La diputada socialista afirma que el ‘no’ popular deja sin bono social eléctrico a miles de hogares y frena fondos y deducciones con impacto en la Región de Murcia
El rechazo del Partido Popular a dos reales decretos ley en el Congreso ha abierto un nuevo choque político con foco directo en la Región de Murcia. La diputada del PSOE Caridad Rives ha asegurado que el voto en contra del PP al llamado “escudo social” “perjudica a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables”, y lo ha enmarcado como “un paso más en su deriva hacia la ultraderecha”.
Rives realizó estas declaraciones en rueda de prensa tras la votación, y centró el principal impacto en el bono social eléctrico. Según expuso, el “no” del PP impide que más de 71.000 familias de la Región de Murcia puedan seguir acogidas a este descuento, entre ellas más de 3.000 pensionistas con pensión mínima, más de 24.000 familias numerosas y más de 43.000 hogares vulnerables con rentas bajas. “Gracias al voto en contra del PP ya no se les aplicará ningún descuento por el bono social eléctrico”, afirmó.
La diputada socialista añadió que, en su opinión, la decisión tendrá consecuencias en la protección de consumidores vulnerables: “volveremos a ver en la Región cómo se les corta el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión”, sostuvo.
Deducciones y medidas fiscales: energía, vehículo eléctrico y ayudas por catástrofes
Rives también vinculó el voto en contra del PP a la pérdida de beneficios fiscales para la ciudadanía. En concreto, señaló que la Región de Murcia no podría beneficiarse de deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, por la compra de un coche eléctrico o por la instalación de un punto de recarga. Añadió además que los afectados por episodios como la DANA o incendios “tendrán que declarar en el IRPF las ayudas recibidas por estas catástrofes”, según su argumentario.
En el plano laboral y económico, la diputada del PSOE afirmó que el rechazo del PP también afecta a autónomos que tributan por estimación objetiva (módulos), muchos de ellos —según indicó— vinculados a actividades agrícolas y ganaderas, al no aplicarse nuevos límites para seguir en ese régimen.
Rives añadió otra consecuencia que, a su juicio, perjudica a los trabajadores: “va a permitir que empresas beneficiarias de ayudas públicas puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos”, afirmó tras la votación.
El choque por las “entregas a cuenta”: 760 millones en disputa
La diputada socialista situó otro frente de impacto regional en la financiación autonómica a corto plazo. Según afirmó, el PP “no quiere que se actualicen las entregas a cuenta a esta comunidad” y con su voto “prefiere dejar de ingresar en las arcas públicas 760 millones de euros” que, en su opinión, podrían destinarse a mejorar servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales.
En su intervención, Rives trató de vincular ese debate a la vida cotidiana: para el PSOE, el voto del PP no solo recorta herramientas de protección para hogares vulnerables, sino que también afecta a los recursos disponibles para sostener servicios públicos en la Región de Murcia.
Okupación y desahucios: la respuesta del PSOE al argumento del PP
Rives aseguró que el PP justifica su voto con “un nuevo bulo” relacionado con la okupación. Según su versión, el decreto no contempla beneficios para okupas y la paralización de desahucios se limitaría a “casos muy concretos” vinculados a informes de vulnerabilidad elaborados por servicios sociales.
La diputada cerró su intervención planteando una pregunta política directa sobre el papel de las administraciones con competencias en servicios sociales —ayuntamientos y Comunidad Autónoma—, en su mayoría gobernados por el PP en la Región de Murcia: qué respuesta darán a las familias vulnerables con menores o dependientes si se endurece el escenario habitacional.
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