La Comunidad traslada fondos de “ayudas a iniciativas agrícolas” a telecomunicaciones sin anuncio público, pese a su discurso de apoyo al sector

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado un movimiento presupuestario que deja una lectura incómoda para el sector primario: casi cinco millones de euros que figuraban en una línea destinada a actuaciones del ámbito rural y ayudas agrícolas se redirigen a gasto tecnológico interno de la Administración. La decisión se formaliza en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2026 que autoriza una transferencia de crédito por 4.978.083,68 euros.
Lo llamativo no es solo el importe. También el modo. No consta un anuncio público previo ni una explicación política destacada sobre una operación de este volumen. La transferencia se tramita por los cauces habituales y se indica que se dará cuenta a la Asamblea Regional, pero el cambio no se presenta ante la ciudadanía como una decisión con efectos sobre una línea vinculada al campo.
La operación contrasta con el discurso habitual del Ejecutivo regional, que acostumbra a reivindicar su apuesta por agricultores y ganaderos. Sin embargo, lo que reflejan las cuentas es que una parte significativa del dinero previsto para el ámbito rural se utiliza para cubrir necesidades de conectividad, monitorización y ciberseguridad de la propia estructura administrativa.
El recorte sale de un proyecto identificado como ayudas agrícolas
El acuerdo fija con claridad de dónde sale el dinero: la partida 17.02.00.712E.470.29, denominada “Otras actuaciones ámbito rural, for.agropec.y pesca”. Dentro de esa partida, el recorte se hace sobre el proyecto 53933, “Ayudas dirigidas a iniciativas agrícolas”, que es el que pierde los 4.978.083,68 euros trasladados.
El documento no explica qué medidas concretas estaban previstas con ese crédito ni si había convocatorias ya comprometidas. Tampoco aclara si se trata de fondos sin ejecutar o si afecta a actuaciones planificadas. Lo único que deja claro es el cambio de destino: la bolsa de ayudas asociada a iniciativas agrícolas queda reducida para reforzar otras necesidades.
En términos políticos, la lectura es directa: cuando aparece un agujero en otra parte del presupuesto, el Gobierno regional decide taparlo recortando una línea vinculada al campo. Y lo hace sin poner el foco en esa consecuencia.
El dinero acaba en “telefónicas”: redes, internet y seguridad de la información
Los casi cinco millones pasan a la partida 13.05.00.126J.222.00, denominada “Telefónicas”, y se reparten en tres proyectos tecnológicos. La mayor cuantía, 2.921.108,85 euros, va a “Servicios de redes de datos e internet”. Otros 1.159.148,00 euros se asignan a “Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización”. Y 897.826,83 euros se destinan a “Servicios de seguridad de la información”.
Se trata, por tanto, de un trasvase desde una línea pensada para el ámbito rural a gastos que sostienen el funcionamiento digital de la Administración regional. Son servicios necesarios, pero no son ayudas al campo ni medidas directas para explotaciones o iniciativas agrícolas.
Además, por su propia denominación, estos proyectos apuntan a necesidades continuas —redes, interconexión, seguridad—, lo que refuerza la idea de que el campo ha actuado como “caja” para cubrir gasto estructural.
Sin explicación pública y con control parlamentario pendiente
El acuerdo señala que la transferencia se comunica a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y a las consejerías afectadas para su ejecución y conocimiento. También establece que se dará cuenta a la Asamblea Regional, donde los grupos podrán pedir explicaciones sobre el motivo del refuerzo de las partidas tecnológicas y, sobre todo, sobre el impacto de retirar casi cinco millones de un proyecto de ayudas agrícolas.
La cuestión de fondo es sencilla: el Ejecutivo regional mantiene un discurso de apoyo al campo, pero ha aprobado un recorte de 4.978.083,68 euros en una línea identificada como “ayudas dirigidas a iniciativas agrícolas” y lo ha hecho sin anunciarlo públicamente. En el papel, el dinero sale del ámbito rural y entra en las redes y sistemas de la Administración. Esa es la decisión. Ahora queda por saber qué consecuencias tendrá para el sector y por qué se ha optado por este trasvase “en silencio”.
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