El ITREM ha destinado más de medio millón de euros a la Fundación Camino de la Cruz, que fue presidida por el expresidente condenado por corrupción
El Gobierno de la Región de Murcia ha financiado con 567.500 euros de dinero público a la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, una entidad cuyo presidente de honor fue Pedro Antonio Sánchez, expresidente autonómico del Partido Popular condenado por corrupción y todavía pendiente de juicio por otras causas. Los fondos proceden del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) y se han otorgado mediante subvenciones directas sin concurrencia pública entre los años 2021 y 2025.
Siete subvenciones consecutivas y sin competencia pública
Según los datos oficiales del portal de subvenciones analizados por LasNoticiasRM, la fundación ha recibido siete ayudas consecutivas del ITREM en apenas cuatro años, con importes que van desde los 30.000 hasta los 241.500 euros, y siempre bajo la modalidad de “entrega dineraria sin contraprestación”. En total, el Ejecutivo regional ha destinado 567.500 euros entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025.
Todas las ayudas han sido concedidas por el Instituto de Turismo, dependiente de la Consejería que actualmente dirige el Partido Popular, y tienen como finalidad supuestamente la “promoción del Camino de la Cruz de Caravaca” y los actos vinculados al Año Jubilar.
Una fundación impulsada por el propio Gobierno regional
La Fundación Camino de la Cruz fue creada en marzo de 2016 mediante escritura pública ante el notario Javier Alfonso López Vicent, con participación directa del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y de grandes empresas privadas murcianas como Grupo Fuertes, Postres y Dulces Reina, Limcamar, Hefame, Productos Continental y la UCAM, además de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca.
En esa escritura, el presidente de la Comunidad Autónoma —en aquel momento Pedro Antonio Sánchez— fue designado presidente del Patronato, y el ITREM asumió la vicepresidencia primera. La dotación fundacional inicial fue de 33.500 euros, de los cuales 9.000 euros procedían directamente del propio ITREM.
Desde su origen, por tanto, se trata de una fundación impulsada, participada y financiada con importantes cantidades económicas por el Gobierno regional, que mantiene además el control institucional a través de su representación permanente en el patronato.
Pedro Antonio Sánchez, presidente de honor y símbolo del proyecto
Aunque ya no ocupa cargo público, Pedro Antonio Sánchez estuvo vinculado a la Fundación Camino de la Cruz como presidente de honor, según consta en la información pública de la propia entidad. Su nombre figura asociado a la promoción del Camino Jubilar y a actos oficiales en los que la fundación participa o recibe financiación regional.
El expresidente fue condenado por prevaricación en el conocido caso Auditorio, y está pendiente de juicio por el caso Pasarelas, además de haber sido investigado en el caso Púnica. A pesar de ello, la entidad que preside simbólicamente sigue recibiendo fondos del mismo Gobierno autonómico del Partido Popular que él mismo dirigió hasta su dimisión.
El papel del ITREM y la opacidad de las ayudas
Todas las subvenciones a la Fundación Camino de la Cruz se han canalizado a través del ITREM, organismo dependiente de la Consejería de Turismo. Ninguna de las ayudas se ha concedido mediante convocatoria pública ni sometida a criterios de concurrencia o evaluación externa, lo que evidencia una relación directa y continuada de financiación pública.
Los expedientes publicados en el BORM reflejan que las ayudas han seguido una pauta anual, intensificada en los años previos al Año Jubilar, coincidiendo con el ciclo político en el que el Gobierno regional estaba en manos del PP presidido por Fernando López Miras.
Una relación que reabre el debate sobre el uso político del Camino de la Cruz
La continuidad de las ayudas del ITREM a una fundación que fue presidida honoríficamente por un expresidente condenado por corrupción vuelve a situar el foco sobre la instrumentalización política del Camino de la Cruz y la gestión del dinero público destinado a la promoción turística.
Mientras tanto, el Gobierno de Fernando López Miras mantiene la financiación directa a esta entidad privada, erigida bajo impulso del propio Partido Popular y que fue presidida simbólicamente por quien fue su antecesor en el cargo.
En total, más de medio millón de euros públicos han reforzado desde 2021 una fundación que, pese a su aparente finalidad cultural y turística, sigue tejiendo vínculos institucionales y económicos con el poder político regional.
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