UPTA estima más de 100 millones extra en cotizaciones y alerta del discurso que señala a quienes, dice, están evitando el retroceso del sistema
El trabajo autónomo de origen inmigrante se ha consolidado en 2025 como un factor decisivo para explicar la evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Región de Murcia. Según los datos analizados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la comunidad cerró el año con un incremento neto de 1.532 nuevas altas en el conjunto del RETA, de las cuales 742 corresponden a personas trabajadoras autónomas de procedencia extranjera. Es decir: casi la mitad del crecimiento regional (48%) se sostiene sobre el empuje de este colectivo.
La lectura que hace UPTA es clara y políticamente incómoda para quienes simplifican el debate migratorio a golpe de consigna: sin el tirón del emprendimiento inmigrante, el sistema habría estado mucho más cerca del estancamiento e incluso del retroceso. La organización pone el foco en un dato que, de confirmarse en los términos expuestos, tiene impacto directo en la financiación del sistema: estima que cada nueva alta en el RETA aporta de media más de 3.500 euros anuales en cotizaciones, lo que, en el conjunto del país, supondría más de 100 millones de euros adicionales para la Seguridad Social durante el año.
En la Región de Murcia, donde el tejido productivo está muy apoyado en microempresas y autónomos en sectores de bajo margen, la fotografía que dibuja UPTA rompe con un tópico recurrente: el de la inmigración como “carga”. La nota defiende lo contrario: el emprendimiento de origen extranjero “mantiene un papel estratégico” en ámbitos esenciales como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, contribuyendo al crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión territorial.
Cifras que cambian el balance del RETA en 2025
El elemento más llamativo del análisis presentado por UPTA es que el aumento de autónomos de origen extranjero habría servido para compensar el estancamiento del colectivo nacional, reforzando la base de cotización del sistema. En términos prácticos, la conclusión es directa: el crecimiento neto del RETA regional no se explica solo por dinámicas internas del mercado local, sino por la incorporación sostenida de personas que, además de trabajar, asumen el riesgo empresarial en un ecosistema cada vez más exigente (costes, alquileres, financiación, competencia).
El propio volumen del colectivo refleja esa consolidación. UPTA sitúa en 11.199 el número de autónomos de procedencia extranjera afiliados en la Región de Murcia y en 493.319 la cifra total a nivel estatal. Son números que, más allá de la estadística, describen una realidad cotidiana: miles de pequeños negocios que abren persiana cada día en barrios y pedanías, que sostienen actividad económica donde a menudo no llegan las grandes empresas y que, en la práctica, sostienen parte del pulso comercial y de servicios en municipios de la Región.
En el fondo, UPTA plantea un debate de prioridades. Si casi la mitad del crecimiento del RETA regional depende de autónomos extranjeros, la pregunta política no debería ser si “sobran”, sino si las administraciones están respondiendo con políticas públicas a la altura: simplificación de trámites, apoyo a la formalización, asesoramiento real, acceso a financiación y protección frente a la precariedad que también golpea con fuerza al trabajo por cuenta propia.
De dónde vienen: comunitarios y extracomunitarios
El análisis de UPTA desglosa el crecimiento por origen, una distinción que suele quedar diluida en el debate público. En España, la organización señala que, del total de 28.867 nuevos afiliados extranjeros en 2025, 18.269 proceden de fuera de la Unión Europea y 10.598 son ciudadanos comunitarios. En la Región de Murcia, el reparto sería también significativo: de las 742 nuevas altas extranjeras, 343 corresponderían a comunitarios y 399 a extracomunitarios.
En el colectivo comunitario, UPTA destaca como principales nacionalidades a Rumanía (52.340) e Italia (42.509) en el conjunto de España, seguidas por Alemania (19.695) y Francia (16.211). En el bloque extracomunitario, el mayor peso lo concentran China (69.040) y Marruecos (30.907), junto con Reino Unido (26.271). También aparecen cifras relevantes de Colombia (19.806), Venezuela (19.003) y Argentina (10.727), además de Pakistán (10.643), Rusia (13.630) y Ucrania (15.060).
La propia enumeración desmonta otro lugar común: el de una inmigración homogénea. Los datos reflejan perfiles y trayectorias muy distintas, con presencia de colectivos europeos y extracomunitarios, y con una pluralidad de orígenes que, en términos de políticas de empleo y autoempleo, exige respuestas ajustadas y no discursos de trazo grueso.
El choque político del dato: inmigración y sostenibilidad
UPTA no se limita a presentar números; también entra de lleno en el terreno político. Su presidente, Eduardo Abad, lanza un mensaje frontal contra quienes “cuestionan la inmigración” y pide mirar las estadísticas: “Sin la aportación de los autónomos extranjeros, el RETA estaría en retroceso”, afirma en la nota, vinculando esa aportación a una Seguridad Social “mucho más comprometida”.
La organización eleva el tono al advertir de los efectos del señalamiento público: Abad considera que “poner a los inmigrantes en el punto de mira es una estrategia irresponsable y peligrosa”, y sostiene que se intenta culpabilizar a personas que, según su planteamiento, están sosteniendo el sistema “con su trabajo, sus cotizaciones y su capacidad emprendedora”.
El trasfondo de esta posición conecta con una tensión cada vez más visible: por un lado, la realidad económica de sectores que funcionan gracias a pequeñas iniciativas empresariales; por otro, la batalla cultural que reduce debates complejos a eslóganes identitarios. UPTA decide situarse, sin ambigüedades, en el lado de los datos y de la utilidad social de la inmigración económica, y lo hace con un argumento de peso en un país donde la sostenibilidad de la Seguridad Social es un tema estructural.
En la Región de Murcia, donde el trabajo autónomo tiene un peso determinante en la economía cotidiana y donde el discurso político sobre inmigración se ha utilizado con frecuencia como arma arrojadiza, el mensaje de UPTA funciona como un recordatorio incómodo: hay una parte del crecimiento del sistema que ya depende, de forma visible, del emprendimiento extranjero. Y si esa es la realidad, la política responsable no debería alimentar el señalamiento, sino garantizar reglas claras, apoyo institucional y condiciones dignas para que quien emprende —venga de donde venga— pueda hacerlo sin convertirse en carne de precariedad ni en objetivo de campañas de odio.
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