Cinco personas han sido detenidas por imponer jornadas abusivas y condiciones insalubres a ciudadanos de India y Nepal en una finca agrícola
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer por su presunta implicación en una trama de explotación laboral que afectaba a 65 ciudadanos extranjeros en una finca agrícola del municipio de Ulea. La mayoría de las víctimas procedían de India y Nepal y, según la investigación policial, eran sometidas a condiciones laborales precarias y abusivas, en un caso que vuelve a poner el foco sobre la explotación de mano de obra migrante en el sector agrario de la Región de Murcia.
A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Tres de los detenidos han ingresado ya en prisión provisional, mientras que el principal investigado, propietario de la empresa que explotaba a los trabajadores, se encontraba previamente en prisión por hechos similares cometidos en la provincia de Albacete.
La operación se enmarca en una investigación de alcance internacional contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, desarrollada con la colaboración del Operativo EMPACT de Europol, y refuerza la dimensión transnacional de este tipo de delitos.
Jornadas extremas y condiciones de vida insalubres
La investigación se inició a mediados del mes de septiembre, cuando los agentes detectaron indicios de una posible red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. Las pesquisas condujeron hasta una finca agrícola en Ulea donde, según la Policía Nacional, los trabajadores eran obligados a desempeñar su labor durante las 24 horas del día, organizados en distintos turnos y sometidos a un régimen de trabajo especialmente duro.
Las condiciones laborales descritas por los investigadores eran claramente abusivas y vulneraban de forma sistemática la normativa laboral y de protección de los derechos humanos. A esta situación se sumaban las condiciones de vida a las que se veía sometida la plantilla, que incrementaban el grado de precariedad y dependencia de las víctimas respecto a la organización.
Durante la inspección de la finca, realizada de forma conjunta por agentes de la Policía Nacional y personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, se localizaron estancias insalubres utilizadas por los trabajadores para su aseo y descanso. Según las fuentes policiales, muchos de ellos eran hacinados en estos espacios al finalizar la jornada laboral, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad o dignidad.
Este escenario, de acuerdo con los investigadores, contribuía a mantener a los trabajadores en una situación de especial vulnerabilidad, dificultando cualquier posibilidad de denuncia o abandono del lugar de trabajo.
Una organización criminal reincidente
La Policía Nacional considera que los hechos investigados no responden a actuaciones aisladas, sino a una estructura organizada con reparto de funciones y continuidad en el tiempo. Prueba de ello es que el principal investigado, señalado como propietario de la empresa explotadora, ya se encontraba en prisión por la comisión de delitos similares en Albacete, lo que apunta a un patrón de conducta reiterado.
La organización, según la investigación, se beneficiaba de la situación administrativa y económica de los trabajadores extranjeros, aprovechando su necesidad para imponer condiciones laborales extremas y obtener un beneficio económico ilícito. A los detenidos se les imputa, además, el favorecimiento de la inmigración ilegal, al presuntamente facilitar la permanencia y el trabajo de personas extranjeras en situación irregular bajo un sistema de explotación.
Desde la Policía Nacional subrayan que este tipo de tramas no solo vulneran gravemente los derechos de las personas explotadas, sino que generan un efecto distorsionador en el mercado laboral, fomentando la competencia desleal y la precarización del empleo en sectores ya de por sí sensibles.
Cooperación internacional y lucha contra la explotación laboral
La operación desarrollada en Ulea se ha llevado a cabo en el marco del Operativo EMPACT de Europol, un instrumento de cooperación policial a nivel europeo orientado a combatir las principales amenazas del crimen organizado, entre ellas la trata de seres humanos y la explotación laboral. Esta colaboración ha permitido reforzar el intercambio de información y coordinar actuaciones frente a redes que operan más allá de las fronteras nacionales.
Desde la Policía Nacional destacan la importancia de este tipo de dispositivos conjuntos, así como la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para detectar y desmantelar estructuras que actúan de forma encubierta en el ámbito rural y agrícola.
El caso de Ulea vuelve a evidenciar la persistencia de situaciones de explotación laboral en el sector agrario y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención. Las autoridades recuerdan que la denuncia y la cooperación institucional son herramientas clave para sacar a la luz estas prácticas y proteger a las personas más vulnerables.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta red, mientras los detenidos pasan a disposición judicial. El operativo supone un nuevo golpe a las organizaciones criminales que se lucran a costa de la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores extranjeros en la Región de Murcia.
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