La organización de consumidores lleva a Anticorrupción la resolución del Defensor del Pueblo, que aprecia indicios de actuación injusta y contraria a derecho en la designación del representante del CES
La Unión de Consumidores de España en la Región de Murcia (UCE-RM) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por las supuestas irregularidades cometidas por el Consejo de Gobierno en la designación del representante de las asociaciones de consumidores en el Consejo Económico y Social (CES).
La denuncia se fundamenta íntegramente en la resolución del Defensor del Pueblo, que dio la razón a UCE, acreditó su mayor representatividad y cuestionó la legalidad y objetividad del procedimiento seguido por la Administración regional.
La organización considera que el Gobierno autonómico actuó de manera arbitraria e injustificada, al excluirla de la vocalía pese a contar con 102.223 socios, más del triple que Thader Consumo —29.876 socios—, la asociación que ha venido ocupando el puesto en los últimos años.
La resolución del Defensor del Pueblo: “no se garantizó la representatividad”
El Defensor del Pueblo concluyó que el procedimiento empleado por la Consejería incumplió los criterios exigibles en materia de representatividad e igualdad. El órgano constitucional determinó que:
- no se comunicó a todas las asociaciones inscritas en la Sección 1ª del registro autonómico;
- se utilizaron certificaciones no previstas en la normativa;
- se ignoró que la Consejería tiene acceso directo al registro oficial;
- se basó la designación únicamente en la petición de Thader Consumo;
- y no se garantizó el criterio de máxima representatividad, como exige la Ley 3/1993 del CES.
El Defensor del Pueblo también desmontó la afirmación del Gobierno de que UCE no había mostrado interés. Acreditó que entre 2020 y 2021 la asociación se dirigió por escrito al CES y a varias consejerías sin recibir respuesta.
La denuncia ante Fiscalía: posibles irregularidades que “exceden la vía administrativa”
La denuncia presentada ahora por UCE sostiene que los hechos descritos en la resolución del Defensor del Pueblo podrían superar el ámbito administrativo y encajar en un posible delito de prevaricación administrativa, al haberse dictado resoluciones presuntamente contrarias a derecho y con efectos discriminatorios.
El escrito solicita al Ministerio Público que analice la documentación y determine si procede abrir diligencias de investigación. UCE remite como prueba el expediente completo del Defensor del Pueblo, en el que se describen actuaciones “arbitrarias, injustas y no ajustadas a derecho”.
Un conflicto centrado en la representatividad real
El fondo del caso reside en un hecho objetivo: UCE RM es, de forma acreditada, la asociación de consumidores con mayor base social de la Región de Murcia, con 102.223 socios.
Pese a ello, el Gobierno regional ha venido designando a Thader Consumo, con menos de un tercio de representación.
La denuncia cuestiona que esta práctica distorsiona la representación de los consumidores en un órgano clave para las políticas económicas y sociales de la Comunidad Autónoma.
Implicaciones institucionales
El CES es el órgano consultivo que analiza las grandes directrices normativas, laborales y económicas de la Región. La exclusión de la asociación más representativa puede tener efectos directos en la calidad democrática, en la transparencia y en la participación real de la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo ya apuntó a una posible vulneración de los principios de buena administración, igualdad y objetividad, elementos centrales para evaluar la actuación del Gobierno.
UCE pide igualdad de trato y corrección del procedimiento
UCE solicita que se garantice un procedimiento objetivo y transparente para la designación de representantes en el CES y exige que se corrijan las actuaciones que motivaron la resolución del Defensor del Pueblo.
La asociación insiste en que lleva más de cuatro años reclamando ocupar la vocalía que le corresponde por representatividad y que su exclusión ha supuesto un perjuicio directo para la defensa de los derechos de los consumidores de la Región de Murcia.
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