El sindicato pide a la Consejería de Educación que los departamentos de orientación asesoren al alumnado migrante para agilizar un proceso que considera de urgencia social
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Región de Murcia ha reclamado a la Consejería de Educación que los centros educativos públicos se conviertan en una pieza clave del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Para el sindicato, las aulas deben ser el punto de partida de un engranaje administrativo ágil que garantice que nadie quede fuera de un procedimiento que permitirá a alrededor de 500.000 personas extranjeras obtener permisos de residencia y trabajo .
CCOO Enseñanza ha valorado de forma positiva el inicio de este proceso, al que considera justo y necesario para asegurar derechos a personas que ya viven, trabajan y estudian en el país. No obstante, advierte de que su éxito dependerá de que se habiliten mecanismos de acompañamiento reales, especialmente para quienes afrontan barreras idiomáticas o desconocen los trámites administrativos necesarios.
En este contexto, el sindicato defiende que los centros educativos públicos son un espacio “amable, cercano y habitual” para miles de personas migrantes, lo que los convierte en un lugar idóneo para ofrecer información, asesoramiento y apoyo durante el proceso de regularización.
Los centros educativos, un espacio clave de acompañamiento
Según CCOO Enseñanza, en la Región de Murcia miles de personas migrantes acuden diariamente a centros educativos públicos para aprender castellano o realizar formaciones orientadas a su inserción laboral. Esta realidad sitúa a los centros como un punto de contacto directo con una parte importante de la población afectada por la regularización extraordinaria.
Por ello, el sindicato propone que la Consejería de Educación tenga en cuenta la información y el trabajo que ya desarrollan los departamentos de orientación de los centros públicos, y que estos puedan asumir funciones de asesoramiento y acompañamiento al alumnado migrante. El objetivo es evitar que personas que cumplen los requisitos queden excluidas del proceso por desconocimiento, falta de información o dificultades lingüísticas.
Desde CCOO se insiste en que no aprovechar esta red pública existente supondría perder una oportunidad clave para hacer efectivo el proceso en los plazos previstos y con garantías de equidad. “Pasar por alto el papel de los centros educativos sería un error”, advierten desde la federación sindical.
Críticas a la posible falta de implicación del Gobierno regional
El sindicato también ha lanzado un mensaje claro al Ejecutivo autonómico, reclamando que las tensiones políticas o la falta de voluntad no se conviertan en un obstáculo para un proceso que el propio Gobierno de España ha calificado como de “urgencia social”. A juicio de CCOO, la regularización pretende “sacar de la sombra” a personas que ya forman parte de la sociedad y del mercado laboral regional, por lo que requiere la colaboración leal de todas las administraciones.
CCOO Enseñanza considera imprescindible que la Consejería de Educación actúe de inmediato, habilitando instrucciones claras y recursos suficientes para que los centros educativos puedan desempeñar este papel de acompañamiento sin sobrecargar a los equipos docentes y de orientación.
“El éxito de este proceso depende de un engranaje administrativo ágil que debe comenzar en las aulas”, subraya el sindicato, que defiende la educación pública como un pilar fundamental de inclusión social y garantía de derechos.
Advertencia contra la burocracia y la exclusión
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO advierten de que no permitirán que el exceso de burocracia o la inacción política dejen a personas atrás en un proceso de esta magnitud. El sindicato insiste en que la regularización debe desarrollarse con criterios de rapidez, accesibilidad y apoyo efectivo, especialmente para los colectivos más vulnerables.
CCOO recuerda que el acompañamiento institucional no solo es una cuestión administrativa, sino también una herramienta para favorecer la cohesión social, combatir la economía sumergida y garantizar que las personas regularizadas puedan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones.
Para la organización sindical, implicar a los centros educativos públicos en este proceso no solo es una medida práctica, sino también coherente con su función social. La regularización extraordinaria, concluyen, debe entenderse como una oportunidad para reforzar la inclusión y la igualdad real, y las aulas pueden y deben ser el primer eslabón de ese camino.
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