El PSOE de Cartagena sostiene que el proyecto sigue bloqueado por trámites municipales pendientes desde 2020
La Ciudad de la Justicia de Cartagena vuelve a quedar atrapada en el mismo punto de siempre, el suelo. Según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, la infraestructura acumula ya más de seis años de retraso y la razón no está en Madrid, sino en el propio Ayuntamiento. Su tesis es directa y políticamente explosiva, el Gobierno local no ha sido capaz de culminar de forma correcta la cesión de la parcela aprobada en 2020 y esa cadena de errores administrativos mantiene el proyecto paralizado.
Torres sostiene que esta situación quedó confirmada tras su reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a partir de las declaraciones realizadas por el propio ministro durante una visita a Lorca. En esas palabras, el Ministerio insiste en que está en condiciones de iniciar el proyecto en cuanto el Ayuntamiento entregue el suelo en condiciones y complete los trámites que faltan. El foco, por tanto, se desplaza desde el debate político hacia el expediente, hacia lo que hay y lo que no hay sobre la mesa.
En la argumentación socialista, la comparación con otras ciudades de la Región de Murcia es clave para reforzar el relato. Bolaños habría recordado que el Ministerio ya ha rehabilitado el Palacio de Justicia de Murcia, construido el de Lorca y que en abril se licitará el proyecto de Molina de Segura, mientras que Cartagena sería el único gran proyecto que permanece bloqueado. La idea que se pretende trasladar es clara, no se trata de falta de planificación estatal, sino de un atasco local que no se resuelve.
Dos trámites pendientes y un encadenamiento de errores
El PSOE de Cartagena sitúa el nudo del problema en dos cuestiones que el Ministerio considera imprescindibles antes de asumir la parcela. Por un lado, Torres asegura que el Ayuntamiento cedió inicialmente una parcela de la que debía segregarse otra parte destinada a la ampliación del Centro de Formación Profesional Hespérides, un trámite que, según se remarca, no puede ejecutar el Ministerio y que debe realizar el propio consistorio. El resultado, según su versión, es un primer paso dado a medias, con un expediente que no puede avanzar si la finca no llega saneada desde el punto de vista administrativo.
El segundo escollo, siempre según el documento remitido por el PSOE, tiene que ver con los accesos. Torres afirma que no se precisó cómo se resolverán los accesos por carretera a la parcela, un aspecto que el Ministerio de Justicia considera determinante y que, además, obligaría a concretar previamente con el Ministerio de Infraestructuras. En el relato socialista, esta omisión no es menor, porque impide que el Estado pueda planificar una inversión de esta magnitud sin garantías de conectividad y operatividad.
A partir de ahí, el PSOE eleva el tono contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, a la que acusa de falta de gestión y de intentar desviar responsabilidades hacia el Gobierno de España. Torres habla de “un despropósito tras otro” y de una supuesta estrategia de comunicación basada en anuncios y crítica política, mientras el expediente seguiría sin resolverse. Es un choque clásico entre administraciones, pero con un matiz que pesa, en este caso la discusión gira sobre trámites concretos, no sobre una mera disputa de relatos.
La sombra de El Hondón y la exigencia de aclaraciones
El documento añade además un elemento que introduce una dimensión ambiental y de seguridad jurídica. Torres recuerda que, dada la cercanía de los terrenos contaminados de El Hondón, el Ministerio de Justicia habría solicitado al Ayuntamiento que aclare si la parcela destinada a la Ciudad de la Justicia presenta suelos contaminados o no. Si esa aclaración no está cerrada, el proyecto no solo se atasca por cuestiones burocráticas, también se enfrenta a un potencial factor de riesgo que puede condicionar plazos, costes y responsabilidades.
Este punto es especialmente sensible para Cartagena, porque conecta con un debate urbano de fondo, el de los suelos contaminados, la regeneración de espacios degradados y la planificación de grandes equipamientos públicos en entornos complejos. Aunque el texto no entra en detalles técnicos ni aporta informes específicos, sí refleja que el Ministerio pone condiciones adicionales de certeza sobre el terreno. Y en proyectos de justicia, la certeza no es un capricho, es un requisito, porque los errores en origen terminan pagándose con sobrecostes, litigios y nuevos retrasos.
El PSOE cierra su posición insistiendo en que el Gobierno de España está preparado para arrancar la Ciudad de la Justicia de Cartagena en cuanto el Ayuntamiento haga sus deberes y complete los pasos pendientes. En su mensaje final, Torres contrapone gestión frente a propaganda y reclama que el gobierno local se centre en resolver accesos, cesión y aclaraciones sobre el suelo. El pulso, por tanto, queda servido, o el Ayuntamiento acelera y ordena el expediente, o Cartagena seguirá siendo el ejemplo incómodo de cómo una obra estratégica puede quedarse años atrapada en el laberinto del procedimiento.
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