La asociación Lorcairis LGTBIQ+ denuncia el ataque y los socialistas señalan a PP y Vox por la tibieza frente al odio
El banco arcoíris de Lorca, uno de los símbolos urbanos más visibles del compromiso municipal con la diversidad, ha aparecido parcialmente cubierto de pintura tras un acto vandálico que ha generado indignación y reacciones políticas inmediatas. La Agrupación Socialista Lorquina ha condenado lo ocurrido y se ha sumado a la denuncia pública realizada por la asociación Lorcairis LGTBIQ+, calificando el ataque como “intolerable” y reclamando una respuesta institucional “clara y sin matices” por parte del Gobierno local, formado por PP y Vox.
El PSOE local sostiene que lo sucedido no puede tratarse como una simple gamberrada. En su valoración, el ataque se inscribe en un clima de “mensajes de odio” que, advierten, se ha intensificado en los últimos tiempos y que termina traduciéndose en agresiones simbólicas contra espacios y colectivos que representan derechos y libertades. Desde la formación socialista vinculan estos episodios a la normalización de discursos que “señalan y estigmatizan” a grupos vulnerables, entre ellos el colectivo LGTBIQ+, las personas migrantes o las mujeres.
LasNoticiasRM.es ha intentado recabar la versión del Ayuntamiento de Lorca y de los grupos municipales de PP y Vox a través del gabinete de comunicación y contactos telefónicos para conocer si emitirán una condena institucional y qué medidas se adoptarán para restaurar el mobiliario y reforzar la prevención. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Un símbolo urbano atacado y una exigencia política directa
El banco arcoíris, instalado como elemento de mobiliario urbano con un significado explícito —la visibilización de la diversidad y el rechazo a la discriminación—, se ha convertido en el centro de una polémica que va más allá de la pintura: quién condena el ataque, cómo se responde y qué mensaje se transmite a la ciudad. El PSOE de Lorca reclama que el equipo de Gobierno no se limite a gestos tibios y que condene el vandalismo de manera institucional e inmediata.
En su nota, la Agrupación Socialista Lorquina sostiene que el silencio o una condena a medias “solo sirven para dar alas” a quienes pretenden imponer la intolerancia en el espacio público. La crítica se dirige, por tanto, a la responsabilidad política de marcar límites y no dejar que este tipo de ataques se diluyan como un incidente menor sin consecuencias.
El episodio vuelve a colocar bajo el foco la convivencia en Lorca y el papel que desempeñan los símbolos en el paisaje urbano. Para muchas personas, el banco arcoíris no es un objeto decorativo, sino una declaración visible: aquí hay un lugar para todos. Precisamente por eso, su vandalización funciona como mensaje inverso: un intento de borrar, manchar o intimidar. Y ese componente, por más que no deje daños estructurales, tiene un impacto social difícil de cuantificar, pero fácil de sentir.
El debate del “odio” en la política local
El PSOE lorquino sostiene que este tipo de actos no aparecen en el vacío. En su análisis, proliferan cuando determinados discursos encuentran espacio para legitimarse, cuando la crítica se convierte en señalamiento, y cuando la diferencia se utiliza como arma en la conversación pública. Sin aportar pruebas directas sobre autores o motivaciones —algo que corresponderá a la investigación policial—, los socialistas insisten en la relación entre el clima social y la repetición de ataques a símbolos de derechos.
La formación afirma que el vandalismo del banco arcoíris es un síntoma de un contexto “preocupante”, y al hablar de colectivos vulnerables amplía el marco: no solo es LGTBIQ+, también migración y mujeres. Esa enumeración no es casual. Busca señalar que el odio no suele elegir una única diana, sino que opera por escalada y por contagio: hoy un símbolo, mañana una persona; hoy una pintada, mañana una agresión verbal; hoy una burla, mañana un miedo que se instala.
En un municipio donde la política local vive una etapa de tensión y polarización, el acto vandálico adquiere un valor añadido: sirve como prueba de estrés para las instituciones. ¿Se condena sin ambages? ¿Se restaura rápido? ¿Se investiga? ¿Se protege lo común? Son preguntas que muchos vecinos se hacen cuando un espacio de convivencia es atacado, aunque sea simbólicamente.
Restauración, investigación y el papel institucional
Además de la condena, el PSOE ha puesto sobre la mesa dos exigencias prácticas: la restauración inmediata del mobiliario y el avance de la investigación. Los socialistas aseguran que vigilarán que el Ayuntamiento cumpla con el compromiso de restaurar el banco y afirman que colaborarán en lo necesario para que las pesquisas lleguen hasta los responsables.
Según la información trasladada en la nota, la investigación estaría siendo desarrollada por la Policía Nacional, con apoyo de cámaras de seguridad situadas en la zona. En estos casos, la rapidez en la restauración no es un detalle estético: es una respuesta institucional que evita que el daño simbólico permanezca como “normalidad” en el espacio público. Y también es un mensaje para quienes pudieran pensar que atacar símbolos de convivencia sale barato.
En paralelo, el episodio pone en evidencia la importancia de que las instituciones municipales tengan un protocolo claro ante incidentes de odio o ataques a símbolos públicos: condena, actuación rápida, colaboración con las fuerzas de seguridad, refuerzo preventivo si procede y una comunicación que no mire hacia otro lado. Esa es, en el fondo, la discusión que subyace tras la petición socialista de una condena “sin matices”: no basta con deplorar un acto, hay que comprometerse con lo que representa el símbolo atacado.
El banco arcoíris ha sido vandalizado, sí. Pero el reto ahora no es únicamente limpiarlo. Es decidir si Lorca permite que el odio marque el ritmo o si la ciudad responde con algo más potente que una capa de pintura: una defensa firme, institucional y colectiva de la convivencia.
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