Los informes del Plan de Ajuste revelan retrasos sistemáticos en el pago a proveedores, facturas convertidas en deuda financiera y un sistema sanitario que concentra más del 80% de la carga pendiente
La imagen financiera que ofrece el Gobierno regional en sus discursos dista mucho de la que reflejan los informes oficiales de seguimiento del Plan de Ajuste enviados al Estado. Documentos internos que, mes a mes, dibujan una Región de Murcia atrapada en una morosidad estructural, con proveedores que esperan más del doble del plazo legal y un Servicio Murciano de Salud estrangulado por una deuda creciente que el Ejecutivo intenta contener recurriendo a mecanismos bancarios. Todo ello en un contexto donde las medidas de ahorro no se cumplen y la deuda pública autonómica roza el 30% del PIB.
Los informes revelan un patrón continuado durante todo 2025: el Gobierno regional ha incumplido de forma reiterada el límite legal de 30 días para pagar a sus proveedores, alcanzando entre mayo y julio niveles que superan ampliamente los dos meses de espera. Sólo cuando la Comunidad recurre de manera masiva al factoring y al confirming —instrumentos financieros que permiten anticipar pagos a costa de transformar deuda comercial en deuda bancaria— el período medio de pago consigue situarse bajo los niveles permitidos por la normativa.
Morosidad por encima de la ley durante casi todo el año
El primer punto crítico lo marcan los meses de primavera y verano. En abril, el período medio de pago del conjunto de la Administración regional ya superaba los 33 días. Pero a partir de mayo, la situación se desboca: el PMP asciende a 48 días; en junio, a 52; y en julio, a 68 días. El dato es especialmente grave porque el límite legal fijado por la Ley de Morosidad es de 30 días, lo que implica un incumplimiento prolongado y de gran magnitud.
Esta situación no sólo afecta a la imagen financiera de la Comunidad Autónoma —que puede enfrentarse a restricciones en el acceso a mecanismos estatales de liquidez—, sino que tiene un impacto directo en la economía real: proveedores sanitarios, pequeñas empresas contratistas y proveedores básicos del sector público han estado durante meses financiando con su liquidez las carencias estructurales del Ejecutivo murciano.
Para corregir estos retrasos, la Administración ha recurrido a mecanismos bancarios que permiten transferir la deuda comercial a deuda financiera. De este modo, facturas que deberían computar como pagos pendientes se transforman en obligaciones bancarias, con el consiguiente coste financiero añadido. Este movimiento, aunque legal, maquilla el dato del PMP sin resolver el problema de fondo: la insuficiencia estructural de recursos y la falta de cumplimiento de las medidas de ajuste acordadas con el Estado.
La sanidad arrastra el sistema: entre el 70% y el 80% de la deuda no financiera
Si algo queda claro en todos los informes es que la mayor parte de la deuda comercial y no financiera de la Región de Murcia se concentra en el Servicio Murciano de Salud. Mes a mes, el peso sanitario supera los 400, 500 y hasta 600 millones de euros. De los más de 780 millones pendientes en julio, casi 650 correspondían al SMS. Un dato que no es anecdótico, sino estructural: la sanidad regional es, desde hace años, un agujero financiero sin cerrar.
Este patrón revela que los presupuestos autonómicos no son capaces de asumir el gasto sanitario real. La falta de financiación estatal alegada por el Gobierno regional no oculta otro elemento que los informes dejan entrever: la propia Comunidad no está ejecutando las medidas de ahorro y reorganización comprometidas para equilibrar las cuentas.
La consecuencia directa es evidente: proveedores de material sanitario, servicios hospitalarios, suministradores y empresas de apoyo llevan años acumulando retrasos, intereses y tensiones de tesorería. Y en muchos casos, estos retrasos afectan a elementos esenciales del sistema sanitario, desde tecnología médica hasta servicios externalizados indispensables en hospitales y centros de salud.
Ingeniería financiera para maquillar la foto
Otro de los aspectos más llamativos es el uso alterno de instrumentos financieros como el factoring sin recurso o el confirming. En unos meses, los informes registran más de 130 millones en factoring; en otros, cerca de 200 millones en confirming. En septiembre, la cifra acumulada de deuda derivada del factoring alcanza casi 300 millones.
Estos mecanismos permiten a la Comunidad autónoma “adelantar” pagos a proveedores a través de la banca, pero a costa de convertir deuda comercial en deuda financiera, que deja de computar en los indicadores de morosidad. Una práctica que mejora el dato estadístico, pero no reduce realmente la deuda: sólo cambia su naturaleza.
Desde una perspectiva contable, la operación resulta funcional. Desde una perspectiva de buen gobierno, la lectura es otra: sin estos instrumentos, la Comunidad no cumpliría ni un solo mes los plazos legales de pago.
El Plan de Ajuste fracasa: no se cumplen las medidas de ahorro ni los objetivos de ingresos
Los informes detallan también el grado de cumplimiento del propio Plan de Ajuste que permite a la Región acceder al Fondo de Liquidez estatal. Y los datos son elocuentes: las medidas de ahorro previstas no sólo no se han ejecutado, sino que generan un “desahorro” de casi cuatro millones de euros. Las medidas de ingresos tampoco se cumplen: la Región sólo ha ejecutado alrededor del 45% de lo previsto, mientras las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno reducen aún más la capacidad recaudatoria autonómica.
A ello se suma el dato macro más preocupante: la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma —es decir, el déficit real— se sitúa varios meses en niveles muy superiores al objetivo nacional del -0,1%. En junio, alcanza el 1,64% del PIB regional; en julio, el 0,55%; en septiembre, el 0,31%. Demasiado lejos de lo exigido para una comunidad en mecanismo de ayuda estatal.
Una deuda pública desbocada: cerca del 30% del PIB
Finalmente, los informes apuntan a un cierre de año con una deuda pública regional que se mantiene en los 13.542 millones de euros previstos, lo que supone aproximadamente el 30% del PIB murciano. La Región sigue así entre las autonomías más endeudadas de España, sin que el Plan de Ajuste logre contener la tendencia ascendente.
El análisis conjunto de los informes deja una conclusión clara: la Comunidad Autónoma sostiene su liquidez mediante deuda financiera, incumple sistemáticamente los plazos legales de pago, concentra la mayor parte de su desequilibrio en la sanidad y no ejecuta las medidas comprometidas para corregir la deriva.
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