«No se puede gobernar una comunidad durante treinta años y actuar como si se fuera un mero espectador. No se puede renunciar a competencias clave y, al mismo tiempo, exigir soluciones inmediatas a quien sí las ejerce»

Que la Región de Murcia tenga uno de los peores niveles de dotación judicial de España no es una desgracia repentina ni una injusticia descubierta ayer. Es el resultado de treinta años de gobiernos del Partido Popular, durante los cuales la Justicia ha sido sistemáticamente relegada a un segundo plano mientras se culpaba al Estado de todos los déficits.
La última denuncia del PP regional, señalando al Gobierno central por la falta de jueces y juzgados, suena ya conocida. Y, sin embargo, omite un dato esencial: la Región no está así solo por lo que no ha hecho Moncloa, sino por lo que no ha querido hacer San Esteban.
En 2010, el Gobierno regional del PP tuvo la oportunidad real de asumir las competencias en materia de Justicia, como ya habían hecho otras comunidades autónomas. No fue una mera hipótesis. El Ejecutivo murciano tuvo entonces tanta ansia que se adelantó incluso al traspaso creando una Consejería específica, y nombrando a los altos cargos que debían realizar el desempeño para gestionar la competencia. El mensaje era claro: se reconocía que disponer de control sobre medios materiales y planificación judicial era clave para mejorar el servicio.
Pero cuando llegó el momento de asumir la responsabilidad completa, incluidos los costes económicos y las obligaciones presupuestarias, el Gobierno regional dio marcha atrás. Se desmontó el proyecto y se renunció a la competencia. Desde entonces, Murcia sigue dependiendo casi por completo del Estado para una Justicia que el PP dice defender, pero que nunca quiso gestionar de verdad.
Otras comunidades sí asumieron esa responsabilidad. No todas eran más ricas ni tenían contextos económicos más favorables. Simplemente entendieron que la autonomía no consiste solo en reclamar recursos, sino en aceptar también los riesgos políticos de gobernar. En la Región, el PP optó por una estrategia mucho más cómoda: mantener el discurso victimista, exigir inversiones al Estado y evitar cualquier corresponsabilidad real.
El resultado está a la vista. Tres décadas después, el PP sigue gobernando la Región y la Justicia sigue colapsada. Juzgados saturados, retrasos crónicos y una ratio de jueces indigna para una comunidad que no ha dejado de crecer en población. Y, aun así, la culpa siempre es ajena.
No se puede gobernar una comunidad durante treinta años y actuar como si se fuera un mero espectador. No se puede renunciar a competencias clave y, al mismo tiempo, exigir soluciones inmediatas a quien sí las ejerce. Y no se puede reclamar autonomía solo cuando sirve como consigna política.
La falta de jueces en la Región de Murcia no es solo un problema de financiación estatal. Es el resultado de una política deliberada de desentendimiento, de una autonomía administrada sin ambición y de un partido que ha preferido durante décadas no asumir responsabilidades para no rendir cuentas.
La Justicia no necesita más declaraciones grandilocuentes. Necesita gobiernos que asuman que treinta años dan para algo más que excusas.
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