cumple en la vida real. Aquí, donde las mujeres deberían encontrar en la sanidad pública amparo, encuentran silencio, muros administrativos y un sistema que las aparta con la frialdad burocrática de quien convierte un derecho en una molestia. La ley dice que el aborto es un servicio sanitario garantizado.

La práctica dice que solo es posible si una empresa privada te atiende y el Gobierno regional lo paga. La paradoja es brutal: los fondos públicos sostienen el derecho, pero el sistema público lo niega. En Murcia, nueve de cada diez interrupciones del embarazo se practican en clínicas privadas. El hospital más cercano no es una opción, y el médico que debería atenderte se convierte en un espectador. No porque no pueda, sino porque el Gobierno regional ha decidido no asumir esa responsabilidad. No hay voluntad, no hay planificación y no hay empatía. Solo una norma que se cumple en los papeles y una cadena de contratos que mantienen a las mujeres fuera de la red pública.

Un sistema que convierte derechos en obstáculos

No hablamos de cifras frías ni de ideología. Hablamos de lo que siente una mujer cuando escucha de boca de un funcionario que no puede ser atendida en su hospital, que deberá desplazarse, que su caso se tramitará “por otro canal”. Hablamos del miedo a ser juzgada, del pudor que se instala donde debería haber acompañamiento. Hablamos de la soledad de una chica que cruza media región para llegar a una clínica concertada, sabiendo que en su centro de salud nadie ha querido ni mirarla a los ojos. Es el peso del estigma disfrazado de procedimiento. Es la vergüenza institucional que se cuela en el alma de quien solo quiere ejercer un derecho.

El Gobierno regional se escuda en la objeción de conciencia, pero la realidad es más simple y más cruel: no hay un problema de conciencia, hay un problema de cobardía política. Los hospitales podrían hacerlo, los profesionales están preparados, la ley lo exige. Pero el Partido Popular, con el silencio cómplice de Vox, ha decidido mantener el aborto en los márgenes del sistema. Se esconde tras eufemismos administrativos mientras paga millones a clínicas privadas. Y lo hace sabiendo que cada derivación es una renuncia, cada externalización es un paso atrás en igualdad. En lugar de normalizar, segrega; en lugar de proteger, estigmatiza.

Las mujeres que más sufren son las que menos cuentan

El resultado es un territorio donde las mujeres que más necesitan apoyo son las que más sufren. Las jóvenes sin recursos, las migrantes, las que viven lejos de las ciudades, las que no tienen coche ni dinero para un taxi, las que enfrentan el peso social de decidir. A ellas se les exige silencio, paciencia y resignación. A cambio, reciben puertas cerradas, citas tardías y una sensación de abandono que deja huella. Porque abortar en Murcia no es solo un trámite clínico: es una carrera de obstáculos diseñada por la indiferencia política.

Hay algo profundamente inhumano en todo esto. Un Gobierno que se define “provida” pero que condena a las mujeres a recorrer kilómetros para ejercer su libertad. Que presume de modernidad mientras convierte la sanidad pública en un espacio hostil para la autonomía femenina. Que prefiere proteger su alianza con la ultraderecha antes que garantizar un derecho que debería ser intocable. López Miras no puede hablar de respeto a la vida cuando priva a las mujeres del derecho a vivir la suya con dignidad. No puede hablar de valores cuando su política sanitaria expulsa del sistema a las que más necesitan cuidado, acompañamiento y empatía.

El aborto no es ideología, es humanidad

No se trata de un debate moral, sino de justicia. No se trata de ideología, sino de humanidad. El aborto no es una concesión, es un acto de libertad dentro de la ley. Es la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo sin miedo, sin vergüenza y sin tutelas. Y esa posibilidad, en la Región de Murcia, está secuestrada por un modelo que convierte la atención sanitaria en negocio y la conciencia política en cálculo electoral.

Es fácil hablar de familia y valores desde la tribuna. Es cómodo repetir consignas sobre la vida cuando no se ha tenido que pasar por una sala de espera, con el alma temblando y el reloj corriendo en contra. Pero la política no debería ser refugio de quienes nunca han mirado de frente el sufrimiento ajeno. La política debería estar del lado de las que sangran, de las que esperan, de las que no pueden más. En Murcia, el aborto no es un servicio: es una travesía en la que muchas mujeres caminan solas mientras el Gobierno mira hacia otro lado.

El espejo roto de la igualdad

En el fondo, esta historia no habla solo de sanidad. Habla de poder. Habla de quién decide y de quién obedece. Habla de un Gobierno que quiere mujeres agradecidas, calladas y dependientes. Mujeres que pidan permiso, que asuman el peso del estigma, que sientan culpa en lugar de derechos. Por eso, defender el aborto público no es una cuestión técnica, sino una batalla moral por la igualdad. Porque un Estado que externaliza los derechos de las mujeres está renunciando a su propia decencia.

Hay una frase que debería repetirse hasta grabarse en la conciencia de cualquier gobernante: sin autonomía reproductiva no hay libertad posible. Y mientras el aborto siga siendo tratado como un tabú subcontratado, la Región de Murcia seguirá siendo el espejo más oscuro de nuestra democracia. El silencio institucional seguirá cubriendo el dolor de las mujeres, y cada contrato con una clínica privada será un recordatorio de que el poder político sigue decidiendo quién merece ejercer su libertad y quién no.

Murcia podría ser ejemplo de justicia, pero ha preferido ser ejemplo de hipocresía. Podría liderar la igualdad, pero elige la cobardía. Y mientras tanto, miles de mujeres seguirán cruzando carreteras, esperando citas, buscando comprensión en un sistema que les da la espalda. El aborto no es una cuestión de fe, sino de respeto. Y ese respeto, aquí, está ausente.

A las mujeres de la Región solo les queda su fuerza, su rabia y su memoria. Porque los derechos que no se ejercen se pierden, y los gobiernos que los niegan algún día tendrán que responder ante la historia. Lo que ocurre en Murcia no es una excepción, es una advertencia. Y frente a esa advertencia, solo cabe una respuesta: no callar.

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