La reunión en Los Alcázares abordó el plan territorial, invitó a PP y Mixto y eligió a Pedro Luengo

El Comité de Seguimiento del Mar Menor celebró en Los Alcázares una sesión que, más allá de los acuerdos habituales, dejó dos mensajes claros: el órgano quiere reforzar las medidas de concienciación ambiental vinculadas al uso recreativo de la laguna y, al mismo tiempo, abrir un debate político y científico sobre posibles cambios en la Ley de Protección del Mar Menor. El encuentro estuvo marcado además por la renovación anual de cargos prevista en la regulación interna del comité, que pone fin a la etapa del alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, como presidente del órgano.
El contexto no es menor: el Mar Menor sigue en el centro de una gobernanza compleja, con múltiples administraciones implicadas, tensiones políticas recurrentes y una sociedad civil organizada que reclama eficacia y transparencia. En esa línea, la reunión incorporó un elemento técnico de calado, con la participación como invitado del director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura del Gobierno regional, Javier Rollán, para informar sobre la tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.
Plan territorial: 87 alegaciones y dudas sobre la tramitación
Uno de los ejes del encuentro fue el seguimiento del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, un documento estratégico por su impacto sobre usos del suelo, actividades económicas y, en última instancia, sobre la presión ambiental que soporta la laguna. Según la información trasladada al comité, el plan ha recibido un total de 87 alegaciones durante el periodo de exposición pública, un volumen que evidencia el nivel de interés —y también de controversia— que despierta cualquier instrumento de planificación ligado a la cuenca vertiente.
La presencia del responsable regional sirvió, de acuerdo con la nota, para responder a las dudas planteadas por los miembros del comité sobre el estado del procedimiento. En un momento en el que la ciudadanía percibe con frecuencia que los grandes planes se anuncian más de lo que se ejecutan, el dato de las alegaciones y el intercambio técnico subrayan que el debate no está cerrado y que el diseño final del plan puede condicionar medidas futuras sobre protección ambiental, compatibilidad de usos y coordinación administrativa.
Aunque la comunicación institucional no entra al detalle de esas alegaciones, el hecho de que el comité lo sitúe como asunto central apunta a una preocupación de fondo: la planificación territorial no puede quedarse en un documento de trámite si no aterriza en criterios efectivos y verificables de protección del ecosistema. En un órgano concebido para analizar, proponer y vigilar, la credibilidad también se juega en la capacidad de convertir la planificación en decisiones coherentes y fiscalizables.
Cláusulas en licitaciones para empresas náuticas: pedagogía antes de navegar
El acuerdo más concreto adoptado en la sesión se dirige a un ámbito muy visible para residentes y visitantes: la actividad náutica en el Mar Menor. El comité aprobó instar a los ayuntamientos costeros a incluir en los pliegos de licitación de las empresas náuticas una cláusula —obligatoria o valorable— para que estas impartan charlas informativas a sus usuarios antes de realizar actividades. El objetivo: explicar la situación ambiental del Mar Menor, el buen uso de la laguna y la protección de sus valores naturales.
Sobre el papel, la medida busca que la concienciación no sea un eslogan genérico, sino un requisito integrado en la relación contractual entre administraciones y operadores privados. Es decir, que el acceso a concesiones o licitaciones incorpore condiciones ambientales que trasciendan la simple normativa de funcionamiento. La nota recoge, además, un enfoque claro por parte del Ayuntamiento de Los Alcázares, a través del concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Pedro José Sánchez, quien subraya que “la concienciación es una herramienta fundamental” y que implicar a empresas y usuarios es “un paso necesario” hacia un uso más sostenible del entorno.
Sin embargo, la decisión también plantea un debate inevitable: hasta qué punto el peso de la protección puede descansar en la pedagogía cuando los retos ambientales del Mar Menor exigen, además, control y cumplimiento estricto de las obligaciones. La formación a usuarios puede ayudar a reducir malas prácticas —fondeos inadecuados, vertidos accidentales, usos agresivos en zonas sensibles—, pero difícilmente sustituye a políticas integrales y a una vigilancia efectiva. Precisamente por eso, el hecho de que el comité priorice una medida educativa sugiere una estrategia de corto plazo orientada al comportamiento individual, mientras el gran marco territorial y normativo sigue en discusión.
Debate político sobre la Ley y relevo en la presidencia del Comité
La sesión aprobó también invitar a los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Grupo Mixto a la próxima reunión del Comité, con el objetivo de que expliquen sus propuestas de modificación de la Ley de Protección del Mar Menor. El comité pretende así analizar distintos puntos de vista y “emitir una posición fundamentada”, y solicitará además un informe al Comité Científico sobre los posibles impactos de dichas modificaciones.
Este movimiento es relevante por dos razones. La primera, porque convierte una discusión parlamentaria en un asunto que se somete a escrutinio de un espacio de gobernanza y participación, incorporando la dimensión científica antes de que el debate se reduzca a mayorías políticas. La segunda, porque evidencia que el órgano no quiere limitarse a “tomar nota” de cambios normativos, sino condicionar la conversación pública con argumentos técnicos. Si ese propósito se mantiene, puede ser una palanca para elevar el nivel del debate y evitar reformas que se impulsen sin evaluar consecuencias ambientales y de gobernanza.
El encuentro fue, además, el cierre formal de una etapa. En el transcurso de la reunión se aprobó el nombramiento de Pedro Luengo, representante de Ecologistas en Acción, como nuevo presidente del Comité de Seguimiento del Mar Menor, en sustitución de Mario Pérez Cervera. La nota encuadra el cambio en la renovación anual prevista por la regulación interna del órgano.
En su despedida, Pérez Cervera afirmó que “ha sido un honor” presidir el comité en un momento clave para la consolidación de la personalidad jurídica del Mar Menor y su gobernanza, y añadió que el trabajo del órgano ha mostrado que aún “queda camino por recorrer” para que todas las instituciones comprendan la trascendencia de este modelo.
La información disponible sobre esta reunión procede de la nota de prensa institucional del Ayuntamiento de Los Alcázares y no incluye, por ahora, valoraciones adicionales ni un turno público de preguntas que permita contrastar posiciones más allá del comunicado. Con el relevo en la presidencia y la próxima convocatoria anunciada, el reto inmediato del comité será demostrar que su papel de análisis, propuesta y vigilancia se traduce en medidas concretas y evaluables, especialmente en un ecosistema tan valioso como frágil y tan expuesto a los vaivenes políticos como el Mar Menor.
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