UPTA denuncia que la prestación no protege a quienes cierran su negocio y exige una reforma urgente del sistema
El sistema de cese de actividad para trabajadores autónomos, conocido comúnmente como el “paro de los autónomos”, se ha convertido en un mecanismo ineficaz, restrictivo y profundamente alejado de la realidad del colectivo, según denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España). Los últimos datos oficiales de la Seguridad Social, correspondientes al mes de octubre de 2025, confirman una situación que la organización lleva años advirtiendo: casi seis de cada diez solicitudes son denegadas, pese a tratarse de una prestación por la que los autónomos cotizan de forma obligatoria.
En concreto, solo el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad resueltas en ese mes tuvieron un resultado favorable, frente a un 58,8% que fueron rechazadas, lo que evidencia, según UPTA, un fracaso estructural del sistema de protección social destinado a las personas trabajadoras por cuenta propia .
Una prestación que no cumple su función
La prestación por cese de actividad está concebida como un derecho económico para los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio o interrumpir su actividad por causas objetivas. Sin embargo, en la práctica, UPTA sostiene que el diseño actual del sistema expulsa del amparo público a miles de personas, especialmente a quienes desarrollan su actividad en sectores tradicionales o con mayores dificultades de continuidad económica.
Desde la organización denuncian que la excesiva complejidad administrativa, unida a requisitos de acceso desproporcionadamente estrictos, convierte esta prestación en un recurso casi inaccesible para una parte muy significativa del colectivo. “No responde a las necesidades reales de los autónomos y no actúa como red de seguridad cuando más se necesita”, advierten.
UPTA subraya que la elevada tasa de denegaciones no puede interpretarse como un problema puntual, sino como el resultado de un modelo mal diseñado, que penaliza situaciones de cierre involuntario y deja sin ingresos a personas que han cotizado durante años precisamente para cubrir ese riesgo.
Sectores más vulnerables, los más perjudicados
La organización alerta de que este sistema fallido tiene un impacto especialmente grave en los autónomos con menor capacidad financiera, aquellos que, tras el cierre de su negocio, carecen de ahorros suficientes o alternativas laborales inmediatas. En muchos casos, la denegación del cese de actividad empuja a estas personas a situaciones de precariedad severa o exclusión social.
UPTA insiste en que el actual modelo no distingue adecuadamente entre fraude y cierre real, aplicando criterios rígidos que no tienen en cuenta la diversidad de situaciones económicas que atraviesan los autónomos. El resultado, sostienen, es un sistema que desconfía del solicitante por defecto y convierte el acceso a la prestación en una carrera de obstáculos.
Críticas al Ministerio y al bloqueo de reformas en 2025
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha sido especialmente contundente al valorar los datos conocidos. A su juicio, “el cese de actividad se ha convertido en el gran fiasco del sistema de protección social para los autónomos”. Abad considera inaceptable que, tras años de cotización específica, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas, dejando sin cobertura a quienes cesan su actividad de forma involuntaria.
Además, ha criticado duramente la falta de avances durante todo el año 2025 en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales, una reforma que incluía como elemento prioritario la modificación del cese de actividad. “Es una auténtica imprudencia no haber avanzado en este ámbito”, ha señalado, acusando al Ministerio de mirar hacia otro lado ante un problema estructural.
Exigencia de una reforma urgente y diálogo social
Ante este escenario, UPTA ha vuelto a instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a modificar de forma urgente el sistema de cese de actividad y a retomar el Observatorio del Cese de Actividad, un espacio de diálogo que debería contar con asociaciones representativas del colectivo y agentes sociales.
La organización defiende que solo a través de una reforma profunda, negociada y ajustada a la realidad económica de los autónomos, será posible transformar esta prestación en una verdadera herramienta de protección, y no en un filtro que deja fuera a la mayoría de quienes la solicitan.
UPTA concluye que mantener el actual modelo supone incumplir el espíritu mismo de la protección social, al convertir un derecho reconocido en una prestación inaccesible para miles de personas trabajadoras por cuenta propia que, tras cerrar su negocio, se encuentran sin ingresos y sin respaldo institucional.
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