Los socialistas advierten de que la reclamación de antiguos promotores amenaza la estabilidad económica del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha alertado de un grave riesgo económico que vuelve a planear sobre las cuentas municipales como consecuencia de una reclamación presentada por antiguos promotores de la zona norte del municipio. Según ha denunciado el PSOE, esta situación podría suponer un impacto de hasta 60 millones de euros para las arcas públicas si los tribunales acaban dando la razón a los reclamantes, una circunstancia que pondría en jaque la estabilidad financiera del Consistorio.
El portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, junto al concejal Andrés Guerrero, ha advertido públicamente de que el Ayuntamiento se enfrenta a una “auténtica espada de Damocles” tras la solicitud registrada por la mercantil Martinsa-Fadesa, actualmente en liquidación, junto a otros propietarios y promotores. Estos reclaman la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2006 y exigen la devolución de las cantidades abonadas en su día al Ayuntamiento de Murcia, una reclamación que, según los socialistas, no puede seguir siendo ignorada por el equipo de Gobierno del Partido Popular .
Desde el PSOE subrayan que no se trata de una amenaza hipotética, sino de un riesgo real y cuantificable, que ya ha tenido precedentes en otros conflictos urbanísticos y que puede tener consecuencias muy graves para la gestión municipal y para el conjunto de la ciudadanía.
Una reclamación millonaria con intereses, costas y avales
Según ha detallado el Grupo Socialista, la reclamación presentada por Martinsa-Fadesa y otros promotores asciende inicialmente a unos 39,5 millones de euros, correspondientes a las cantidades abonadas al Ayuntamiento en el marco del convenio urbanístico firmado en 2006. A esta cifra habría que sumar los intereses acumulados, las costas judiciales y los gastos derivados de los avales correspondientes, lo que podría elevar el importe final hasta unos 60 millones de euros.
Ginés Ruiz y Andrés Guerrero han advertido de que una eventual condena judicial obligaría al Ayuntamiento de Murcia a hacer frente a una cantidad de enorme magnitud, con un impacto directo sobre la tesorería municipal. Según los ediles socialistas, este escenario podría afectar a la capacidad del Consistorio para pagar a proveedores, mantener servicios públicos esenciales y garantizar la estabilidad presupuestaria en los próximos ejercicios.
Desde el PSOE insisten en que este tipo de reclamaciones no pueden despacharse con silencio o con una estrategia de negación del problema. A su juicio, minimizar el riesgo solo incrementa la posibilidad de que el Ayuntamiento se vea sorprendido por una resolución judicial desfavorable sin haber adoptado medidas preventivas.
Los socialistas recuerdan que el importe reclamado no es una cifra menor y que su devolución supondría un golpe económico difícilmente asumible sin consecuencias sobre los servicios municipales o sin recurrir a endeudamiento adicional.
El origen: convenios urbanísticos de la zona norte
El Grupo Municipal Socialista sitúa el origen del problema en los convenios urbanísticos firmados en la zona norte del municipio, que permitieron un incremento masivo de la edificabilidad a cambio de aportaciones económicas por parte de los promotores al Ayuntamiento de Murcia. Según recuerdan, estos convenios fueron habituales durante los años de expansión inmobiliaria y han generado, con el paso del tiempo, numerosos conflictos judiciales en distintos municipios.
Ginés Ruiz y Andrés Guerrero han señalado que este modelo urbanístico, basado en intercambios económicos a cambio de mayor edificabilidad, ha demostrado ser jurídicamente frágil y ha dado lugar a reclamaciones millonarias cuando los desarrollos no se han materializado o han quedado paralizados. En este contexto, los socialistas alertan de que la defensa del Ayuntamiento de Murcia se ve debilitada por recientes pronunciamientos judiciales que cuestionan este tipo de convenios.
Para el PSOE, el hecho de que Martinsa-Fadesa se encuentre en liquidación no elimina el riesgo, sino que puede incluso acelerar los procedimientos para intentar recuperar las cantidades abonadas. Los concejales socialistas advierten de que confiar en que el problema se resolverá solo o en que no llegará a los tribunales es una estrategia “extremadamente peligrosa”.
“El Gobierno local ya debería haber aprendido de casos anteriores. No se puede seguir improvisando ni mirando hacia otro lado”, han advertido, subrayando que una condena de más de 40 millones de euros podría producirse “en cuestión de tiempo” si no se actúa con diligencia.
Exigencia de transparencia y actuación inmediata
Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista exige al equipo de Gobierno del Partido Popular más transparencia, responsabilidad y una actuación inmediata para evaluar el riesgo real al que se enfrenta el Ayuntamiento de Murcia. Según reclaman, es imprescindible conocer con exactitud el estado de los procedimientos, las posibilidades de éxito de la reclamación y el impacto potencial sobre las cuentas municipales.
El PSOE insta al Gobierno local a abrir vías de negociación que permitan evitar un nuevo golpe millonario a las arcas públicas. A su juicio, anticiparse al problema y explorar soluciones extrajudiciales puede ser clave para minimizar el daño económico y proteger los intereses generales de los murcianos y murcianas.
Los socialistas advierten de que una eventual condena no afectaría únicamente a la corporación municipal, sino que tendría consecuencias directas sobre la ciudadanía, al comprometer recursos que deberían destinarse a servicios públicos, inversiones y políticas sociales. En este sentido, consideran inaceptable que el Ayuntamiento se exponga a un riesgo de esta magnitud sin una estrategia clara y sin informar adecuadamente a la población.
Desde el Grupo Socialista insisten en que el Ayuntamiento de Murcia no puede permitirse una nueva crisis financiera derivada de decisiones urbanísticas del pasado mal gestionadas en el presente. Por ello, reclaman al PP de La Glorieta que abandone la pasividad, asuma la gravedad del problema y actúe con rapidez y responsabilidad para evitar que esta “bomba financiera” termine explotando sobre las cuentas municipales y sobre el conjunto de la ciudad.
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