«Mientras una ONG o asociación vecinal debe justificar hasta el último euro, las entidades religiosas operan en una zona gris: con control interno, pero sin fiscalización externa»
La reciente petición del Obispado de Cartagena a la Cofradía Marraja para que entregue sus cuentas ha reabierto un debate necesario: ¿Quién controla el dinero de la fe? En una Región donde las cofradías forman parte del alma cultural y del paisaje económico, la transparencia sigue siendo una tarea pendiente.
Las cofradías murcianas no son simples asociaciones devocionales. Son instituciones culturales y sociales con estructura propia, juntas directivas, patrimonio histórico y capacidad de gestión.
Reciben ayudas del Gobierno regional y de los Ayuntamientos, organizan actos que ocupan el espacio público y mueven importantes recursos económicos.
Sin embargo, no están sometidas a los mismos controles que cualquier entidad subvencionada. No hay auditorías externas obligatorias ni obligación de publicar balances. La Diócesis de Cartagena ha intentado imponer un plan contable para poner orden, pero su aplicación es desigual. Algunas hermandades cumplen, otras no.
Así, la paradoja es clara: una institución que maneja dinero público puede hacerlo sin rendir cuentas públicamente. El debate no es teológico, sino democrático.
Si una cofradía o una diócesis reciben fondos públicos, debe aceptar las mismas normas de transparencia que cualquier organización civil. La fe no puede ser una excepción. Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 mantienen a la Iglesia bajo un régimen económico prácticamente blindado.
Mientras una ONG o asociación vecinal debe justificar hasta el último euro, las entidades religiosas operan en una zona gris: con control interno, pero sin fiscalización externa. No se trata de sospechar irregularidades, sino de asumir que la confianza sin control es poder sin responsabilidad. Y en democracia, eso no es admisible.
¿Y quién controla a la Diócesis?
La respuesta es sencilla, pero inquietante: nadie fuera de la Iglesia. El obispo y su Consejo de Asuntos Económicos gestionan donativos, rentas, subvenciones y fondos del IRPF sin obligación de publicar balances globales ni someterse a auditorías civiles. Cuando recibe ayudas públicas concretas por restauraciones, proyectos educativos o patrimonio las justifica formalmente, pero el conjunto de sus finanzas permanece opaco. A la vez que exige a las cofradías rendir cuentas, la Diócesis no da ejemplo de apertura ni de transparencia. Esa incoherencia debilita su autoridad moral y erosiona la confianza social.
La devoción no se debilita por rendir cuentas; al contrario, se fortalece. La Semana Santa murciana es orgullo, arte y tradición. Pero si quiere seguir siendo patrimonio de todos, debe cumplir las mismas reglas que todos.
Publicar las cuentas anuales, someter presupuestos a auditorías independientes y detallar el uso del dinero público serían gestos de coherencia, no de amenaza.
La Iglesia habla de verdad y de luz; la ciudadanía pide control y claridad. En el fondo, es la misma exigencia: transparencia. Murcia necesita una fe con luz y taquígrafos, una Iglesia moderna, responsable y abierta. Porque la confianza no se reza: se demuestra con hechos y con cuentas claras.
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