La Intervención municipal emite la valoración más dura posible sobre el Consorcio: una denegación de opinión que revela casi 10 millones sin acreditar, subvenciones mal registradas y graves carencias contables en organismos públicos del Ayuntamiento de Cartagena
El informe anual de control financiero del Ayuntamiento de Cartagena vuelve a dibujar un escenario inquietante, esta vez no sobre la contabilidad del propio Consistorio —como en la primera noticia ya publicada—, sino sobre la situación de sus organismos y empresas públicas dependientes, donde la Intervención ha detectado deficiencias graves, falta de inventarios y errores contables de gran calado. El caso más alarmante es el del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, cuyas cuentas reciben una denegación de opinión, la calificación más severa que puede emitir un órgano fiscalizador y que, en la práctica, implica que sus cuentas no son fiables.
Según el informe, la entidad no aporta la documentación necesaria para acreditar la valoración real de una inversión contabilizada en 9.998.494,41 euros, no registra correctamente subvenciones concedidas y no refleja en su contabilidad un convenio de cesión de uso con el Ayuntamiento, lo que impide conocer con exactitud la titularidad de los bienes gestionados. Este cúmulo de carencias lleva a la Intervención a concluir que no es posible garantizar la imagen fiel de las cuentas del consorcio, que desempeña un papel central en la promoción turística y cultural del municipio.
Deficiencias graves en Puerto de Culturas: inversiones millonarias sin acreditar y subvenciones mal registradas
El documento de control financiero detalla de forma minuciosa por qué Puerto de Culturas recibe la valoración más dura. En primer lugar, la entidad no ha sido capaz de justificar documentalmente cómo se alcanza la cifra de casi 10 millones de euros imputada a una inversión relevante para la actividad del consorcio. La Intervención considera que esta ausencia de evidencias genera un “riesgo significativo” para la fiabilidad de las cuentas y vulnera los principios contables esenciales.
A ello se suma una incorrecta contabilización de subvenciones, un elemento que altera el reflejo real de ingresos y gastos y que, según el informe, podría modificar de manera relevante la situación financiera del organismo público. Además, la entidad no ha reflejado en su contabilidad el convenio de cesión de uso suscrito con el Ayuntamiento, pese a que afecta directamente al patrimonio gestionado. Esta omisión impide verificar con claridad qué bienes maneja la entidad, quién es el titular efectivo de los mismos y cómo deben valorarse.
La Intervención también señala que el consorcio no ha dotado la provisión correspondiente al reintegro de una subvención de 100.000 euros del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, generando un desfase entre la entidad que recibe la ayuda y la que ejecuta la actividad. Todo ello consolida el diagnóstico del órgano fiscalizador: la falta de rigor contable es sistémica y compromete la transparencia en la gestión de fondos públicos.
Salvedades en otras entidades municipales: ADLE, OAGRC, Casco Antiguo y Puerto de Culturas SAU
La situación de Puerto de Culturas no es un caso aislado. La Intervención revela que otras entidades dependientes del Ayuntamiento también presentan salvedades y deficiencias importantes que afectan a la calidad de sus cuentas y a la imagen fiel del sector público municipal.
En la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), el órgano fiscalizador detecta falta de información sobre el inmovilizado material, carencias en la periodificación de ingresos y la necesidad urgente de actualizar el inventario contable para garantizar una adecuada valoración de activos.
El Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria (OAGRC) presenta deficiencias similares: la Intervención advierte de que no existe un inventario detallado que permita acreditar la titularidad y valoración tanto del inmovilizado material como del intangible. Esta carencia impide verificar de manera adecuada los bienes afectados a los servicios recaudatorios y compromete la trazabilidad contable.
En la sociedad Casco Antiguo, los problemas se concentran en la valoración de existencias y en la falta de distinción entre inversiones inmobiliarias y existencias ordinarias, un punto especialmente delicado dada la complejidad patrimonial de la entidad. El informe reclama un inventario completo y una revisión profunda para clarificar la situación real de los bienes gestionados.
Por su parte, Cartagena Puerto de Culturas SAU, la sociedad mercantil vinculada al consorcio, recibe también una opinión con salvedades, al no aportar documentación suficiente que respalde la titularidad y valoración de su inmovilizado. Además, la auditoría operativa señala que la empresa superó el periodo legal máximo de 30 días para pagar a proveedores durante el ejercicio 2024, una situación que afecta a su credibilidad y a la estabilidad financiera de las empresas que trabajan para ella.
Un patrón común: falta de inventarios, errores contables y ausencia de documentación
Aunque cada entidad presenta particularidades, la Intervención identifica un patrón repetido en todas ellas: falta de inventarios actualizados, ausencia de documentación que acredite la valoración de activos, errores en la periodificación de ingresos y carencias en la aplicación de criterios contables fundamentales.
El órgano fiscalizador subraya que estas deficiencias dificultan la fiscalización pública y limitan la transparencia que debe exigirse a cualquier entidad que gestione fondos municipales. En ningún caso se atribuyen responsabilidades políticas directas, pero el informe deja claro que la situación exige una reacción inmediata y coordinada.
Un sector público municipal que necesita reformas profundas
La Intervención concluye que es imprescindible reforzar los medios técnicos y humanos de los departamentos responsables de la contabilidad en estas entidades, mejorar la interoperabilidad de los sistemas informáticos y adoptar medidas para garantizar la correcta documentación de activos, la actualización de inventarios y la aplicación rigurosa de los principios contables.
El mensaje final es inequívoco: mientras las entidades dependientes no cuenten con registros precisos, documentación completa y contabilidad fiable, no puede garantizarse la imagen fiel de sus cuentas ni la buena gestión de los recursos públicos. En un contexto de creciente complejidad financiera y de supervisión cada vez más exigente, las carencias detectadas obligan al Ayuntamiento a abordar reformas estructurales que permitan corregir estas anomalías y reforzar la transparencia del sector público municipal.
Si quieres, puedo redactar un titular alternativo, una entradilla más contundente o un segundo enfoque complementario (por ejemplo, centrado en el impacto sobre la transparencia o la promoción turística).
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