El PSOE denuncia que el edificio de la calle Capuchinos, acabado en 2024, sigue bloqueado y llevará al Pleno una moción para exigir la licitación urgente del equipamiento
En plena escalada del precio del alquiler y con la vivienda convertida en el principal quebradero de cabeza de miles de familias y jóvenes, el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia ha puesto el foco en una imagen que, por sí sola, resume una parte del problema: cuatro viviendas públicas terminadas y cerradas. La denuncia la ha formulado el portavoz socialista, Ginés Ruiz, que acusa al equipo de Gobierno del PP, presidido por José Ballesta, de mantener bloqueado desde 2024 el edificio de viviendas públicas de la calle Capuchinos, en el barrio de El Carmen, por una razón tan básica como la falta de instalación de cocinas.
El PSOE sostiene que las obras del inmueble finalizaron en 2024, pero los apartamentos siguen sin uso a día de hoy por no haberse completado el equipamiento imprescindible para habitarlos. Según la nota difundida por el grupo socialista, se trata de cuatro apartamentos públicos, accesibles y ya construidos, que permanecen “cerrados a cal y canto” por no haberse licitado el mobiliario necesario. La crítica no se dirige a trámites urbanísticos complejos ni a problemas técnicos, sino a lo que el PSOE define como una evidente falta de gestión política.
La ofensiva socialista llegará al Pleno municipal. Ruiz ha anunciado que registrará una moción en el Pleno de este mes para exigir al Gobierno local que saque “de forma urgente” a licitación el equipamiento del edificio y, de esa manera, se puedan abrir las viviendas cuanto antes. El PSOE subraya que la situación es especialmente grave en el contexto actual de crisis habitacional, donde cada recurso disponible —más aún si ya está construido— debería ponerse en circulación con prioridad absoluta.
Un edificio terminado, una apertura “inminente” y casi dos años de espera
El relato que plantea el PSOE incorpora un dato que busca desmontar cualquier argumento de “falta de tiempo” o de obstáculos administrativos inevitables. Ginés Ruiz recuerda que el PP anunció la apertura “inminente” de estas viviendas en mayo de 2024. “Y han pasado casi dos años y sus puertas siguen cerradas”, afirma el portavoz socialista, que enmarca el caso como un ejemplo de anuncios sin ejecución real.
En su acusación, Ruiz utiliza un tono especialmente duro para cargar contra el alcalde y su equipo. En la nota, ironiza al señalar que “somos conscientes de que el alcalde y sus quince concejales de festejos tienen poco tiempo entre galas, marketing y publicidad para gestionar lo demás, pero la gente está esperando, y el tiempo de la propaganda se ha acabado”. El PSOE explota así un encuadre político clásico: el de un Gobierno local más centrado en la imagen y el acto público que en resolver problemas cotidianos y estructurales como la vivienda.
El choque, además, no se limita a un caso aislado. La denuncia se inserta en un marco más amplio: la percepción de que la política municipal de vivienda va por detrás de la realidad. Para el PSOE, tener cuatro pisos públicos terminados sin uso por no instalar cocinas no es un detalle menor, sino el síntoma de una administración que no prioriza. En ese argumento hay una idea de fondo: la vivienda no se resuelve solo construyendo, sino también gestionando con rapidez y eficacia lo que ya existe.
“Emergencia sin respuesta”: el PSOE acusa al PP de no tomar medidas concretas
El texto del PSOE eleva la crítica al plano político general. Ruiz afirma que la vivienda es “hoy el principal problema de miles de familias y jóvenes del municipio” y reprocha al equipo de Gobierno que no haya adoptado medidas “concretas” en estos años. “No han tomado ni una sola medida. Ni una”, sostiene, presentando el caso de Capuchinos como un ejemplo tangible que alimenta esa acusación.
En ese mismo marco, el portavoz socialista no solo denuncia el cierre de las cuatro viviendas: también utiliza el episodio para recordar promesas previas del PP. En su nota, señala que ya no les piden “que construyan las 4.000 viviendas que prometieron en campaña” y expresa dudas sobre la capacidad del Gobierno municipal para no perder “los más de veinte millones de euros conseguidos para vivienda asequible”. Es decir: el PSOE combina el caso concreto —las cocinas— con una crítica más amplia sobre compromisos incumplidos y gestión de fondos y programas de vivienda.
Ese tipo de estrategia no es casual. En un debate como el de la vivienda, un ejemplo material, visible y fácil de entender tiene un alto valor político: no requiere interpretaciones técnicas y conecta con la frustración social. Desde el PSOE, el mensaje es claro: mientras se discuten grandes cifras, planes y anuncios, hay recursos públicos que podrían estar alojando ya a personas y siguen cerrados por cuestiones básicas.
El Carmen, vivienda pública y responsabilidad política: un pulso abierto en el Pleno
La moción anunciada por el portavoz socialista abre ahora un escenario de debate público en el Ayuntamiento de Murcia. La clave estará en si el Gobierno municipal del PP aporta una explicación detallada y verificable sobre por qué no se ha instalado el equipamiento, en qué punto están los expedientes, qué plazos se manejan y cuándo prevén abrir las viviendas. La nota del PSOE no recoge la versión del equipo de Gobierno ni del área competente, por lo que la posición oficial del Ayuntamiento no figura en la documentación aportada.
En términos de transparencia, el caso plantea preguntas concretas: ¿por qué un edificio terminado en 2024 llega a 2026 sin uso? ¿qué expediente concreto faltaba por tramitar? ¿cuánto cuesta el equipamiento pendiente y por qué no se licitó en paralelo a la finalización de las obras? ¿se ha priorizado esa licitación frente a otras partidas? Y, sobre todo, ¿qué impacto tiene mantener viviendas públicas cerradas cuando existe demanda social y listas de espera en distintas modalidades de acceso?
Para el PSOE, este episodio “resume perfectamente el modelo del PP”: “mucha foto, mucho anuncio y cero gestión”. Con ese cierre, Ruiz intenta convertir un problema aparentemente pequeño —unas cocinas— en una crítica política mayor: la incapacidad de traducir promesas en resultados. El pulso queda servido para el Pleno, donde el Gobierno local tendrá que decidir si responde con un calendario y compromisos medibles o si, por el contrario, deja que la controversia crezca alrededor de una imagen difícil de defender: vivienda pública cerrada en plena crisis de vivienda.
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