Elena Casado denuncia que el 99% de interrupciones se derivan a clínicas privadas y reclama a López Miras garantizar la prestación en hospitales públicos
El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE) desplegará una ofensiva institucional en los 45 ayuntamientos de la Región para exigir al Gobierno de Fernando López Miras que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública, en cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. La secretaria de Igualdad del PSRM, Elena Casado, anunció la presentación de mociones municipales coordinadas, en paralelo a la iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional el 7 de octubre, que también pide el blindaje constitucional del derecho al aborto.
Casado sitúa la acción socialista como respuesta a lo que califica de “inacción” del Partido Popular y de Vox en materia de derechos de las mujeres. Según la dirigente, el Gobierno regional ha “expulsado” de facto a las mujeres de la sanidad pública cuando necesitan interrumpir su embarazo: en la Región de Murcia, solo el 0,9% de las intervenciones se realizan en hospitales públicos y más del 99% se derivan a centros privados, una práctica que, en su opinión, vulnera el derecho a una prestación sanitaria que debería estar garantizada en el sistema público.
Datos: el 0,9% en hospitales públicos y más de un millón anual a clínicas privadas
El PSRM sostiene que la derivación masiva al sector privado no responde a criterios clínicos o de capacidad puntual, sino a una política sostenida que ha convertido un derecho reconocido en una prestación externalizada. De acuerdo con los datos difundidos por la formación, el Servicio Murciano de Salud practica solo el 0,9% de las interrupciones del embarazo y externaliza el resto, destinando cada año más de un millón de euros a clínicas privadas para cubrir un servicio que —inciden— podría realizarse en centros públicos “con un coste mínimo”.
Para el PSRM, esta práctica tiene efectos sanitarios y sociales: refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y transmite la idea de que el aborto no forma parte del cuidado sanitario común. Al desplazar el procedimiento fuera del sistema público, señalan, se debilita la garantía universal y el control público de una actividad clínica que debe estar sujeta a protocolos, estándares de calidad y criterios de equidad. En esta línea, Casado subraya que “el aborto es un derecho reproductivo reconocido” y recuerda que la legislación vigente establece su prestación en el Sistema Nacional de Salud.
Desde una perspectiva de gestión, el PSRM cuestiona las prioridades presupuestarias del Ejecutivo autonómico: si los hospitales públicos están preparados para realizar la intervención con recursos propios, no se justificaría —sostiene— una derivación sistemática que encarece el servicio y lo saca del circuito asistencial común. El partido insiste en que la Región de Murcia debe garantizar este derecho en las mismas condiciones de acceso, calidad y seguridad que cualquier otra prestación sanitaria recogida en la cartera pública.
Ofensiva política y constitucional: mociones en ayuntamientos y Asamblea Regional
El paquete de mociones que el PSRM llevará a los plenos municipales exigirá al Gobierno regional que asegure la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública. En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una moción en la Asamblea Regional (7 de octubre) con el mismo objetivo y con una petición adicional: blindar el derecho al aborto en la Constitución, una línea que —recuerdan— conecta con la decisión del Gobierno de España de aprobar el anteproyecto de reforma constitucional para garantizar este derecho. Para el socialismo murciano, se trata de “un paso histórico” que busca consolidar un consenso social ampliamente mayoritario.
Casado enmarca la iniciativa en un contexto que describe como “ola reaccionaria” donde los derechos de las mujeres estarían en el foco de recortes. En el caso de la Región de Murcia, acusa al PP y a la ultraderecha de “amenazar directamente” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, defiende que la respuesta debe ser institucional, clara y garantista, con acuerdos en corporaciones locales y en el Parlamento autonómico que obliguen al Ejecutivo regional a integrar plenamente la prestación en los hospitales públicos.
El PSRM enfatiza además la dimensión territorial de su estrategia: la presentación simultánea de mociones en los 45 ayuntamientos pretende activar el debate en todo el mapa municipal de la Región, visibilizar las limitaciones reales de acceso y forzar compromisos concretos de los equipos de gobierno locales y del Ejecutivo autonómico. La formación considera que los ayuntamientos son clave para documentar obstáculos, tiempos de espera, circuitos de derivación y disponibilidad de profesionales, de cara a revertir la situación y normalizar la prestación en el ámbito público.
Crítica a la ‘privatización’ y apelación a la sanidad pública
En su diagnóstico, la “privatización de un derecho” no solo repercute en costes y transparencia: también acentúa desigualdades. Las mujeres con menos recursos o con mayor vulnerabilidad social pueden enfrentar barreras adicionales —desplazamientos, tiempos, información— cuando la prestación se saca del hospital público y se concentra en circuitos externos. El PSRM plantea que mantener el aborto en la red pública favorece la coordinación asistencial, la continuidad de cuidados y el acceso temprano a anticoncepción y salud sexual, elementos que forman parte de la misma política pública.
Elena Casado reitera que “las mujeres debemos poder decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro proyecto de vida” y sostiene que el blindaje constitucional y la ejecución efectiva en hospitales son dos planos inseparables para asegurar el derecho en el día a día. La responsable de Igualdad del PSRM concluye que “no se puede permitir retroceder en derechos conquistados hace décadas” y que la Región de Murcia debe alinearse con un estándar de garantía plena en el Sistema Nacional de Salud.
La nota socialista no incorpora la versión del Gobierno regional sobre los motivos de la derivación masiva al sector privado, la planificación de recursos o los criterios organizativos del Servicio Murciano de Salud en esta materia. No consta en el comunicado la posición del Ejecutivo autonómico, que será determinante para conocer si plantea cambios en la provisión o si defiende el actual modelo de externalización de la prestación.
En términos políticos, la ofensiva del PSRM sitúa en el centro la transparencia, la equidad y la calidad democrática de la gestión sanitaria: si un derecho está reconocido y financiado con fondos públicos, debe prestarse en la red pública con garantías homogéneas, control institucional y rendición de cuentas. La derivación sistemática a clínicas privadas —argumentan— opaca el seguimiento de indicadores clave y dificulta el escrutinio ciudadano sobre tiempos, resultados y costes. Para el socialismo murciano, la normalización del aborto en hospitales no es solo una cuestión ideológica: es una obligación de gestión que el Gobierno de López Miras tiene que asumir si quiere afirmar que defiende la igualdad de derechos en toda la Región.
La discusión volverá ahora a los plenos municipales y a la Asamblea Regional, donde se medirá el alcance real de los compromisos de cada grupo. El debate no es abstracto: afecta a miles de mujeres de la Región de Murcia que cada año necesitan certezas, tiempos razonables y acompañamiento dentro del sistema público, sin estigmas ni puertas giratorias hacia el sector privado. El PSRM promete persistir hasta que el aborto sea una prestación normalizada en los hospitales y blindada por la Constitución. La pelota queda en el tejado del Ejecutivo regional.
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