El Gobierno regional reajusta los fondos tras meses de retrasos y con solo un 23 % de ejecución de las ayudas a la movilidad eléctrica

El Plan MOVES III, destinado a impulsar la movilidad eléctrica con fondos europeos, sigue sin arrancar en la Región de Murcia. A pesar de contar con más de 27 millones de euros asignados, apenas se ha ejecutado el 23 % del presupuesto, lo que sitúa a la comunidad entre las peores del país en el uso de estas ayudas clave para la transición energética. Mientras otras autonomías ya agotaron o ampliaron sus convocatorias, el Ejecutivo murciano continúa reajustando partidas internas para intentar salvar un programa que avanza con lentitud y sin resultados visibles para la ciudadanía.
Una ejecución mínima pese a la financiación garantizada
El programa MOVES III forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y busca fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En la Región de Murcia, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) asignó inicialmente 12,7 millones de euros, cifra que posteriormente se amplió hasta los 27,3 millones. Sin embargo, los informes estatales de seguimiento confirman que solo se ha ejecutado el 23 % del total, una de las tasas más bajas de España.
En contraste, comunidades como Navarra, País Vasco o la Comunidad Valenciana han superado el 80 % de ejecución, con convocatorias prácticamente agotadas y convocatorias complementarias ya activas. El retraso murciano no puede atribuirse a falta de recursos: los fondos están disponibles y garantizados. La causa, según reconocen fuentes del propio sector, reside en la gestión autonómica, caracterizada por procesos lentos, excesiva burocracia y falta de personal técnico especializado en la tramitación de expedientes.
La situación ha provocado que numerosos beneficiarios —particulares, empresas e instaladores— lleven meses esperando la resolución de sus solicitudes. Algunos de ellos han manifestado públicamente su frustración en foros especializados y asociaciones del sector, que denuncian un “atasco estructural” en la gestión del programa en la Región de Murcia.
Una orden reciente intenta corregir el desfase presupuestario
El Gobierno regional ha publicado recientemente una orden en el Boletín Oficial de la Región que modifica la distribución de créditos del MOVES III con el objetivo de “reajustar anualidades y declarar créditos disponibles”. En la práctica, se trata de un movimiento contable que permite trasladar fondos entre subproyectos y partidas presupuestarias, buscando atender el mayor número posible de solicitudes pendientes.
El reajuste aprobado afecta a la anualidad 2026 y redistribuye algo más de 68.000 euros dentro del presupuesto global del programa, que asciende a 3,1 millones para ese ejercicio. Aunque la medida no supone un incremento real de fondos, sí pretende flexibilizar la gestión interna de los créditos para evitar que parte del dinero quede inmovilizado por rigideces administrativas. Es, en esencia, una maniobra de emergencia para reactivar una convocatoria que apenas ha avanzado desde su publicación inicial en 2021.
El propio texto oficial reconoce la necesidad de adaptar las partidas “en función de las solicitudes que se estima pueden ser atendidas”, una redacción que evidencia la acumulación de expedientes sin resolver. En términos prácticos, el reajuste es un intento de reordenar las cuentas antes de que finalice el plazo de ejecución del programa, previsto para diciembre de 2025, y evitar que los fondos europeos deban devolverse a Bruselas por falta de uso.
Murcia, entre las regiones con peor aprovechamiento de fondos europeos
La baja ejecución del MOVES III no es un caso aislado. En diversos informes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Región de Murcia aparece de manera recurrente entre las comunidades con menor aprovechamiento de los fondos europeos destinados a sostenibilidad y transición energética. Mientras otras regiones han reforzado sus equipos administrativos y simplificado los procedimientos, la administración murciana continúa arrastrando retrasos en convocatorias, falta de transparencia en los plazos y escasa comunicación con los solicitantes.
El contraste es evidente: en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, las ayudas del MOVES III se resolvieron en cuestión de meses, permitiendo que miles de particulares y pymes pudieran acceder a vehículos eléctricos o instalar puntos de recarga domésticos. En la Región de Murcia, por el contrario, muchos expedientes siguen en fase de tramitación o a la espera de notificación. El resultado es un impacto ambiental y económico menor, con una transición hacia la movilidad sostenible que avanza más despacio que en casi todo el resto del país.
Las consecuencias no son solo estadísticas. El retraso en la ejecución del MOVES III frena la renovación del parque automovilístico regional, mantiene la dependencia de los combustibles fósiles y ralentiza los objetivos climáticos que el propio Gobierno regional afirma defender. A ello se suma la pérdida de oportunidades económicas para instaladores, concesionarios y pequeñas empresas que dependen de estas subvenciones para sostener su actividad.
Falta de planificación y riesgo de pérdida de fondos
El reajuste presupuestario publicado por la Administración autonómica llega tarde y con un alcance limitado. Redistribuir 68.000 euros en un programa de más de 27 millones no soluciona el problema de fondo: la incapacidad para tramitar con agilidad las ayudas y garantizar que los recursos europeos lleguen efectivamente a los ciudadanos. La clave no está en mover partidas, sino en ejecutar con eficacia, reforzar los equipos técnicos y garantizar transparencia en la gestión.
A medida que se acerca el cierre del ejercicio 2025, el riesgo de que parte de los fondos del MOVES III quede sin ejecutar crece. Si esto ocurre, la Región de Murcia podría perder financiación europea que ya estaba asegurada, una situación difícil de justificar en plena crisis climática y con miles de solicitudes pendientes. Los datos del Gobierno central sitúan a la comunidad murciana entre las tres con menor ritmo de ejecución de todo el país, una posición que refleja carencias estructurales en la gestión de fondos europeos y una alarmante falta de planificación estratégica.
La movilidad eléctrica avanza en España, pero no al mismo ritmo en todas partes. En la Región de Murcia, la lentitud administrativa amenaza con dejar el cambio fuera de circuito. Mientras otras comunidades ya piensan en la siguiente fase de ayudas, el Gobierno regional sigue corrigiendo sobre la marcha los errores de una gestión que llega tarde, mal y con consecuencias directas para la ciudadanía y el medio ambiente.
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