Álvarez-Castellanos denuncia salvedades del Tribunal de Cuentas, déficits del SMS y bonificaciones fiscales a grandes patrimonios
IU-Verdes ha elevado el tono este lunes en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional al cuestionar la Cuenta General de 2022 del Gobierno de la Región de Murcia, a la que atribuye una “falta de transparencia” y “graves problemas de gestión”. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha sostenido que el Ejecutivo de Fernando López Miras no está dando explicaciones suficientes sobre las salvedades señaladas por el Tribunal de Cuentas y que, en lugar de plantear soluciones, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, se limitaría a justificarlas con el argumento de que “otros también las tienen”.
La intervención de IU-Verdes se produce, además, en un contexto político especialmente sensible por la reiteración de debates sobre déficit, deuda y fiscalidad en la Región de Murcia, con la sanidad como uno de los campos donde las desviaciones presupuestarias suelen generar más controversia pública. En la nota difundida por la formación, Álvarez-Castellanos plantea que no se puede “tapar” con porcentajes de aprobación una cuenta que, a su juicio, presenta irregularidades contables, déficits estructurales y problemas de control que se repiten año tras año.
El mensaje de IU-Verdes se articula alrededor de tres bloques: la denuncia de una supuesta ocultación de organismos en la Cuenta General; el foco en el déficit del Servicio Murciano de Salud (SMS) y la manera de presupuestarlo; y la crítica a las bonificaciones fiscales, que, según el diputado, benefician a las rentas más altas mientras se recortan recursos disponibles para servicios públicos.
“Transparencia secuestrada”: 35 organismos fuera de la Cuenta General
Uno de los elementos más llamativos de la denuncia es el relativo al perímetro de la Cuenta General. Según IU-Verdes, 35 de los 41 organismos auditables por el Tribunal de Cuentas “no aparecen” en la Cuenta General, pese a que 30 de esos organismos sí estarían incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Entre las entidades citadas expresamente en la nota figuran las dos universidades públicas de la Región de Murcia, cuya ausencia en el documento contable es presentada por Álvarez-Castellanos como un síntoma de opacidad.
El diputado plantea la cuestión en términos de control democrático: si una parte relevante del sector público regional no se integra en el documento que debe permitir la fiscalización global, la transparencia queda desdibujada y el control de los fondos públicos se vuelve, según su crítica, incompleto. “Si 30 organismos están en el presupuesto, deberían aparecer en la Cuenta General. ¿Dónde están los otros 24? Esto no es transparencia, es ocultación deliberada”, afirma Álvarez-Castellanos en la nota.
IU-Verdes sostiene que no se trata de “ajustes contables menores”, sino de deficiencias “estructurales” que impedirían un control real y que se repetirían sin corregirse. Con este enfoque, la formación busca situar el debate fuera del tecnicismo: la discusión no sería solo si la Cuenta cuadra, sino si el instrumento de rendición de cuentas ofrece una fotografía completa de la gestión pública regional.
Déficit del SMS, genéricos y contratación: la sanidad como epicentro del debate contable
El segundo bloque de la denuncia apunta directamente al Servicio Murciano de Salud. Álvarez-Castellanos sostiene que los déficits se concentran, entre otros ámbitos, en el gasto farmacéutico y en contratos asociados a concesiones de servicios privatizados. En ese marco, afirma que el Gobierno regional no presupuestaría el gasto real “porque no tiene dinero” y que después lo cargaría a la deuda, lo que califica como “improvisación estructural”.
La nota incorpora además dos elementos concretos con los que IU-Verdes intenta apuntalar su argumento. Por un lado, recuerda que la Región de Murcia sería de las comunidades que menos utiliza medicamentos genéricos, una afirmación que utiliza para vincular política sanitaria y eficiencia del gasto. Por otro, menciona informes del Tribunal de Cuentas que “cuestionan los procedimientos de contratación” en el hospital Virgen de la Arrixaca. El diputado remarca que, a su juicio, no se trata de errores menores, sino de fallos de gestión que “afectan directamente a los ciudadanos”.
Este planteamiento conecta con una crítica habitual en fiscalización pública: cuando los presupuestos se elaboran por debajo de las necesidades reales, el sistema se sostiene a base de modificaciones, facturas pendientes o endeudamiento, con impactos en planificación, contratación y prestación del servicio. IU-Verdes utiliza ese hilo para responsabilizar al Gobierno regional de no corregir un patrón que, según afirma, se repite.
Bonificaciones fiscales y “regalo a unos pocos”: Patrimonio y financiación de servicios públicos
El tercer eje del comunicado se centra en la política fiscal del Ejecutivo regional. IU-Verdes reclama una reforma progresiva en la que “paguen más quienes más tienen y menos quienes menos tienen” para garantizar servicios públicos de calidad, y critica las bonificaciones de impuestos aplicadas por el Gobierno regional.
Como ejemplo, Álvarez-Castellanos cita el Impuesto sobre el Patrimonio y sostiene que la bonificación de este tributo implica dejar de ingresar 20 millones de euros al año en beneficio de las rentas más altas. En su argumentación, el diputado cuestiona el impacto real de esa renuncia recaudatoria sobre productividad, empleo o calidad de los servicios públicos, y concluye que no tendría retorno social suficiente.
IU-Verdes enlaza este enfoque con la idea de “obligaciones ineludibles” en gestión de fondos públicos: transparencia, claridad contable y corrección de déficits no serían opciones políticas, sino exigencias básicas para sostener la calidad democrática y el control de los recursos. En esa línea, el diputado rechaza que el Gobierno regional se ampare en que otras administraciones presentan salvedades, y sostiene que eso sería “excusa de mal pagador”.
La intervención de IU-Verdes refuerza así la presión parlamentaria sobre la Cuenta General de 2022, con un discurso que combina denuncia de opacidad, cuestionamiento de la gestión sanitaria y crítica a la política fiscal. A la espera de la respuesta del Gobierno regional a estas acusaciones —y de si la comisión incorpora conclusiones o compromisos concretos—, el debate vuelve a situar en el centro una pregunta recurrente en la Región de Murcia: quién controla, cómo se rinde cuentas y qué modelo de prioridades se refleja, de verdad, en la contabilidad pública.
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