El PSOE plantea ayudas de hasta 36.000 euros, zonas tensionadas y límites al alquiler “abusivo” en la Región
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha afirmado que el presidente Fernando López Miras “aceptaría” el decálogo de medidas propuesto por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, si tuviera “la mínima voluntad” de afrontar el problema de la vivienda en la Región de Murcia. Según la dirigente socialista, el ofrecimiento de acuerdo del PSRM busca abordar “uno de los principales problemas” de la comunidad, mientras que la respuesta del Partido Popular, sostiene, se limita a “excusas, ruido y propaganda”.
Fernández ha situado el debate en términos de decisión política: o el Gobierno regional dialoga e incorpora medidas “efectivas” para facilitar el acceso a la vivienda, o continúa —según sus palabras— “confrontando” con los argumentarios que “le manda Feijóo”. En ese marco, el PSOE presenta el decálogo como un paquete de propuestas “razonables y realizables” que, afirma, permitiría actuar tanto sobre el acceso a la compra como sobre la escalada de precios del alquiler.
La nota pone además un diagnóstico que eleva el tono del choque: Fernández atribuye a López Miras la responsabilidad de que la Región de Murcia sea “la comunidad donde más ha subido el precio de la vivienda” y le reprocha, a renglón seguido, negarse a aplicar medidas de contención de precios y de impulso de vivienda pública.
Ayudas de hasta 36.000 euros y suelo público que “siempre sea público”
Entre las principales medidas citadas por Carmina Fernández figura la propuesta de ayudas directas “de hasta 36.000 euros” para jóvenes y familias con el fin de facilitar la compra de la primera vivienda. El paquete incluye también el compromiso de que el suelo público y la vivienda pública “siempre sean públicos”, una formulación con la que el PSOE pretende blindar el carácter público de los activos destinados a políticas de vivienda.
La dirigente socialista añade que el decálogo incorpora medidas fiscales —bonificaciones y deducciones— orientadas, según la nota, a “aliviar el bolsillo de los inquilinos” y promover la puesta de viviendas en alquiler. El objetivo declarado del PSRM es combinar apoyo directo a la demanda con instrumentos que incrementen oferta y frenen la presión de precios.
Fernández ha defendido que las propuestas beneficiarían a compradores y arrendatarios, pero también a propietarios, en la medida en que incentivarían la incorporación de vivienda al mercado del alquiler. En su argumentario, el PSOE reprocha al PP que haya calificado estas medidas de “sectarias e ideológicas”, al considerar que el Gobierno regional carece de credibilidad para descalificarlas después de lo que describe como años sin políticas efectivas.
Zonas tensionadas y límites al alquiler: el eje más polémico
El comunicado del PSOE subraya como uno de los puntos clave la declaración de “zonas tensionadas” para frenar la subida “abusiva” de los alquileres y “poner límite” a los precios. Fernández vincula esta herramienta a la necesidad de contener el encarecimiento del mercado del alquiler en la Región, y lo presenta como un mecanismo imprescindible si se quiere actuar sobre el problema de accesibilidad residencial.
En este punto, la portavoz socialista acusa al Gobierno regional de negarse a aplicar límites al alquiler e “incumplir la Ley de Vivienda”. A ello suma otras críticas de gestión: afirma que el Ejecutivo autonómico no ha construido “ni una sola vivienda pública en ocho años”, que no ha pagado las ayudas del Gobierno de España al alquiler joven y que tampoco ha impulsado la construcción de viviendas “que el Gobierno de España le ha pagado”, advirtiendo de que la Región podría tener que devolver fondos si no cumple plazos.
El PSOE encadena esas acusaciones con un reproche adicional: sostiene que el PP no puede apelar al “rigor presupuestario” porque, según Fernández, el Gobierno de López Miras es “el más incumplidor de España”. En la nota, la portavoz socialista contrapone ese escenario a la propuesta de acuerdo de Francisco Lucas, presentada como una vía para pasar del enfrentamiento político a medidas concretas.
Un pulso político con la vivienda como campo de batalla
Carmina Fernández cierra su posicionamiento reclamando que el Partido Popular deje de “repetir consignas” y empiece a trabajar para garantizar el derecho a una vivienda digna. En su mensaje, insiste en que López Miras debe elegir entre dialogar e incorporar propuestas que, según el PSOE, contribuirían a bajar precios y ampliar opciones, o mantener una estrategia de confrontación política.
La nota no detalla el contenido completo del decálogo, pero sí perfila sus ejes centrales: ayudas directas a la compra, preservación de suelo y vivienda pública, declaración de zonas tensionadas con límites a alquileres, incentivos fiscales e impulso a la puesta en alquiler. El PSOE plantea estas medidas como un paquete negociable y “realizable” y emplaza al Gobierno regional a pronunciarse sobre su aplicación en la Región de Murcia.
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