El dictamen 242/2025 confirma que el Gobierno regional comprometió un gasto sin fiscalización previa ni crédito suficiente, y que el acuerdo fue firmado por un órgano incompetente
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha confirmado una serie de irregularidades administrativas cometidas por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, en relación con la adhesión de la Comunidad Autónoma a la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC España). El órgano consultivo regional emitió su Dictamen nº 242/2025, en el que detalla que la Consejería asumió una obligación de gasto sin fiscalización previa ni certificación presupuestaria, y que la resolución de adhesión fue firmada por un órgano sin competencia jerárquica para ello.
Gasto sin control previo ni autorización presupuestaria
Según el dictamen, la Intervención Delegada de la Consejería advirtió ya en diciembre de 2024 la omisión de fiscalización previa, al haberse aprobado la adhesión a la asociación PEFC —una entidad privada sin ánimo de lucro que promueve la gestión forestal sostenible— sin el preceptivo control de la Intervención. Esa decisión, explica el documento, implicaba “un compromiso de gasto cierto a favor de un tercero” que debía haberse sometido al control preventivo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Control Interno.
El CJRM señala además que, en el momento de la adhesión, no existía constancia de crédito suficiente y adecuado para atender la cuota anual correspondiente al año 2024. La Consejería solo pudo acreditar esa disponibilidad siete meses después, mediante certificado económico emitido el 23 de julio de 2025, lo que permitió regularizar a posteriori el gasto.
El dictamen deja constancia de que el pago —por importe de 6.139 euros— se justificó finalmente como una cuota anual completa, sin prorrateo, al haberse formalizado la adhesión una vez iniciado el ejercicio presupuestario.
Una resolución firmada por un órgano sin competencia
Otro de los aspectos más graves que recoge el informe del Consejo Jurídico es que la solicitud de adhesión no fue suscrita por el titular de la Consejería, como exige la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia, sino por otro responsable administrativo sin capacidad legal para asumir obligaciones económicas en nombre de la Administración regional.
La Intervención Delegada advirtió de esta incompetencia jerárquica, señalando que la adhesión y el gasto derivado “solo podían ser autorizados por el consejero”, y que su firma por otro cargo vulneraba el principio de competencia administrativa. Esta irregularidad tuvo que ser posteriormente convalidada por una orden del propio consejero el 4 de julio de 2025, que subsanó el vicio de procedimiento y dotó de validez retroactiva al acto.
El CJRM convalida el gasto, pero advierte del incumplimiento
En su análisis jurídico, el Consejo considera que los defectos detectados son “subsanables” y no determinan la nulidad del acto, pero recuerda que la actuación de la Consejería incumplió las normas básicas de fiscalización y control financiero. El dictamen concluye que la omisión de fiscalización “no puede considerarse una omisión absoluta o insubsanable, sino una deficiencia formal”, y avala la convalidación del gasto por razones de interés público, al tratarse de un importe reducido y ya respaldado con crédito disponible.
Aun así, el CJRM deja claro que los incumplimientos son tres:
- Omisión de la fiscalización previa del gasto.
- Firma del acuerdo por un órgano jerárquicamente incompetente.
- Falta de crédito suficiente en el momento del compromiso.
En consecuencia, el Consejo Jurídico autoriza la regularización del pago únicamente después de que la Consejería haya corregido todas las deficiencias detectadas.
Una actuación que evidencia falta de control en el gasto público
La adhesión de la Comunidad Autónoma a PEFC España se aprobó por resolución del 1 de mayo de 2024, y su tramitación irregular obligó a la Consejería a acudir al máximo órgano consultivo jurídico de la Región para “salvar” la legalidad del procedimiento.
El caso evidencia, según el propio dictamen, deficiencias estructurales en los mecanismos de control interno de la Administración regional, al haberse suscrito compromisos económicos sin el preceptivo visado ni autorización formal.
Aunque el CJRM ha considerado que el error puede ser convalidado, el episodio pone en cuestión la diligencia del Gobierno regional en la gestión de fondos públicos, más aún tratándose de una adhesión vinculada a la sostenibilidad y la gestión forestal, ámbitos de máxima responsabilidad institucional por su repercusión en el Mar Menor y el patrimonio ambiental de la Región.
En definitiva, el dictamen 242/2025 constituye una nueva advertencia sobre la falta de rigor administrativo en la gestión económica de la Consejería de Medio Ambiente, que debió regularizar a posteriori un gasto asumido sin control, sin crédito y sin la firma del órgano competente.
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