El grupo socialista denuncia “prepotencia” y “manipulación del reglamento” de la alcaldesa de Cartagena para apropiarse de iniciativas y limitar la crítica
El Grupo Municipal Socialista en Cartagena ha denunciado el “totalitarismo” con el que —a su juicio— actúa la alcaldesa Noelia Arroyo durante los plenos municipales, “para acallar a la oposición y a los vecinos” y ocultar una “nefasta gestión”. En una nota remitida por la formación, el portavoz Manolo Torres acusa a la regidora de “manipular la normativa del Pleno en su propio interés” y coartar la libertad de expresión de la ciudadanía que acude al Palacio Consistorial.
El origen inmediato del choque político se sitúa en la sesión de esta mañana, en la que —según el PSOE— Arroyo permitió que un concejal del equipo de gobierno modificara el objeto de una moción “in voce” para adueñarse de una iniciativa socialista relacionada con el reclamo al Gobierno de España del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. Ante las críticas del grupo proponente, la propia alcaldesa rectificó y recondujo la situación incorporando las propuestas como enmiendas, detalla la versión socialista. “Cada día se cree más emperadora con derecho absoluto a hacer lo que considera adecuado, en lugar de actuar como presidenta de un Pleno democrático”, afirmó Torres.
Lejos de circunscribirse a un cruce puntual, la denuncia del PSOE sitúa el episodio en un patrón que —según sostienen— se repite tanto en la dinámica plenaria como en el funcionamiento de las juntas vecinales. Para los socialistas, la alcaldesa “imita comportamientos que tanto criticó en otros” y utiliza su mayoría para estirar el reglamento y cerrar el paso a debates o intervenciones incómodas. Esta acusación se carga de especial significado en Cartagena, municipio donde —recuerdan desde la oposición— las demandas vecinales suelen encontrar fuerte eco público.
El cuartel de la Guardia Civil, eje del último choque plenario
El grupo socialista sitúa en la moción sobre el cuartel de la Guardia Civil el detonante del choque de este jueves. Asegura que el gobierno local “modificó in voce” el objeto de una iniciativa para “adueñarse” del contenido que el PSOE había propuesto, forzando la reacción del grupo proponente y una rectificación posterior de la alcaldesa, que transformó las propuestas en enmiendas.
Para Manolo Torres, lo sucedido no es un tecnicismo, sino una vulneración del espíritu del reglamento: “Intentan manipular la normativa del Pleno a su antojo”. El portavoz remarca que todas las formaciones deben regirse por las mismas reglas, sin atajos de última hora, y sostiene que permitir cambios “sobre la marcha” en el objeto de una moción distorsiona la iniciativa y desincentiva la labor de control y propuesta de la oposición.
En esta misma línea, el PSOE vincula el clima del Pleno con un uso expansivo de la presidencia: dirigir tiempos, admitir o no intervenciones, ordenar de determinada manera el debate o tutelar la incorporación de enmiendas. A su juicio, acumular decisiones discrecionales en la Presidencia puede alterar la equidad del debate y mover el marco a favor del equipo de gobierno, especialmente en asuntos sensibles que concitan la atención vecinal.
Multa de 600 euros a un vecino y “efecto desaliento” en el público
La crítica socialista se extiende al trato dispensado al público asistente. Torres sostiene que la presencia de agentes de Policía Local en el Palacio Consistorial “evidencia el propósito de callar a los vecinos” y denuncia una sanción de 600 euros a un representante vecinal por “supuestamente” alterar el desarrollo del Pleno. En palabras del portavoz, “basta con ver los vídeos para comprobar que la alcaldesa no le llamó la atención ni una sola vez”, argumento con el que cuestiona la proporcionalidad de la sanción y su fundamento.
El PSOE vincula medidas como esta con un “efecto desaliento” que enfría la participación ciudadana en los plenos, desincentivando a quienes quieren intervenir o simplemente mostrar su apoyo a determinadas reivindicaciones. De acuerdo con su relato, la presidencia debería garantizar el equilibrio entre el orden de la sesión y la libertad de expresión de quienes acuden a la Casa Consistorial, en lugar de alimentar una percepción de hostilidad hacia la ciudadanía crítica.
El grupo también recuerda episodios recientes en juntas vecinales. En Los Dolores, afirman, se produjo un plante del resto de grupos ante intentos de imponer la voluntad del equipo de gobierno; y en Molinos Marfagones se habría vivido una situación similar “hace unos días”. Además, en una reunión con vecinos en San Antón, el PSOE sostiene que la propia alcaldesa trató de acallar las réplicas del público. “Las leyes del silencio y del embudo son las únicas que entiende la alcaldesa”, remacha Torres en la nota.
La oposición habla de “deterioro democrático” y de una Cartagena menos dialogante
En el plano político, los socialistas elevan el tono al denunciar un “deterioro democrático” en Cartagena. Aseguran que Arroyo ha abandonado sus promesas de inicio de legislatura —“consenso y diálogo”— y que, por el contrario, “impone” ritmos y decisiones “para silenciar críticas” y “manipular” a los vecinos. El mensaje se inscribe en un marco territorial en el que la participación vecinal ha sido históricamente intensa y determinante para empujar cambios en la agenda pública local.
La formación socialista vincula estas prácticas a una estrategia para evitar debates incómodos y cortar la ventilación de reivindicaciones que atraviesan barrios y diputaciones. “Quien está bloqueando la actividad es el PP, porque no le interesa que se hable de su incapacidad para resolver los problemas de la gente”, concluye Torres, subrayando que “no lo van a conseguir”.
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