El PSOE acusa al PP de “comprar la indecencia de Mazón” y de repetir su modelo de gestión en la Región de Murcia

El PSOE acusa al PP de “comprar la indecencia de Mazón” y de repetir su modelo de gestión en la Región de Murcia
El PSOE acusa al PP de “comprar la indecencia de Mazón” y de repetir su modelo de gestión en la Región de Murcia

Fernando Moreno critica la falta de reacción del Gobierno regional durante la DANA y denuncia el desmantelamiento del sistema de emergencias

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El diputado socialista Fernando Moreno ha acusado al Partido Popular de la Región de Murcia de “comprar el modelo y la indecencia de Mazón” y de estar aplicando en la comunidad “un modelo que costó la vida a 229 valencianos y valencianas y que el PP aplaudía hace solo unas semanas”.

Durante el pleno de control al Consejo de Gobierno, Moreno cuestionó al consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, por la demora en la declaración del nivel 2 de alerta durante la DANA del 10 de octubre, cuando ya se conocían los riesgos y los daños que la lluvia estaba provocando.

Esa noche ya se vieron imágenes aterradoras: el nivel del agua no paraba de subir en viviendas del Campo de Cartagena e incluso vecinos esperaban ser rescatados en los tejados de sus casas. ¿A qué esperaba el señor Ortuño para declarar el nivel 2? ¿Qué más tenía que pasar para que cumpliera con su responsabilidad y pidiera la activación de los medios del Estado?”, cuestionó el parlamentario socialista.

Críticas al modelo de gestión de emergencias del PP

El diputado del PSOE denunció que el Partido Popular “se dedica a responsabilizar a todo el mundo de sus incompetencias” cuando se producen emergencias. “Este es el modelo del PP —añadió—, un modelo que, en medio de una emergencia, justifica y aplaude que sus presidentes se ausenten, uno para irse a comer al Ventorro y otro para irse a la feria de Sevilla mientras los ciudadanos están en peligro. Son modelos completamente idénticos, son modelos indecentes”.

Moreno afirmó que este patrón político se repite: “El PP desmantela y privatiza los servicios de emergencias, maltrata a sus trabajadores y pone en riesgo a la ciudadanía”. Además, recordó que la responsabilidad de activar los distintos niveles de emergencia recae en las comunidades autónomas, y destacó la actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien “desde el primer instante en el que la AEMET elevó la alerta de naranja a roja, convocó a todos los organismos del Estado para coordinar el dispositivo y movilizar todos los recursos disponibles”.

“El PP siempre repite la misma historia ante las tragedias: aplaude al indecente, protege al verdugo y termina dando la espalda a las víctimas”, concluyó.


El PSOE denuncia el aumento de la lista de espera en el reconocimiento de la discapacidad

En el mismo pleno, la diputada socialista Toñi Abenza defendió una interpelación a la consejera de Política Social para exigir el cumplimiento de la moción aprobada por la Asamblea el 1 de abril, que instaba a reducir las listas de espera para la valoración del grado de discapacidad.

Abenza criticó que, desde entonces, diez comunidades autónomas han reducido sus listas, mientras que la Región de Murcia está entre las cuatro que las han aumentado, según los últimos datos del Imserso.

“Decir que se están reduciendo las listas o que se está trabajando en ello cada vez que comparece la consejera, cuando los datos dicen lo contrario, es faltar al respeto a las personas a las que se deben y que tanto utiliza el PP en sus fotos de campaña electoral. Es reírse de las 15.000 personas que están haciendo cola en la Consejería para que se les valore”, reprochó.


El PSOE reclama la convocatoria del Observatorio para la Convivencia Escolar

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, preguntó al consejero de Educación por qué no se ha convocado en todo 2025 ninguna sesión ordinaria del Observatorio para la Convivencia Escolar, a pesar de que las normas establecen dos reuniones anuales obligatorias.

Torres advirtió que el Gobierno regional está incumpliendo su propia normativa y recordó que, según los datos del último informe disponible, casi el 10% de los 645 protocolos activados concluyeron con evidencias de bullying, y que en 2024 la Fiscalía tramitó 138 expedientes por acoso escolar grave.

El diputado señaló que los sindicatos reclaman más horas para los coordinadores de bienestar y protección del alumnado, y que los estudiantes exigen reforzar los protocolos y recursos contra el acoso. “El consejero debe articular todos los instrumentos disponibles para erradicar el acoso escolar de las aulas, pero, para ello, debe empezar por cumplir las normas de esta Región”, concluyó.

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