«La vivienda se está convirtiendo en un lujo cotidiano mientras el Gobierno regional ha decidido enrocarse de manera egoísta»

El problema no es la falta de diagnósticos, sino la obstinación política para no hacer nada con ellos. En la Región de Murcia, la vivienda se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo un Gobierno puede mirar de frente a la realidad y, aun así, decidir ignorarla. Mientras los precios suben sin freno, mientras el alquiler se come cada vez más parte del salario y mientras miles de familias viven pendientes de si podrán renovar contrato o encontrar algo parecido a un hogar, el Ejecutivo regional insiste en una postura rígida, autosatisfecha y profundamente desconectada de lo que ocurre fuera de los despachos.
Los datos llevan tiempo avisando. El precio de la vivienda ha crecido de forma continuada, trimestre tras trimestre, y el último año ha cerrado con subidas especialmente intensas. No se trata de una corrección puntual ni de un fenómeno pasajero. Es una tendencia clara que afecta tanto a la compra como, de forma aún más directa, al alquiler. Comprar hoy es más caro que hace un año y bastante más caro que hace dos. Alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos en la que cada anuncio desaparece en horas y cada renovación llega acompañada de una subida que se acepta, muchas veces, por puro miedo a no encontrar alternativa.
Ante un escenario así, cabría esperar un Gobierno dispuesto a escuchar, a negociar y a utilizar todas las herramientas disponibles. Sin embargo, lo que se observa es lo contrario: un Ejecutivo regional encerrado en su propio relato, convencido de que su proyecto de ley de vivienda es una solución suficiente y de que cualquier propuesta alternativa supone una amenaza política. El debate se ha reducido a una consigna: o se acepta su ley tal cual está o se acusa a la oposición de bloquear el futuro.
Esa actitud no es firmeza; es intransigencia. No responde a la defensa de un modelo exitoso, sino a la negativa a reconocer que el modelo actual no está funcionando. Gobernar no es atrincherarse, ni confundir mayoría parlamentaria con verdad absoluta. Gobernar es asumir que los problemas complejos exigen acuerdos amplios y soluciones valientes, incluso cuando obligan a revisar planteamientos previos.
El contraste con la realidad social es evidente. Cada vez más jóvenes retrasan indefinidamente su emancipación porque no pueden asumir un alquiler sin hipotecar su sueldo. Cada vez más familias viven con la incertidumbre de si podrán seguir en su casa dentro de seis meses. Cada vez más trabajadores destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo. Y, mientras tanto, el Gobierno regional sigue hablando de “generar oferta” como si el mercado no hubiera demostrado ya que, por sí solo, no corrige estos desequilibrios.
La estructura del mercado inmobiliario en la Región de Murcia ayuda a entender por qué el problema se agrava. La vivienda usada sigue dominando las compraventas, la vivienda protegida tiene un peso testimonial y la nueva construcción libre no está sirviendo para abaratar precios, sino para consolidar una escalada que expulsa a una parte creciente de la población. Sin un parque público sólido y sin instrumentos de intervención, el resultado es previsible: más presión sobre los precios y menos opciones para quienes llegan con menos recursos.
En este contexto, la propuesta presentada por el PSOE regional no debería verse como una provocación, sino como una oportunidad. Un decálogo de medidas que plantea, con mayor o menor acierto, herramientas concretas para actuar ya. Ayudas directas para la compra de la primera vivienda, avales públicos para facilitar el acceso, defensa del suelo público para evitar su privatización encubierta, impulso de nuevas fórmulas habitacionales y, especialmente, una intervención clara en el mercado del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, deducciones fiscales y avales para jóvenes. No es una propuesta radical ni improvisada. Es una batería de medidas que se aplican en otros territorios y que parten de una idea básica: el derecho a la vivienda no puede quedar al arbitrio exclusivo del mercado.

La respuesta del Gobierno regional ha sido el rechazo. No una negociación crítica, no una discusión técnica, sino un cierre en banda. Se ha preferido descalificar y acusar de bloqueo antes que explicar con claridad a qué medidas se opone y por qué. ¿Por qué no aceptar deducciones autonómicas más ambiciosas para jóvenes? ¿Por qué negarse a declarar zonas tensionadas allí donde el alquiler se ha disparado? ¿Por qué rechazar un refuerzo permanente de la vivienda pública? La falta de respuestas concretas revela más que cualquier discurso: no hay voluntad de cambiar nada sustancial.
Este enroque tiene consecuencias. No solo retrasa soluciones, sino que transmite un mensaje peligroso a la ciudadanía: que el problema de la vivienda es inevitable y que poco puede hacerse más allá de esperar a que el mercado se autorregule. Se normaliza así una situación que debería considerarse una emergencia social. Cuando acceder a una vivienda digna se convierte en un privilegio, el contrato social se resiente.
También hay una responsabilidad institucional que no puede obviarse. Aprobar una ley de vivienda sin consenso, sin incorporar aportaciones relevantes de la oposición y sin responder a los problemas más urgentes no es legislar; es cubrir el expediente. Una norma así puede salir adelante, pero difícilmente cambiará la vida de la gente. Y cuando eso ocurra, el Gobierno regional volverá a buscar culpables fuera, en lugar de asumir que la falta de ambición y de diálogo tiene un precio.
La vivienda se ha convertido, así, en una coartada perfecta. Una coartada para no intervenir, para no incomodar a determinados intereses y para no asumir costes políticos. Pero es una coartada frágil, porque choca con la experiencia cotidiana de miles de personas. Cada contrato que sube, cada piso que desaparece del mercado, cada familia que vive con miedo a no poder pagar el mes siguiente erosiona un poco más la credibilidad de quienes gobiernan.
Resulta especialmente llamativo que esta cerrazón se mantenga incluso cuando el diagnóstico es compartido. Nadie discute que la vivienda es uno de los principales problemas de la Región de Murcia. Nadie niega que el alquiler está tensionado ni que el acceso a la compra se ha complicado. Entonces, ¿por qué no actuar con la urgencia que la situación exige? ¿Por qué convertir un problema social en un pulso partidista?
La respuesta apunta a una cuestión ideológica. Regular precios, intervenir en zonas tensionadas o reforzar el parque público de vivienda choca con una visión profundamente liberal de la economía, incluso cuando la evidencia demuestra que esa visión no está dando resultados. En lugar de revisar dogmas, el Gobierno regional prefiere protegerlos, aunque el coste social sea cada vez mayor.
Mientras tanto, la vida sigue. Los jóvenes siguen sin emanciparse, las familias siguen ajustando gastos y el mercado sigue subiendo. Cada mes que pasa sin cambios reales es un mes perdido para quienes esperan una respuesta. Y cada vez que el Gobierno regional se niega a negociar, el problema no se congela: avanza.
La vivienda no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico ni un escaparate de propaganda. Es una cuestión de dignidad, de estabilidad vital y de futuro colectivo. Persistir en una postura intransigente mientras la situación empeora no es gobernar; es abdicar de la responsabilidad. Y la Región de Murcia no puede permitirse un Gobierno que, ante uno de los mayores problemas sociales de nuestro tiempo, decida mirar hacia otro lado y esperar a que el mercado haga lo que ya ha demostrado que no va a hacer.
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