La auditoría revela 25 millones de euros sin respaldo documental, graves incumplimientos contables y ausencia de control interno en el CEIS, que además no ha presentado plan de acción
El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), organismo dependiente del Gobierno regional, ha recibido un informe de auditoría demoledor que pone de manifiesto graves irregularidades económicas, contables y legales en su gestión. El documento, que analiza los ejercicios 2018-2023, evidencia que el consorcio no ha presentado ningún plan de acción para corregir las deficiencias detectadas, a pesar de manejar un presupuesto millonario y prestar un servicio esencial para la seguridad ciudadana.
Más de 11 millones de euros en transferencias sin destino justificado
Los auditores detectan que el CEIS mantiene 11.596.955,68 euros de transferencias públicas sin aplicar a su finalidad, un importe procedente de la Comunidad Autónoma destinado a financiar gastos corrientes que ni se ha ejecutado ni se ha devuelto. En otras palabras, fondos públicos que permanecen inmovilizados sin justificación.
A ello se añade que el consorcio no ha saldado la deuda con la propia Comunidad Autónoma derivada de la diferencia entre las transferencias recibidas y los gastos reales financiados, lo que agrava la falta de transparencia presupuestaria. Según el informe, no consta la existencia de informes explicativos ni de documentación contable que acredite el destino efectivo de estas partidas.
Fondos públicos y activos sin respaldo documental
El documento también alerta de la inexistencia de justificantes para la mayor parte del patrimonio del CEIS. No se ha aportado documentación sobre el 56% del inmovilizado material, valorado en 18,7 millones de euros, ni sobre el 92% del inmovilizado intangible, cifrado en 478.000 euros. En total, más de 19 millones en activos públicos sin respaldo documental ni trazabilidad contable.
Los auditores añaden que tampoco se ha podido verificar la justificación de subvenciones recibidas por 5,4 millones de euros ni de aportaciones consorciales por más de un millón, lo que eleva a más de 25 millones de euros la cuantía total afectada por falta de documentación.
La ausencia de registros y soportes contables impide, según el informe, “emitir una opinión razonable sobre la imagen fiel del patrimonio del consorcio”.
Sueldos por encima de los límites legales y masa salarial no autorizada
Otro de los hallazgos más relevantes se refiere a las retribuciones del personal. El CEIS no remitió a la Consejería de Hacienda la certificación obligatoria de su masa salarial, un trámite indispensable para fijar los límites retributivos anuales del sector público regional.
El informe también confirma que tres trabajadores del consorcio perciben sueldos superiores al de un director general de la Comunidad Autónoma (57.513,76 euros), sin que exista autorización o justificación documental. Esta situación contraviene la normativa regional sobre control de gasto de personal y evidencia la falta de supervisión en las nóminas del organismo.
Errores contables y aplicación irregular de fondos
La auditoría revela además fallos graves en la gestión contable:
- El CEIS aplica el principio de caja en lugar del de devengo, lo que provoca que gastos e ingresos se registren fuera del ejercicio correspondiente.
- En 2022 no se reconoció el gasto por Seguridad Social del mes de diciembre, por valor de 503.899 euros, que se contabilizó en 2023.
- Las tasas por servicios de extinción de incendios gestionadas a través de la Agencia Tributaria regional presentan retrasos de hasta año y medio en su liquidación y cobro, sin que se haya corregido la incidencia.
Estas deficiencias contables alteran el resultado económico del consorcio y ponen en duda la fiabilidad de las cuentas anuales.
Incumplimientos legales y ausencia de control interno
El informe detalla una larga lista de incumplimientos normativos que evidencian una gestión desorganizada y poco transparente:
- Cuentas anuales formuladas fuera de plazo y sin toda la documentación requerida por el Decreto 299/2017.
- Falta de adaptación de los estatutos a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, pendiente desde hace una década.
- Inexistencia de contabilidad analítica o de costes, obligatoria para los entes públicos.
- Ausencia de Reglamento de Régimen Interior, que debería establecer la estructura y funciones internas.
- Transferencias de financiación sin aplicar a su finalidad y falta de remisión de información periódica a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
Además, el informe advierte de que el consorcio no acredita el cumplimiento del destino de las contribuciones especiales recibidas de las aseguradoras, que deben dedicarse exclusivamente a inversiones en el servicio, y carece de procedimientos para controlar las tasas de extinción.
Opacidad en la gestión y falta de transparencia pública
El Consorcio de Bomberos incumple la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana, al no publicar su organigrama, plantilla, retribuciones, directorio de personal ni información sobre liberaciones sindicales.
Tampoco ofrece información actualizada sobre contratos públicos, relaciones de puestos de trabajo o indicadores de gestión, vulnerando los artículos 13 y 14 de la citada norma autonómica.
El informe concluye que estas omisiones impiden el ejercicio del control ciudadano sobre el uso de fondos públicos y sitúan al CEIS “fuera de los estándares mínimos de transparencia institucional exigibles a la Administración regional”.
Sin plan de acción ni medidas correctoras
A pesar de la gravedad de las conclusiones, los auditores certifican que el CEIS no ha presentado ningún plan de acción para corregir las deficiencias detectadas.
La falta de respuesta oficial y la persistencia de irregularidades contables, retributivas y legales evidencian un problema estructural de gestión y control público dentro del organismo, responsable directo de la protección civil y la seguridad en toda la Región de Murcia.
Con más de 11 millones de euros de fondos públicos sin aplicar, 25 millones sin documentación y salarios que superan los límites legales, el Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia se enfrenta a una seria crisis de credibilidad institucional. Una situación que deja abierta una pregunta de fondo: ¿quién fiscaliza a los que gestionan los servicios esenciales cuando ni siquiera rinden cuentas de su propio gasto público?
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