El informe de auditoría detecta pasivos no contabilizados, bienes públicos sin registrar y falta de publicación de contratos en COREM, que además no ha presentado plan de acción para corregir las deficiencias
El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia (COREM), ente público encargado de coordinar el tratamiento de los residuos urbanos de buena parte de la Región, ha recibido un duro informe de auditoría que revela múltiples irregularidades contables, deficiencias de control interno y falta de transparencia en sus contratos públicos.
Según el documento, al que ha tenido acceso LasNoticiasRM.es, COREM no ha presentado ningún plan de acción para corregir las incidencias detectadas en ejercicios anteriores, a pesar de manejar un presupuesto que supera los 33 millones de euros anuales. Los auditores advierten de ausencia de documentación justificativa, errores contables relevantes y omisión de información obligatoria ante los órganos de fiscalización.
Bienes públicos sin registrar y errores en el patrimonio del consorcio
Uno de los hallazgos más significativos es la falta de control sobre los bienes e instalaciones que gestiona el consorcio. El informe indica que en 2009 se dieron de baja elementos de inmovilizado por valor de 19,1 millones de euros que fueron cedidos gratuitamente a la empresa UTE CETRASE —y posteriormente a URBASER— sin que conste una valoración individual de los activos ni de su reversión posterior.
Los auditores señalan que bienes valorados en 1,2 millones de euros no figuran actualmente en la contabilidad del organismo, pese a continuar en uso. Además, el consorcio no ha realizado las correcciones valorativas necesarias ni ha aplicado adecuadamente las amortizaciones, llegando incluso a computar en 2017 gastos de amortización sobre activos que no estaban operativos.
Esta práctica, según el informe, distorsiona la imagen fiel del patrimonio público gestionado e impide conocer el valor real de los bienes cedidos a las empresas explotadoras del servicio.
Subvenciones sin justificar y deudas no reflejadas en las cuentas
La auditoría también pone de manifiesto la falta de documentación justificativa de subvenciones por 1,1 millones de euros y de activos inmovilizados por más de 11 millones, lo que impide verificar su trazabilidad y correcta valoración.
El informe detecta además pasivos no contabilizados con las empresas URBASER S.A. y Limpieza Municipal de Lorca S.A., por importes de 1,1 millones y 283.989 euros respectivamente. Estos importes no figuran en el balance general del consorcio, lo que, según los auditores, infravalora los gastos reales y altera el resultado económico-patrimonial del ejercicio.
También se evidencian desajustes en la facturación a los ayuntamientos consorciados y a Ecoembalajes España S.A., al reconocer ingresos fuera del ejercicio correspondiente, lo que vulnera el principio de devengo contable.
Contrataciones sin publicidad y fraccionamiento de servicios
El informe dedica un apartado completo a las deficiencias en la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Entre ellas, destaca que el contrato de emergencia para la eliminación del rechazo no se publicó en el perfil del contratante, como exige la ley.
Asimismo, se constata que los servicios de asesoría laboral han sido adjudicados durante varios ejercicios mediante contratos menores a la empresa J.A. Tomás Asesores S.L., una práctica reiterada desde 2015 que contraviene el artículo 29 de la LCSP, al tratarse de un servicio continuado y de duración superior a un año.
Qué establece la ley sobre los contratos menores
El artículo 29.1 de la LCSP limita la duración de los contratos menores a un máximo de doce meses sin posibilidad de prórroga, y el artículo 118 exige que se reserven exclusivamente para necesidades puntuales y no recurrentes.
El uso repetido de esta modalidad —añaden los auditores— equivale en la práctica a un fraccionamiento del contrato, una técnica prohibida por la ley para evitar la competencia pública y el control de precios.
Cuentas fuera de plazo y falta de control presupuestario
COREM también incumple las normas básicas de rendición de cuentas. El informe acredita que las cuentas anuales no se formularon dentro del plazo legal de tres meses, según el Decreto 299/2017, y que los estados de ejecución presupuestaria carecen de memoria explicativa que justifique las variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado.
Los auditores constatan además que no se remitió al Tribunal de Cuentas ni a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos la documentación obligatoria, un hecho que “rompe la cadena de control institucional” y deja sin supervisión directa la gestión de fondos públicos.
Un presupuesto elevado con gestión externalizada
El presupuesto aprobado por COREM para 2025 asciende a 33,9 millones de euros, con 22,4 millones destinados a contratos de bienes y servicios, 466.000 euros a personal propio y 11,6 millones en inversiones reales, según datos publicados en el BORM.
Esta estructura confirma que el consorcio funciona con un modelo de gestión externalizada, donde la mayor parte del presupuesto se canaliza a través de contratos con empresas privadas. Ello refuerza la necesidad de un control estricto y transparente, precisamente el aspecto donde los auditores detectan las mayores deficiencias.
Sin medidas correctoras ni respuesta institucional
Pese a la gravedad de las conclusiones, el informe deja constancia de que el consorcio no ha presentado plan de acción para corregir las irregularidades detectadas.
La ausencia de respuesta y la falta de mecanismos de corrección consolidan una imagen de gestión deficiente y escasa transparencia en una entidad que maneja fondos públicos esenciales para el funcionamiento del sistema regional de tratamiento de residuos.
El informe plantea, en definitiva, una cuestión de fondo: cómo puede garantizar la correcta gestión de los residuos de la Región un consorcio que ni siquiera cumple las obligaciones básicas de transparencia y control público sobre sus propias cuentas.
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