El PSOE acusa al Ayuntamiento de Molina de reciclar bonificaciones fiscales

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Molina de reciclar bonificaciones fiscales
El PSOE acusa al Ayuntamiento de Molina de reciclar bonificaciones fiscales

Exige rectificación por anunciar como “nuevas” bonificaciones vigentes desde 2018 en IAE, ICIO e Impuesto de Vehículos

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El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha exigido al gobierno local la “rectificación inmediata” de una publicación institucional en la que se presentaban como “nuevas” una serie de bonificaciones fiscales que, según denuncia el PSOE, están recogidas en las ordenanzas municipales desde 2018. La portavoz socialista, Isabel Gadea, califica el anuncio de “engañoso” y “una falta de respeto a los vecinos”, al atribuirse el equipo de gobierno —formado por PP y Vox— el impulso de medidas que ya estaban en vigor.

La controversia nace de un mensaje difundido a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, en el que se enumeraban ventajas fiscales vinculadas a varios tributos locales. Para el PSOE, no hay novedad real: las bonificaciones llevan años operativas y se encuentran detalladas en los textos normativos municipales. Por ello, el grupo exige que se retire la publicación o, al menos, se aclare de manera visible que las medidas no son nuevas, evitando inducir a error a la ciudadanía.

Bonificaciones ya recogidas en las ordenanzas fiscales

El núcleo de la crítica socialista se sostiene en el articulado de las ordenanzas fiscales vigentes. Según el grupo, las bonificaciones citadas por el Ayuntamiento están “textualmente recogidas” desde 2018 en varios apartados: la Disposición Tercera de la Ordenanza Reguladora de la Intervención y Control de Actividades; los artículos 10 y 11 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); el artículo 6 del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); y los artículos 5 y 7 del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En palabras de Gadea, “el gobierno local presenta como logro actual unas ayudas que ya existían, en lugar de traer propuestas nuevas que respondan a la realidad de 2025”.

El PSOE enfatiza que la claridad normativa es clave para la seguridad jurídica y para la confianza vecinal. Cuando la administración publicita como “novedad” lo que lleva años vigente, argumenta, “se diluye la rendición de cuentas” y se impide una evaluación veraz de la gestión. Además, recuerda que las ordenanzas se aprueban y modifican en Pleno, con publicación oficial, de modo que cualquier cambio real deja rastro normativo verificable. Presentar medidas preexistentes como si fueran recientes, sostienen, “no solo confunde: erosiona la credibilidad institucional”.

El debate sobre las bonificaciones también incide en el momento económico y social de Molina de Segura. El PSOE admite que los incentivos fiscales pueden facilitar actividad económica, aliviar cargas y favorecer inversiones, pero recalca que la verdadera discusión debe centrarse en si las bonificaciones actuales son suficientes, si responden a las prioridades del municipio y si conviene revisarlas, actualizarlas o complementarlas con nuevas líneas para pymes, autónomos o familias. “Eso exige iniciativa política y trabajo técnico, no relatar como novedad lo que ya estaba”, subraya Gadea.

“Propaganda” y falta de iniciativa: el reproche político

Para el Grupo Socialista, la publicación municipal encaja en un patrón de “propaganda” que, a su juicio, reemplaza la gestión por el marketing. “Es inaceptable que el gobierno municipal se apropie del trabajo de otros”, sostiene Gadea, quien acusa al Ejecutivo local de “falta de iniciativa” y de “jugar con las expectativas” de los molinenses. La polémica, además, abre un debate mayor sobre el uso de los canales institucionales: ¿deben emplearse para informar con rigor y neutralidad o para realzar un relato de partido?

En este punto, el PSOE llama a la “transparencia y el rigor” en la comunicación pública. Recuerda que los perfiles institucionales están sometidos a principios de neutralidad y servicio al interés general, por lo que anuncios con sesgo político o mensajes imprecisos pueden cruzar líneas rojas. A su juicio, ofrecer información incompleta o descontextualizada —como presentar como “nuevas” medidas ya vigentes— no cumple el estándar de comunicación institucional que se espera de un Ayuntamiento.

El grupo de la oposición, además, emplaza al gobierno local a abandonar “la confusión deliberada” y a presentar, si las tienen, propuestas fiscales nuevas que se sometan al cauce debido: informes técnicos, negociación política, aprobación en Pleno y posterior publicación oficial. “Gobernar no es reciclar lo que ya había —apuntan—, sino construir soluciones a los problemas reales de la gente.”

Antecedentes: denuncias por uso partidista de canales oficiales

El PSOE sitúa este episodio en una secuencia de “manipulación” en la comunicación institucional. Recuerda que a comienzos de año elevó una reclamación ante el Defensor del Pueblo por hechos “graves”, entre ellos la difusión de mensajes que atribuían falsamente al Gobierno de España la supresión de determinadas ayudas al transporte y el uso de canales de mensajería institucionales para lanzar propaganda con valoraciones partidistas. A juicio de los socialistas, este comportamiento “vulnera la neutralidad” de la administración y podría, incluso, rozar incumplimientos normativos vinculados a la protección de datos si se hubieran utilizado listados de difusión sin garantías.

Lejos de tratarse de un incidente aislado, subraya el PSOE, el anuncio de las bonificaciones “confirma una estrategia” en la que se “empaqueta” información para proyectar logros que no existen o que pertenecen a etapas anteriores. “Si se quieren cambios, que se documenten; si hay novedades, que se aprueben y se publiquen con luz y taquígrafos”, insisten, reivindicando prácticas de buen gobierno: trazabilidad de las decisiones, soporte técnico, fiscalización y respeto a la ciudadanía, que “merece información veraz y no propaganda”.

Ante esta situación, los socialistas reclaman una rectificación rápida y clara: retirar la publicación o incorporar de forma visible que las bonificaciones citadas no son nuevas, precisando la fecha de su incorporación al ordenamiento local y facilitando enlaces a las ordenanzas. Además, piden compromiso formal para que los canales institucionales se destinen exclusivamente a comunicación de servicio público, con datos completos, referencias normativas y sin apropiación partidista de medidas previas.

Una oportunidad para el rigor y el buen gobierno local

Más allá del cruce político, el caso abre una oportunidad para revisar y reforzar los estándares de comunicación del Ayuntamiento de Molina de Segura. El PSOE propone procedimientos internos que eviten ambigüedades: verificación previa de contenido por parte de los servicios jurídicos o económicos, inclusión de referencias normativas en cada anuncio fiscal y un protocolo de neutralidad que distinga con nitidez los mensajes institucionales de la propaganda de partido. De este modo —defienden— se blindaría la confianza ciudadana y se elevaría la calidad democrática municipal.

El grupo concluye que el gobierno local debe decidir si apuesta por “titulares fáciles” o por políticas públicas sólidas y verificables. En materia fiscal, sostienen, el reto está en adaptar las bonificaciones al contexto actual —inflación, costes energéticos, apoyo a emprendedores, transición verde— con nuevas medidas si son necesarias y con evaluación de impacto. Lo demás, advierten, “son espejismos comunicativos que duran lo que tarda en comprobarse la letra de las ordenanzas”.

A la espera de una respuesta municipal, el PSOE mantiene su petición: rectificación del anuncio, compromiso de transparencia y una agenda de propuestas reales que se sometan a debate público y a control democrático. Solo así, concluyen, “la política fiscal local tendrá credibilidad y podrá ser una herramienta útil para el tejido económico y para las familias de Molina de Segura”.

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