“Basta de mapas sin datos”: Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor reclaman muestreos independientes y medidas urgentes en zonas “hotspot”
La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y el colectivo SOS Mar Menor han lanzado una advertencia pública que apunta de lleno a uno de los tabúes más incómodos del Campo de Cartagena: la posible presencia de metales pesados en suelos agrícolas en producción, con impactos potenciales sobre la cadena alimentaria, la salud laboral y el propio Mar Menor. En un comunicado difundido esta semana, ambos colectivos exigen a la Administración que entregue los datos primarios completos que sustentan unos mapas oficiales de “isoconcentraciones” de plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y cobre (Cu), y reclaman actuaciones inmediatas ante lo que describen como patrones “coherentes” de contaminación con “hotspots” claramente identificados.
El texto sitúa el origen de la alarma en una cartografía elaborada para la Administración que, según los colectivos, apareció durante el juicio a Tragsa por la balsa del Lirio y fue realizada en el marco de un encargo institucional vinculado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para la Consejería competente. La denuncia no se centra solo en la existencia de esos mapas, sino en lo que consideran más grave: que no se haya puesto a disposición pública el conjunto de datos analíticos que los respaldan, lo que impediría cualquier auditoría independiente y, por tanto, cualquier garantía real para agricultores, trabajadores y consumidores.
La contundencia del comunicado se refuerza con un mensaje que pretende cerrar la puerta a la inacción: “No hablamos de conjeturas”, sostienen, sino de cartografía con gradientes compatibles con aportes históricos “de origen minero-metalúrgico”. A partir de ahí, los colectivos apelan al principio de precaución: si en los mapas hay zonas que superarían umbrales legales o se sitúan cerca de ellos, no puede declararse “conformidad” sin verificación reglada parcela a parcela.
El documento incorpora, además, material gráfico que busca sostener la denuncia de forma visual. En las imágenes incluidas se aprecian mapas de distribución espacial —por ejemplo, un mapa de cobre total en mg/kg (página 4) y mapas de cadmio y zinc (página 5)— con áreas en tonos más intensos concentradas especialmente en el entorno de la laguna y en parte del litoral del Campo de Cartagena, según la leyenda de concentraciones mostrada.
Los mapas existen, pero faltan los datos: coordenadas, fechas, QA/QC y metodología
La reclamación principal de Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor es concreta y técnica: la entrega inmediata del “dataset primario completo” que sustenta la cartografía. En su lista de exigencias, piden valores analíticos por punto de muestreo, georreferenciación (coordenadas), fechas, profundidad efectiva, controles de calidad (QA/QC), método analítico, tratamiento de no detectados y una memoria técnica del cartografiado e interpolación. Sin esos elementos, sostienen, no es posible verificar ni replicar la cartografía, ni determinar con seguridad si se cumplen o no los límites legales para suelos agrarios.
El comunicado insiste en que la falta de acceso a esos datos impide una auditoría independiente y deja a todos los actores expuestos: desde el agricultor que trabaja una parcela hasta el consumidor que compra producto del Campo de Cartagena. El argumento es especialmente sensible porque no se habla de suelos abandonados o de un estudio académico: se habla, subrayan, de “suelos en producción”.
Los colectivos sostienen que la incertidumbre no puede usarse como excusa para no hacer nada cuando, a su juicio, están en juego la salud laboral, la salud pública y el medio ambiente. Plantean también un riesgo directo para las personas trabajadoras del campo por contacto dérmico, ingestión accidental e inhalación de polvo, especialmente en labores agrícolas y en episodios secos, además del posible impacto por bioacumulación en hortalizas, frutas y tubérculos.
Muestreo independiente y medidas provisionales: la hoja de ruta que exigen
Ante la falta de datos públicos, Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor plantean un segundo escenario: si la Administración no aporta la información o si esta no permite una auditoría rigurosa, exigen una campaña independiente de muestreo en suelos en cultivo, priorizando las áreas señaladas por los mapas. Reclaman que se muestree de forma representativa el estrato 0–25 cm, que se determine simultáneamente el pH (dato clave para la movilidad de metales en suelo), que exista cadena de custodia documentada y que los análisis se realicen en laboratorios acreditados.
En paralelo, piden “medidas provisionales inmediatas” en las áreas de mayor riesgo para proteger tanto la producción alimentaria humana como la alimentación animal y la salud de las personas trabajadoras, mientras persiste la incertidumbre. Y, si se confirmaran riesgos “inaceptables”, exigen activar sin dilaciones el procedimiento de suelo contaminado y una evaluación de riesgos por uso.
El comunicado también incorpora un apartado de máxima dureza al hablar de “responsabilidad institucional”, señalando que “alguien conocía estos datos” y no habría tomado medidas. Esa parte del texto utiliza términos acusatorios (“prevaricación”) que, por ahora, no se acompañan en el documento de hechos concretos verificables sobre quién, cuándo y qué decisiones se omitieron, pero muestran el nivel de tensión y de desconfianza que los colectivos trasladan hacia la gestión administrativa de la información.
Campo de Cartagena y Mar Menor: del suelo agrícola a la laguna
El cierre del comunicado intenta conectar la denuncia con el impacto territorial más amplio: “cada lluvia contamina el Mar Menor y sus peces”, afirman, y sitúan la cuestión como un problema que trasciende el ámbito local por la dimensión agroalimentaria de la comarca y el destino de parte de su producción. El mensaje final es una exigencia de acción inmediata: “Los mapas ya señalan el problema. Ahora hacen falta datos, análisis y decisiones”.
Más allá de la carga política del texto, el núcleo informativo queda definido: existen mapas de isoconcentraciones de metales pesados presentados como “oficiales” por los colectivos, pero la Administración no habría publicado el dataset que permitiría validar, discutir y actuar con criterios verificables. La exigencia, por tanto, no es una declaración genérica: es una petición de transparencia técnica con implicaciones directas para el Campo de Cartagena, la confianza en su producción agrícola y la protección del Mar Menor.
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