El Consejo Jurídico frena la indemnización por un grave fallo en Urgencias del Santa Lucía al faltar un informe médico clave
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha puesto en cuestión la tramitación de un expediente de responsabilidad patrimonial sanitaria derivado de un grave retraso diagnóstico en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, un caso que ha dejado a una paciente con insuficiencia renal crónica, dependiente de diálisis de por vida y en lista de espera para un trasplante. La reclamación económica asciende a 800.000 euros, aunque la propia Administración sanitaria ha llegado a admitir parcialmente el daño y a proponer una indemnización superior a los 200.000 euros.
El dictamen, correspondiente al expediente 313/2025, no niega la existencia del perjuicio ni el funcionamiento anormal del servicio sanitario, pero considera que el procedimiento está incompleto y no puede resolverse con garantías jurídicas. El motivo es la ausencia de un informe médico esencial: el del radiólogo que denegó la ecografía abdominal solicitada en el servicio de Urgencias, una prueba diagnóstica que el propio expediente señala como determinante en la evolución del caso.
Los hechos se remontan a junio de 2023, cuando la paciente acudió en dos ocasiones a Urgencias del hospital cartagenero con síntomas compatibles con una patología abdominal grave. Pese a presentar ictericia, dolor abdominal y signos clínicos relevantes, fue dada de alta sin que se practicara la ecografía solicitada. El diagnóstico definitivo no llegó hasta más de dos semanas después, cuando la enfermedad ya había evolucionado de forma crítica.
Un retraso de más de dos semanas con consecuencias irreversibles
Según recoge el expediente analizado por el Consejo Jurídico, el retraso diagnóstico fue de al menos 16 días, un periodo que resultó determinante en la evolución clínica de la paciente. Cuando finalmente fue intervenida de urgencia, sufrió un shock séptico abdominal que derivó en un fracaso multiorgánico, con especial afectación renal.
La consecuencia más grave de este proceso ha sido una insuficiencia renal crónica irreversible, que obliga a la paciente a someterse a tratamientos de diálisis de forma permanente y la ha situado en lista de espera para un trasplante de riñón. Se trata de un daño vitalicio que ha alterado de manera profunda su calidad de vida y su autonomía personal.
El propio expediente administrativo reconoce la gravedad del resultado y la relación entre el retraso asistencial y las secuelas finales. No se trata, por tanto, de una controversia médica sin resolver, sino de un caso en el que la Administración sanitaria ha asumido que existió un funcionamiento anormal del servicio.
La Inspección Médica reconoce el fallo asistencial
Uno de los elementos más relevantes del dictamen es el informe emitido por la Inspección Médica del Servicio Murciano de Salud. En él se reconoce expresamente que existió un retraso diagnóstico y terapéutico y que dicho retraso incrementó de forma significativa la probabilidad de complicaciones graves.
La Inspección vincula de manera directa el shock séptico sufrido por la paciente con el posterior fracaso renal, descartando que se tratara de una evolución inevitable de la enfermedad. Este reconocimiento interno llevó a la Administración a admitir la existencia de responsabilidad patrimonial sanitaria y a plantear una indemnización de 204.224,89 euros, aplicando la doctrina de la “pérdida de oportunidad”, frente a los 800.000 euros reclamados inicialmente.
El Consejo Jurídico no cuestiona este análisis médico ni la existencia del daño, pero sí advierte de que la resolución administrativa no puede adoptarse mientras falte un elemento esencial para valorar la cadena causal completa.
La ecografía denegada, en el centro del dictamen
El núcleo del pronunciamiento del Consejo Jurídico se sitúa en la decisión de no realizar la ecografía abdominal solicitada durante la atención en Urgencias. Para el órgano consultivo, esta denegación constituye el acto médico concreto del que deriva el daño y, por tanto, resulta imprescindible conocer los motivos clínicos y técnicos que llevaron a adoptar esa decisión.
Sin el informe del radiólogo responsable, el Consejo considera que el expediente está insuficientemente instruido y que no se puede garantizar una resolución ajustada a Derecho. Por ello, frena la indemnización propuesta y exige que se complete la documentación antes de adoptar una decisión definitiva.
El dictamen deja claro que no se trata de un rechazo a la reclamación ni de una exoneración del sistema sanitario, sino de una exigencia de rigor procedimental. Aun así, esta carencia retrasa la posible compensación económica a una paciente que ya ha sufrido un daño irreversible.
Un caso que reabre el debate sobre Urgencias y pruebas diagnósticas
El caso tiene un evidente impacto humano, pero también institucional. Afecta directamente a la atención prestada en el Hospital General Universitario Santa Lucía y reabre el debate sobre los criterios de indicación y autorización de pruebas diagnósticas en los servicios de Urgencias, especialmente cuando están en juego patologías potencialmente graves.
Además, el pronunciamiento del Consejo Jurídico de la Región de Murcia pone el foco en la necesidad de transparencia y exhaustividad en los expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria. La ausencia de un solo informe clave es suficiente para paralizar una indemnización millonaria y prolongar la incertidumbre para la persona afectada.
Mientras el Servicio Murciano de Salud completa el expediente conforme a las exigencias del dictamen, el caso sigue abierto y se suma a otros episodios que cuestionan la capacidad del sistema sanitario regional para responder con diligencia en situaciones críticas. Un fallo asistencial reconocido, un daño vitalicio y una reclamación de 800.000 euros sitúan este expediente en el centro del debate sobre la calidad, la responsabilidad y las consecuencias reales de los errores en la sanidad pública de la Región de Murcia.
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