El órgano fiscalizador detecta contratos prorrogados ilegalmente desde 2015, cuentas sin aprobar, falta de transparencia y fallos de control en una entidad del sector público regional
La Fundación Integra, organismo dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acumula irregularidades graves, persistentes y prolongadas en el tiempo, según el último informe de la Intervención General correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. El documento, categorizado como “Plan de Acción presentado, pero incompleto”, recoge fallos estructurales en materia de contratación, transparencia, control interno y cumplimiento de la legalidad que comprometen el funcionamiento de una fundación pública que, además, gestiona un presupuesto superior a los ocho millones de euros.
El informe destaca que la entidad ha mantenido desde 2015 hasta 2023 un contrato de “mantenimiento housing” sin licitación y prorrogado ilegalmente, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público. La Intervención advierte de que las prórrogas se han producido por consentimiento tácito, sin concurrencia ni procedimiento abierto, incumpliendo los artículos 29, 23 y 303 de la normativa estatal.
Contratación menor sin controles: falta de aprobación del gasto y riesgo de fraccionamiento
El documento también recoge graves deficiencias en los expedientes de contratación menor. En numerosos casos:
- No consta la aprobación del gasto,
- No se justifica que no haya fraccionamiento del objeto del contrato,
- Y tampoco se acredita que el contratista no haya superado los límites legales previstos en el artículo 118 de la LCSP.
Estas prácticas, según la Intervención, pueden suponer un uso irregular de la contratación menor, eludiendo de forma continuada los procedimientos ordinarios de contratación del sector público.
Opacidad prolongada: incumplimiento de la Ley de Transparencia
Desde 2020 hasta 2023, la fundación no ha publicado información obligatoria en materia económico-financiera, presupuestaria, patrimonial, de relaciones con la ciudadanía ni sobre su código de buen gobierno, según recoge el informe. Tampoco publica campañas de publicidad institucional.
El órgano fiscalizador recuerda que esta omisión vulnera la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM, dificultando el control ciudadano sobre una entidad íntegramente financiada con fondos públicos.
Cuentas sin aprobar y sin presentar al Protectorado
La Intervención también señala que el Patronato —máximo órgano de gobierno de la fundación— no aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2022, incumpliendo la Ley de Fundaciones.
Al no aprobarlas, tampoco fueron presentadas al Protectorado, lo que supone un doble incumplimiento legal y un déficit de gobernanza especialmente grave.
Esta situación implica que la fundación ha operado durante 2023 sin un cierre contable validado, pese a su condición de entidad pública.
Sin registros obligatorios y sin contabilidad presupuestaria ni analítica
El informe alerta de que la fundación no utiliza la aplicación oficial del Registro de Reintegros de Subvenciones, exigida por el Decreto 155/2018, lo que impide a la Comunidad Autónoma realizar un seguimiento adecuado de posibles devoluciones o incidencias en subvenciones públicas.
Además, la entidad carece de módulos habilitados de contabilidad presupuestaria y analítica, instrumentos obligatorios para conocer con precisión la ejecución del gasto, el coste de las actividades y la estructura financiera de cualquier organismo público.
Una fundación pública con un presupuesto creciente
Aunque el informe no analiza el presupuesto, la documentación complementaria de la fundación muestra que, mientras se acumulaban estas irregularidades, la entidad incrementaba su volumen de recursos públicos. El presupuesto administrativo pasó de 6.366.061 euros en 2023 a 8.238.502 euros en 2024, un incremento del 29,41 %.
La mayor parte del presupuesto proviene de transferencias de la Administración regional, lo que subraya la importancia de un control exhaustivo sobre la gestión de la fundación.
Un patrón de fallos estructurales sin corregir
Buena parte de las incidencias detectadas por la Intervención no son nuevas: se repiten año tras año sin que la fundación haya adoptado medidas suficientes para corregirlas.
Por ello, el órgano fiscalizador concluye que el plan de acción presentado por la entidad es “incompleto”, evidenciando una falta de voluntad o capacidad para corregir deficiencias que afectan a la legalidad, la transparencia y el control del gasto público.
El informe vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la supervisión del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma, especialmente de aquellas entidades que, como la Fundación Integra, gestionan millones de euros sin aplicar de forma efectiva los mecanismos de control y transparencia exigibles a cualquier fundación pública.
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