El líder del PSRM reclama “grandes acuerdos” ante el encarecimiento y propone ayudas directas, vivienda pública permanente y límites al alquiler en zonas tensionadas
La crisis de acceso a la vivienda ha abierto un nuevo frente político en la Región de Murcia. El secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, ha remitido una carta al presidente Fernando López Miras en la que describe la situación como “límite” y pide que el Gobierno regional incorpore a su futura Ley de Vivienda Asequible un decálogo de medidas que, según sostiene, tendrían “efecto inmediato” para facilitar el acceso tanto a la compra como al alquiler.
En el escrito, fechado en Murcia el 10 de febrero de 2026, Lucas sostiene que “miles de familias y jóvenes” no pueden acceder a una vivienda por el incremento continuado de precios en alquiler y compra, y apela a que los responsables públicos estén “a la altura del desafío”. En esa línea, defiende que el problema exige acuerdos amplios y plantea su decálogo como una propuesta “realista, rigurosa y efectiva”, elaborada tras mantener reuniones con “agentes implicados” del sector —promotores, constructores y colectivos sociales—, además de un trabajo interno del partido.
El movimiento del PSRM pretende situar el debate en un terreno legislativo concreto: la ley regional que el Ejecutivo está elaborando. Lucas afirma que el objetivo es “garantizar el cumplimiento” del artículo 47 de la Constitución —el derecho a una vivienda digna— y remata su carta con un mensaje político dirigido al presidente: “La ciudadanía de la Región de Murcia no puede esperar más” y es el momento de dejar a un lado “los dogmas y la confrontación estéril” para anteponer el interés general.
El decálogo: ayudas a la compra, avales y vivienda pública “para siempre”
El documento remitido por el PSRM desarrolla diez medidas con un hilo conductor claro: intervenir sobre la entrada a la compra, ampliar garantías públicas, aumentar la oferta y aplicar herramientas de contención en el mercado del alquiler, además de incentivos fiscales.
Entre las propuestas destaca una ayuda directa de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias en la compra de la primera vivienda, concebida como una aportación a fondo perdido que actúe como “entrada”, ligada a la idea de que el problema de acceso se agrava cuando la capacidad de ahorro se reduce. El texto subraya que esa medida debería ir acompañada de vigilancia de precios y de acuerdos con el sector inmobiliario para evitar que la ayuda se traduzca en subidas de precios.
El decálogo también plantea reforzar los avales públicos y, en particular, reformular el “aval joven” para que funcione sin “requisitos extra de la banca”, incluyendo obra nueva sobre plano y la preconcesión desde la firma del contrato. El documento critica los resultados del modelo actual, al señalar que apenas se han superado los 800 avales en cinco años, una cifra que considera insuficiente para el tamaño de la población potencialmente beneficiaria.
Otro de los ejes más contundentes es la defensa de la vivienda pública “para siempre”, con el objetivo de evitar la pérdida de parque público y proteger el suelo de titularidad pública: el texto propone que los suelos públicos residenciales no puedan enajenarse y deban destinarse a vivienda pública asequible. Además, plantea que las viviendas promovidas por administraciones conserven siempre su carácter público y que las viviendas privadas con protección y ayudas públicas mantengan indefinidamente su calificación como protegidas, con su correspondiente precio máximo.
Alquiler: zonas tensionadas y deducciones para jóvenes y propietarios
En el apartado del alquiler, el decálogo propone declarar zonas tensionadas y “poner tope” al precio de los alquileres, defendiendo que la contención de precios debe formar parte de la estrategia y que el aumento de oferta por sí solo no garantiza una bajada. El documento argumenta que esta vía permitiría, además, activar deducciones fiscales para quienes rebajen precios dentro de los márgenes previstos por la normativa.
Junto a ello, el PSRM plantea deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler, elevando la deducción propuesta respecto al esquema actual descrito en el documento, así como un “Aval Joven al Alquiler” orientado a cubrir el importe de la fianza, como forma de reducir una barrera inicial habitual para acceder a un contrato.
El decálogo incluye también bonificaciones fiscales relacionadas con el acceso a la primera vivienda y deducciones para propietarios —en particular pequeños propietarios con hasta tres viviendas— para incentivar que inmuebles vacíos entren en el mercado del alquiler. Y, como medida de “seguridad” para quien arrienda, propone una bonificación fiscal que cubra el seguro de impago de alquiler al 100% hasta 600 euros.
Una ley regional en marcha y un pulso por el contenido
La carta de Francisco Lucas busca condicionar el contenido de la futura Ley de Vivienda Asequible regional desde dos frentes: la presión pública (reconociendo un “reto” social que afecta a jóvenes y familias) y la apelación al acuerdo. El mensaje al presidente es explícito: el PSOE se ofrece a aportar un paquete completo de medidas con el objetivo de incorporarlas a la norma que prepara el Gobierno regional.
En el trasfondo, el planteamiento socialista apunta a un debate que marcará la tramitación: hasta dónde llega la intervención pública en vivienda, qué herramientas se activan sobre el alquiler, qué papel tendrá el parque público y si la ley regional se limitará a incentivos o incorporará mecanismos más estructurales, como la protección permanente del suelo y la vivienda pública o la declaración de zonas tensionadas.
Lucas cierra su escrito con una llamada a aprobar una ley que “responda realmente” a las necesidades de jóvenes y familias y a superar la dinámica de choque político. La propuesta concreta ya está sobre la mesa: diez medidas que el PSOE reclama como base para un acuerdo. Ahora, la clave estará en si el Ejecutivo regional acepta incorporar alguna de ellas —y en qué términos— a una ley que, según el propio PSRM, no debería quedarse en el papel porque, en su diagnóstico, la ciudadanía “no puede esperar más”.
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