La diputada socialista sostiene que el control estatal frena pisos ilegales y pide a López Miras aclarar qué rechaza del decálogo del PSRM-PSOE

La diputada socialista en el Congreso Irene Jódar ha defendido que la implantación del registro único de alquiler, impulsado por el Gobierno de España, está teniendo un efecto directo en la Región de Murcia: 5.600 viviendas habrían dejado de estar orientadas al alquiler vacacional y a la “especulación” para pasar a convertirse en pisos de alquiler con especial impacto, según sus palabras, en el acceso de los jóvenes a una vivienda.
Jódar realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que vinculó el descenso de viviendas turísticas en el conjunto del país con la puesta en marcha de este mecanismo estatal. Según expuso, en los últimos seis meses el número de viviendas turísticas en España se habría reducido en más de 50.000, un dato que relacionó con la obligación de identificar los alojamientos a través de un sistema registral previo a su comercialización en plataformas.
El registro único de alquiler: identificación obligatoria y foco en pisos turísticos ilegales
En su intervención, la diputada explicó que el registro único de alquiler es una herramienta creada por el Ministerio de Vivienda que obliga a los propietarios de pisos turísticos a solicitar en el Registro de la Propiedad un número identificativo de la vivienda. Ese número, sostuvo, sería necesario para poder publicar el alojamiento en cualquier plataforma web.
La finalidad, según defendió Jódar, es doble: por un lado, acabar con los pisos turísticos ilegales; por otro, combatir el fraude en los alquileres de temporada. En ese contexto, afirmó que los últimos datos del Ministerio reflejan que desde julio del año pasado se han recibido más de 400.000 solicitudes de registro de alquiler turístico y de arrendamiento de temporada, y que aproximadamente el 21% del total han sido rechazadas.
Con ese marco, la dirigente socialista situó la cifra regional en el centro del argumento político: 5.600 viviendas de la Región de Murcia, aseguró, habrían salido del circuito del alquiler vacacional y de la especulación para pasar a integrarse en el mercado del alquiler, con especial relevancia para quienes buscan vivienda a precios asumibles, en particular los jóvenes.
Choque político por la vivienda: críticas al PP regional y el decálogo del PSRM-PSOE
Jódar contrapuso la actuación del Gobierno de España con la del Ejecutivo autonómico. En su discurso, insistió en que el Gobierno central “está tomando medidas para resolver el problema de la vivienda”, mientras que, a su juicio, el Gobierno regional de Fernando López Miras “no solo no ofrece ninguna solución, sino que se opone” a las propuestas del PSOE en la Región de Murcia para facilitar el acceso a la vivienda.
En este punto, recordó que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, habría ofrecido a López Miras un decálogo de medidas “necesarias, claras, viables y consensuadas” para incorporar al Proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional. Sin embargo, según la diputada, el presidente regional se opondría a esas propuestas “sin ni siquiera haber leído” el contenido del documento.
La parlamentaria sostuvo que, pese a las preguntas formuladas en los últimos días, el Gobierno regional no habría explicado “de qué medidas está en contra y por qué”, y reprochó lo que describió como falta de concreción. “Lleva toda la semana dando vueltas sin darnos una respuesta en firme”, afirmó, enmarcando el asunto como un bloqueo político frente a un problema que, según su planteamiento, exige actuaciones inmediatas.
Las medidas en disputa: ayudas, avales, suelo público y límites al precio del alquiler
En su intervención, Jódar enumeró —en forma de preguntas— algunas de las iniciativas que, según explicó, forman parte de las propuestas trasladadas por el PSRM-PSOE al Ejecutivo regional para el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible. Con ese listado, la diputada buscó poner el foco en qué puntos concretos se estarían rechazando o retrasando.
Entre las propuestas mencionadas, citó una ayuda de 36.000 euros para jóvenes y familias destinada a la compra de la primera vivienda. También defendió, según expresó, que el suelo y la vivienda públicos “siempre sean públicos”, una idea que vinculó a la necesidad de blindar recursos públicos para políticas de vivienda y evitar su pérdida o su salida del ámbito público.
Otro de los puntos destacados fue la creación de un “aval joven” que cubra el precio de la fianza del alquiler, como instrumento para reducir la barrera de entrada que supone reunir de golpe el coste inicial de un arrendamiento. Asimismo, incluyó en su enumeración la posibilidad de poner tope al precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas y el cumplimiento de la Ley de Vivienda de ámbito nacional, tal y como planteó en su argumentación.
Jódar añadió también la idea de aplicar deducciones fiscales a jóvenes menores de 36 años que vivan de alquiler, una medida orientada, según su enfoque, a aliviar el esfuerzo económico mensual de quienes no pueden acceder a una vivienda en propiedad y se ven empujados a un mercado del alquiler con precios altos.
La diputada utilizó esas referencias para insistir en la exigencia de una explicación clara por parte del Gobierno regional sobre qué partes del planteamiento rechaza y con qué argumentos, subrayando que —según afirmó— no se habría dado una respuesta “clara y justificada” a las propuestas formuladas desde el PSRM-PSOE.
En la parte final de su intervención, Jódar remarcó la disposición del PSOE de la Región de Murcia a “trabajar para ayudar a los jóvenes y a las familias” en materia de vivienda, pero volvió a dirigir la crítica a la actuación del Ejecutivo autonómico. En su conclusión, sostuvo que el Partido Popular en la Región de Murcia mantiene las políticas de vivienda “paralizadas, metidas en un cajón” y sin una contestación concreta sobre el decálogo planteado por Francisco Lucas, mientras reivindicó que las medidas estatales “ya han dado sus frutos”, poniendo como ejemplo la regulación de los pisos turísticos a través del registro único de alquiler.
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