Según la Intervención General de la CARM, persisten deficiencias relevantes sin un plan de acción completo remitido en plazo
El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) vuelve a situarse en el foco del control financiero público tras la publicación de un documento de la Intervención General que detalla las incidencias relevantes aún pendientes de resolución derivadas de la auditoría financiera de sus cuentas de 2022. El informe, al que ha tenido acceso LasNoticiasRM, refleja que parte de los problemas detectados continúan sin medidas correctoras suficientes o directamente sin planificarse, lo que evidencia una falta de avance en la depuración de responsabilidades y en la prevención de errores administrativos dentro del organismo financiero del Gobierno regional.
La Intervención recuerda que la Consejería de adscripción estaba obligada, por ley, a remitir un plan de acción en un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la auditoría. Sin embargo, el documento indica que, a fecha de valoración, persisten incidencias no resueltas y, en algunos casos, no se ha planteado ninguna medida para solventarlas, lo que activa automáticamente el deber de publicación pública de estos incumplimientos.
La obligación legal de remitir un plan de acción
De acuerdo con la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2023, las entidades auditadas deben remitir un plan de acción completo, con medidas correctoras y un calendario de ejecución, en un plazo tasado de tres meses. Según señala la Intervención General en su valoración, la supervisión se realiza precisamente para comprobar si ese plan existe, si se ha remitido en tiempo y forma y si contiene actuaciones sólidas para solventar las debilidades detectadas en la auditoría.
El documento publicado advierte expresamente que debe hacerse público cuando una entidad no remite el plan en plazo o cuando las incidencias relevantes de auditorías anteriores permanecen sin resolver. Que aparezca ahora esta relación vinculada al ICREF demuestra que, como mínimo, existe un nivel de incumplimiento suficientemente significativo como para que la Intervención haya debido activar ese mecanismo de transparencia.
Además, según la información difundida, parte de las incidencias provienen de ejercicios anteriores y continúan sin resolución o sin medidas correctoras propuestas, lo que plantea dudas sobre el funcionamiento interno del organismo y su capacidad para aplicar procesos adecuados de supervisión financiera.
Persisten debilidades y errores detectados por la auditoría de 2022
La auditora interna de la Comunidad señala que todavía están pendientes de subsanar “debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes”, tal como consta en el documento de valoración incluido en el Plan de Control Financiero de 2024. Aunque el informe publicado no desglosa de forma abierta el detalle completo —al encontrarse en un archivo PDF incrustado dentro del propio documento— sí confirma que las incidencias detectadas por la auditoría financiera quedaron registradas y siguen sin corregirse plenamente.
La Intervención especifica que su informe incorpora tanto aquellas incidencias que han sido incluidas en el plan de acción como las que no cuentan con medida alguna, así como los casos en que no se ha remitido el plan correspondiente. Esto último es especialmente grave, puesto que constituye un incumplimiento directo de la normativa presupuestaria regional.
A falta de conocer el detalle interno del documento adjunto —donde se enumeran una a una las incidencias pendientes— la publicación oficial ya constituye un reconocimiento por parte del Gobierno regional de que existen fallos relevantes de gestión no corregidos en el principal organismo financiero público de la Comunidad.
Un organismo clave con problemas estructurales de control
El ICREF es la entidad encargada de gestionar operaciones de crédito público, coordinar la financiación de la Comunidad Autónoma y ejercer un papel estratégico en el equilibrio presupuestario regional. Que un organismo de este perfil acumule incidencias sin corregir durante varios ejercicios implica riesgos evidentes: posibles errores en la gestión de operaciones financieras, insuficiencia de controles internos, deficiencias en procedimientos administrativos o problemas en la trazabilidad documental.
La Intervención, en su informe, recuerda también la existencia de la Instrucción de 4 de febrero de 2021, que regula el procedimiento para proponer y hacer seguimiento de medidas correctoras. Que todavía existan incidencias sin planificación correctora sugiere que el ICREF no está cumpliendo plenamente con ese protocolo interno, lo que debilita el sistema de control financiero de la Comunidad.
Este tipo de advertencias son especialmente sensibles en un contexto en el que la Región de Murcia mantiene un nivel de endeudamiento elevado y depende en buena medida de operaciones financieras supervisadas o gestionadas por el ICREF. La ausencia de un seguimiento adecuado de las auditorías podría impactar en la calidad de la información financiera y, en última instancia, en la seguridad con la que el Gobierno toma decisiones económicas estratégicas.
Una publicación que llega tras los retrasos acumulados
La Intervención General deja claro en su valoración que esta información se publica precisamente para cumplir la legalidad, que obliga a hacer visibles los casos de falta de envío del plan de acción o la persistencia de incidencias relevantes sin resolver. De hecho, el documento incluye la referencia explícita a ese mandato legal y explica que se difunde para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia.
En la práctica, esta publicación convierte en un acto administrativo visible algo que normalmente se habría resuelto de manera interna: el reconocimiento de que el ICREF no ha avanzado lo suficiente en la corrección de las deficiencias detectadas por las auditorías oficiales.
Las implicaciones políticas y administrativas son evidentes. Que la Intervención tenga que hacer público este listado implica que el Gobierno regional no ha cerrado adecuadamente asuntos financieros importantes y que, además, ha incumplido los plazos establecidos por la normativa vigente. En términos de control público, supone un aviso directo: la principal entidad financiera de la Comunidad Autónoma no está cumpliendo plenamente sus obligaciones de subsanación y control interno.
El caso queda ahora abierto a nuevas revisiones en los próximos ejercicios. La Intervención realizará un seguimiento para comprobar si, finalmente, el ICREF aplica las medidas correctoras pendientes y si los incumplimientos detectados en 2022 dejan de arrastrarse en futuras auditorías. Mientras tanto, el documento publicado en el Portal de la Transparencia deja constancia de una situación que refleja problemas estructurales en el organismo encargado de gestionar la arquitectura financiera de la Región de Murcia, un área crítica que exige rigor, solvencia y —sobre todo— cumplimiento estricto de las normas de control.
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